Juan Olguin Aguilar

Expediente 1522/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1522/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Olguin Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días, como lo refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Olguín Aguilar, contra actos que reclamó del Juez Tercero Civil y Familiar de Tula de Allende, Hidalgo; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito inicial de demanda signado por Juan Olguín Aguilar, contra actos del Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 1522/2017-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Desechamiento de demanda En primer término, debe decirse que la demanda de derechos, debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego, del análisis integral de la demanda de derechos, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, ya que los quejosos carecen de legitimación para promover este juicio por su propio. Para corroborar tal aserto se estima necesario transcribir los preceptos arriba citados, los cuales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De un análisis concatenado de los preceptos transcritos se advierte que la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, puede promover juicio de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado. En el caso concreto, atento a lo expuesto en el proemio del presente acuerdo, así como de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el aquí quejoso, por lo que de la interpretación armónica de los preceptos transcritos en párrafos que anteceden, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de derechos quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. Ahora, de los antecedentes de la demanda que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso, se desprende que en el juicio especial hipotecario 319/2013, radicado en el Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, promovido por José Manuel de la Rosa Aguilar (actor juicio de origen) en contra del hoy quejoso Juan Olguín Aguilar (demandado juicio de origen), después de quedar debidamente integrado el asunto de que se trata, el veintisiete de septiembre de dos mil trece, se dictó sentencia condenatoria por el pago de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.) más intereses ordinarios y moratorios, ordenándose en ejecución de la misma sentencia el remate y adjudicación del bien inmueble materia de la litis. Por su parte el quejoso refiere que el inmueble materia de la litis, forma parte de la sociedad conyugal derivada del matrimonio civil que contrajo con Victoriana Zarate Luna, por lo que el remate y adjudicación del inmueble en cita, le causa un perjuicio a virtud de que el 50% de dicho inmueble le correspondería a su esposa, y ahora a sus hijos, ya que aquella falleció el dos de julio de dos mil dos y que los mismos no han sido llamados al procedimiento de origen a hacer valer sus derechos. Circunstancia por la que refiere que no se debe ejecutar el acto reclamado, esto es la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil trece, aunado a que el aquí quejoso ya denunció la sucesión intestamentaria de Victoriana Zarate Luna el cinco de diciembre del año en curso. Ahora, una vez narrado un extracto de lo más importante de los antecedentes, se hace del conocimiento que tratándose de acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia, la jurisprudencia ha determinado que sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. Lo anterior halla su fundamento en el criterio establecido por la jurisprudencia VI.2o.C. J/241, visible en la página 1462, Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que indica: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea." Por tanto, si como quedó establecido, el impetrante de derechos Juan Olguín Aguilar, promueve el presente juicio de amparo por propio derecho, manifestando que le perjudica el hecho de que no hayan llamado a la sucesión intestamentaria de su esposa al juicio de origen, es incuestionable que carecen de facultades para intentar la acción de amparo, pues el bien afectado pertenece a la masa hereditaria, y por tanto, el ejercicio de tal acción es atribución propia y exclusiva del albacea. De lo expuesto, queda demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de derechos que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que con el escrito donde se presentó por parte del quejoso el juicio intestamentario a bienes de su esposa con fecha de recibido cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se acredite la legitimación con que se ostentan o que le cause un perjuicio directo, ya que con el mismo se acredita que el cinco de diciembre del año en curso, presentó en la oficina de correspondencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo la denuncia intestamentaria a bienes de su esposa, mas no que él sea el albacea. Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año en curso, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de derechos no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Por otro lado, de conformidad en lo establecido por el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Apolinar Neri Aguilar, y en términos restringidos, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere, al no contar con el registro correspondiente en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo cual, una vez que realicen lo anterior, se les reconocerá las facultades previstas en el artículo en mención. Se habilita al actuario Finalmente, en obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el arábigo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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