Juan Olivares Bravo

Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
430/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Olivares Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que queda firme el auto que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho proveído. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Luciano Pérez Godínez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento contenido en el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, bajo protesta de decir verdad informa que compareció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a efecto de solicitar día y hora, para realizar el requerimiento de cumplimiento de laudo; y que en atención a ello, dicha autoridad señaló para tales efectos las trece horas del quince de marzo del año en curso. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el asunto que nos ocupa a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, por ser la autoridad que conoce del exhorto EJEC/EXH/592, dentro del cual atendiendo a los efectos de la sentencia aquí emitida debía fijar fecha y hora para que tenga verificativo la ejecución del laudo en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio burocrático 267/2011, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En ese sentido, infórmese a la autoridad vinculada al cumplimiento Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. El amparo se otorga para que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, realice lo siguiente: Emita un auto en el que le solicite a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien conoce del exhorto ****, fije fecha para que tenga verificativo la ejecución del laudo en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, lo que deberá notificarse de manera oportuna a la quejosa para que acuda a dicha diligencia. Sólo en el supuesto de que dicho exhorto haya sido devuelto durante la sustanciación del presente juicio de amparo; deberá girar un nuevo exhorto en el que solicite el auxilio de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, para lograr el cumplimiento del laudo emitido el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en el juicio burocrático ***, de su índice. Para lo cual, en ambos supuestos, deberá tomar en consideración que es su obligación tomar todas la medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita en términos del artículo 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia. [...]" (el énfasis es propio). Por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, para que llegadas las trece horas del quince de marzo del año en curso, de inmediato, informe el resultado de la diligencia encomendada en el exhorto ***, a fin de que tenga verificativo la ejecución del laudo en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio burocrático ***, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la materia; asimismo, se enviará el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, para seguir el trámite de la inejecución. Notifíquese.

  3. Principal

    ANA CECILIA DÍAZ UNZUETA, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintidós de febrero del actual, en el domicilio procesal de la PARTE TERCERO INTERESADA ***, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se ordena realizarle la notificación ordenada en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA ***, publicada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29, de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento al fallo protector, esto es, envía copia certificada de la constancia de notificación personal realizada a la parte actora dentro del juicio ********************, de su índice, relativa al proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés; además, del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el mencionado juicio, del que se advierte que la autoridad responsable: Giró exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, para que dentro del plazo de cinco días hábiles informe si la parte actora compareció a solicitar cita para que se lleve a cabo la diligencia ordenada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós; y, Requirió a la parte actora, para que informe el día y hora que le proporcione el Fedatario Público adscrito a la autoridad exhortada para lleva a cabo la ejecución ordenada en el juicio ********************, de su índice. Ahora bien, los efectos de la concesión del amparo en el presente juicio son los siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. El amparo se otorga para que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, realice lo siguiente: Emita un auto en el que le solicite a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien conoce del exhorto ********************, fije fecha para que tenga verificativo la ejecución del laudo en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, lo que deberá notificarse de manera oportuna a la quejosa para que acuda a dicha diligencia. Sólo en el supuesto de que dicho exhorto haya sido devuelto durante la sustanciación del presente juicio de amparo; deberá girar un nuevo exhorto en el que solicite el auxilio de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, para lograr el cumplimiento del laudo emitido el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en el juicio burocrático ********************, de su índice. Para lo cual, en ambos supuestos, deberá tomar en consideración que es su obligación tomar todas la medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita en términos del artículo 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia. [...]" (el énfasis es propio). De la anterior transcripción, se advierte que el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, deberá emitir un auto en el que solicite a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien conoce del exhorto ********************, que fije fecha para que tenga verificativo la ejecución del laudo en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, y se lo notifique de manera oportuna a la quejosa ******************** para que acuda a dicha diligencia. Para lo cual la autoridad responsable debe considerar, que es su obligación tomar todas las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita en términos del artículo 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Sin embargo, de las constancias enviadas por la autoridad responsable, se advierte que ha sido omisa en dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, pues únicamente se limitó a enviar copia del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, del que se advierte que giró exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, para que lleve a cabo la diligencia ordenada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós; y, que requirió a la parte actora, para que informe el día y hora que le proporcione el Fedatario Público adscrito a la autoridad exhortada para lleva a cabo la ejecución ordenada en el juicio ********************, de su índice; empero, no realizó apercibimiento alguno a la junta exhortada, ni tampoco envió copia certificada de la notificación a la parte quejosa del dicho auto, la cual realizarse de manera oportuna. Por ende, se advierte una conducta pasiva y despreocupada; no obstante los diversos requerimientos que le han sido formulados por este órgano jurisdiccional para tal efecto; en los cuales, se le ha hecho saber, de manera clara y reiterada, los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y los actos que deben de realizar para dar cumplimiento a éste, pues, únicamente ha realizado actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, sin que hasta la fecha haya atendido el punto medular de los derechos fundamentales cuya restitución en su goce se ordenó a favor del quejoso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba la minuta que contiene la trascripción del presente proveído, para que: Requiera a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien conoce del exhorto ********************, a efecto de que fije fecha para que tenga verificativo la ejecución del laudo en términos del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; y, Lo notifique de manera oportuna a la quejosa para que acuda a dicha diligencia, o en su caso, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento, que de hacer caso omiso a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de la materia, asimismo se enviará el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, para seguir el trámite de la inejecución. Cobra aplicación al caso la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." De igual forma, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." (Énfasis añadido)" Por otra parte, con el ánimo de impulsar el presente procedimiento de ejecución, por ser de orden público, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber comparecido ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, quien conoce del exhorto ********************, en la fecha fijada para que tenga verificativo la ejecución de laudo emitido dentro del juicio burocrático ********************. En el entendido, que de hacer caso omiso a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de la materia, pues su incomparecencia ante la autoridad exhortada, retrasa injustificadamente el cumplimento de la ejecutoria de amparo.

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