Juan Olmos Correo
Expediente 943/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Olmos Correo
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito demanda por Juan Olmos Correa -inicialmente presentada como ampliación dentro del juicio de amparo 850/2023, de índice de este Juzgado de Distrito-. En consecuencia, regístrese bajo el número 943/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." ? Desechamiento respecto de los actos intraprocesales. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama por una parte lo siguiente: I. La falta de notificación de los acuerdos recaídos con posterioridad a la contestación de demanda, dentro del juicio ordinario civil número 42/2022, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. II. La nulidad de las diligencias de notificación de fechas veintiuno de junio y veintiocho de julio, ambos de dos mil veintidós, por virtud de las cuales se realizó la notificación de los acuerdos de dos de junio y siete de julio de dicha anualidad, ambos dictados dentro del juicio ordinario civil 42/2022, del índice del Juzgado responsable. III. La nulidad de la diligencia de notificación de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual se notificó la determinación de doce de agosto de dos mil veintidós. IV. La nulidad de todo el juicio a partir del primer acuerdo recaído a la contestación de demanda y toda la secuela del procedimiento que se siguió en su contra. V. La legalidad de las notificaciones, por no haberse realizado en el correo electrónico manuelag.not@tribunaloaxaca.gob, proporcionado para tal efecto. En relación con los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" En principio, resulta primordial establecer que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, comúnmente es conocida como persona tercera extraña por equiparación. Apoya, a la anterior consideración la jurisprudencia de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."1 . Conforme a lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio 1 Jurisprudencia 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, enero de 1998, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando desconoce los datos necesarios para defenderse. Ahora, la razón por la cual la parte demandada en el juicio de origen que no fue emplazada, o le fue indebidamente, se puede equiparar a una persona extraña, es porque no tuvo oportunidad de defenderse dentro del juicio; motivo por el cual puede promover amparo indirecto para que sea allí donde el juez de amparo -en su caso- analice la intervención del mismo. La finalidad de dicha equiparación es la de proteger el derecho fundamental de audiencia, esto es, asegurarle al particular la posibilidad de probar que no fue emplazado o que lo fue contra lo dispuesto en la ley de la materia. De lo hasta aquí expuesto, es posible advertir que uno de los requisitos fundamentales para estimar que la parte demandada tiene el carácter de tercera extraña por equiparación es el relativo a que no haya tenido oportunidad de defenderse y, por ende, de ser escuchada en protección de sus intereses. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, estableció que basta que antes de que se dicte sentencia en el juicio de origen, el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra o bien, que comparezca al procedimiento natural, para que pierda el carácter de extraño al juicio; o en su caso, durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está, en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Según sostuvo, para perder el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, no necesariamente tienen que ocurrir siempre los requisitos consistentes en que se tenga conocimiento del juicio y que se haya comparecido a éste, sino que basta que la persona tenga conocimiento de manera completa y exacta del juicio aún sin haber comparecido. Orienta al caso la jurisprudencia de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)2 . Así, en la especie, el aquí quejoso Juan Olmos Correa reclama esencialmente la ilegalidad de las notificaciones que le fueron practicadas en el juicio ordinario civil 42/2022 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Empero, como se desprende de la certificación secretarial, en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 850/20233 , de cuya demanda se advierte que el quejoso ahí señaló como acto reclamado la omisión de proveer su escrito de contestación de demanda dentro del referido juicio ordinario civil; asimismo, de las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad, se advierte con claridad que desde que presentó esa demanda constitucional, conocía plenamente los datos de 2 Jurisprudencia 67/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, agosto de 2013, libro XXIII, tomo 1, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." 3 Datos que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. identificación del juicio que se instruía en su contra y qué juzgado lo tramitaba, así como el nombre del actor. Luego, con motivo de lo informado por la autoridad responsable al rendir el informe de ley dentro del referido juicio, el quejoso presentó la demanda de amparo que nos ocupa, en la que pretende reclamar las notificaciones que le fueron practicadas con posterioridad a la contestación de la demanda del juicio natural, así como lo ahí actuado, como si se tratara de un tercero extraño -por equiparación-. Sin embargo, de las constancias que obran en el juicio de amparo 850/2023, de este índice, se aprecia que obra copia certificada de la diligencia de emplazamiento al juicio de origen ordinario civil 42/2022 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; así como del escrito de contestación de demanda presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por la parte aquí quejosa, la cual fue acordada en auto de dos de junio de dos mil veintidós. Luego, del contenido de tales documentales, se aprecian los siguientes datos: 1. Número de juicio civil: 42/2022; 2. Órgano jurisdiccional que tramita el aludido procedimiento civil; 3. El nombre del actor (Giver Correa Aragon); y, 4. La materia del juicio: juicio ordinario civil. Entonces, resulta palpable que al menos a la presentación de la demanda de amparo (veinte de septiembre de dos mil veintitrés), el quejoso Juan Olmos Correa, conocía plenamente del juicio ordinario civil 42/2022, iniciado por Giver Correa Aragón, así como el órgano jurisdiccional que lo tramitaba y la pretensión de su accionante. En tales condiciones, si el quejoso era parte procesal, fue emplazado y contestó la demanda, no tiene la calidad de tercero extraño por equiparación; por tanto, durante la tramitación del juicio natural, tuvo la posibilidad de comparecer a defender sus derechos de audiencia y defensa, conforme al artículo 73 del 22/03/24 09:39:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.f2.64 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha" De la interpretación de tal precepto, se advierte la posibilidad de que las partes en un procedimiento impugnen lo actuado a través de un incidente de nulidad de notificaciones a partir de la notificación que considere hecha indebidamente u omitida, sin que en dicho numeral se distinga entre notificaciones personales y aquellas que no lo son, de manera que la naturaleza de la notificación no impide que pueda promoverse el incidente aludido por la parte que se considere agraviada. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA"4 . En similar sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 234/2021, en sesión ordinaria virtual de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Sin que se soslaye que, una vez contestada la demanda - dieciséis de mayo de dos mil veintidós- sin que el quejoso ejerciera su derecho de defensa dentro del juicio natural, se dictó sentencia definitiva en dicho juicio ordinario civil (fojas 112 a 129 del tomo I de pruebas del juicio de amparo 850/2023), que causó ejecutoria mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, tal como se advierte de las constancias anexas al 4 Jurisprudencia 47/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 158 y 159 del tomo I de pruebas del juicio de amparo 850/2023). En ese contexto, se generó un cambio de situación jurídica, por lo que también se actualiza de manera manifiesta e indudable, la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo5 , referente a que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ello en virtud de que se reitera, en el caso se promueve el juicio de amparo en contra de los actos que esencialmente se hacen consistir en las diligencias de notificación practicadas dentro del juicio ordinario civil 42/2022, en el que el quejoso figura como parte demandada y con motivo de ello solicita la nulidad de todo lo actuado en el expediente de origen, a partir del acuerdo en el que se recepcionó su contestación de demanda; por lo que con independencia de que, como se dijo, tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a través del medio ordinario que resultaba procedente, el juicio natural se encuentra resuelto en definitiva y, se insiste, el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño, no en sentido estricto, ni por equiparación. Al respecto, orienta tal conclusión, por las razones que informa, la tesis aislada I.3o.C.342 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES. SE ACTUALIZA CUANDO EN EL JUICIO CIVIL RELATIVO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA Y ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN AMPARO DIRECTO O, 5 "Artículo 61. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" 22/03/24 09:39:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.f2.64 HABIÉNDOSE PROMOVIDO, SE NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." 6 Por consiguiente, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados a los que se hace referencia, han quedado irremediablemente consumados con el dictado de la sentencia definitiva del juicio de origen. ? Desechamiento respecto de un acto emitido en ejecución de sentencia. Finalmente, por lo que respecta al acto consistente en la entrega material que se pretende hacer al quejoso del bien inmueble materia del referido juicio ordinario civil 42/2022, con motivo de la sentencia dictada en dicho juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En particular, la referida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. 6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1259, Novena Época, Registro digital: 186652 "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES. SE ACTUALIZA CUANDO EN EL JUICIO CIVIL RELATIVO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA Y ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN AMPARO DIRECTO O, HABIÉNDOSE PROMOVIDO, SE NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. En esa hipótesis se actualiza lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que vuelve inejercitable la acción de garantías, pues si bien todo procedimiento judicial del orden civil ordinariamente se instruye a través de una secuencia o serie ordenada de actos procesales concatenados entre sí por un nexo de causalidad y que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, a través de un juicio de la autoridad, el conflicto o controversia sometido a su decisión, y que esa unidad implica, por regla general, que la validez de los posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél, lo que significa que por virtud de esa unidad la causa de improcedencia en comento normalmente no opera en esta clase de juicios, ya que regularmente no llegan a crearse situaciones jurídicas distintas y autónomas, mediante la afectación de bienes o derechos en dos o más actos del mismo procedimiento, sino situaciones vinculadas y dependientes entre sí, es inconcuso que los actos procesales sólo preparan el pronunciamiento de una sentencia y ésta es el epílogo y la conclusión de esa serie de actos procesales, por lo que cuando se dicta y queda firme por falta de impugnación o por declararse infundado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y no combatirse mediante el juicio de amparo directo, o al promoverse éste y negarse la protección constitucional, se crea una nueva situación jurídica respecto de la pretensión que se hizo valer en el juicio natural, que implica que dejen de surtir efectos los actos procesales relacionados con la decisión del fondo de la controversia, puesto que dichos actos sólo subsisten hasta el dictado de ese fallo final que es la razón de su existencia y trascendencia, el que adquiere de manera autónoma el carácter de cosa juzgada y, por tanto, es inmutable, es decir, inmodificable e irrevocable, dado que constituye la verdad legal respecto de la litis que dirimió definitivamente. Consecuentemente, esa nueva situación jurídica creada con la sentencia que resolvió el fondo del juicio natural implica que los actos procesales relacionados con ese tópico, reclamados en el juicio de amparo indirecto, deben considerarse irreparablemente consumados, puesto que no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por virtud de la cosa juzgada; máxime que no puede dejarse sin efectos la sentencia definitiva no señalada como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto". "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del segundo párrafo de dicha fracción de advierte que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo solo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Condición que no se actualiza en el presente caso, pues el quejoso reclama la entrega material del inmueble que se pretende hacer al quejoso, con motivo de la ejecución de la sentencia del juicio ordinario civil, acto que no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN".7 7 Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 2639, con número de registro digital: 2017100. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. 22/03/24 09:39:17 En consecuencia, también respecto de este último acto reclamado es conducente el desechamiento de la demanda de amparo. Por las relacionadas consideraciones, se considera que se encuentran actualizadas de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia a las que se ha hecho referencia, previstas en el numeral 61, fracciones XVII y XXIII, en relación esta última con el numeral 107, fracciones IV, segundo párrafo y VI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados; por tanto, se DESECHA de plano la demanda de amparo. Cabe destacar que el hecho de que se actualicen causas de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional, que no configura una denegación de justicia. SOLICITUD PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General8 . Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Antonio Gómez Reyes, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Donaciano Leonardo Acevedo Melo y/o Leobardo Osorio Sánchez, por así solicitarlo la parte quejosa. Personas que fueron señaladas en la demanda de amparo 850/2023, de éste índice, de la cual derivó la ampliación de demanda, misma que ahora es turnada como una nueva demanda. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la 8 Adicionado por el Acuerdo General antes señalado. sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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