Juan Nuñez González

Expediente 1059/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Nuñez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Con est6a fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, por el cual solicita la devolución de los billetes de depósito exhibidos en autos a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado otorgada en el presente asunto. En relación al billete de depósito N888756, por la cantidad de ******************** expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que exhibió a fin de siguiera surtiendo la suspensión provisional otorgada mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dígase que deberá estarse a lo acordado por interlocutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, por la cual se dejó a su disposición en la secretaría de este Juzgado el referido billete de depósito, lo anterior, por un plazo de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos legales la notificación que se le haya realizado de dicho acuerdo. Ahora, respecto al billete de depósito N888764 por la cantidad de ******************** que exhibió para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, dígase que a esta fecha en que se provee, no ha lugar a su devolución, en razón de que no ha fenecido el plazo de seis meses otorgado a ********************, en su carácter de terceras interesadas, mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su legal interés conviniera en relación al citado billete, o en su caso manifestaran su conformidad con su devolución a la parte quejosa, o señalen expresamente que no resintieron perjuicio con el otorgamiento de la suspensión concedida, en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Por tanto, deberá estarse a lo acordado en acuerdo de diez de febrero de la presente anualidad, esto es, una vez que fenezca el plazo de seis meses a que hace alusión el invocado artículo 156 de la Ley de Amparo, podrá comparecer ante este Juzgado Federal, a recoger al billete de depósito N888764, dentro del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que se de cualquiera de los supuestos citados en dicho proveído. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Abierta la audiencia. La secretaria da lectura al escrito a través del cual la tercero interesada promueve la presente incidencia y el proveído que citó a la presente audiencia. A lo anterior, el Juez acuerda. Se tiene por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta con las documentales que ofreció el tercero interesado en su escrito mediante el cual planteó el incidente de responsabilidad proveniente de la garantía otorgada por la parte quejosa con motivo de la suspensión definitiva. A lo que el Juez acuerda. Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza, las pruebas que ofreció el tercero interesado las que de ser pertinentes se tomarán en consideración al momento de resolver la presente incidencia. En el periodo de alegatos. En data de veintiséis de mayo siguiente, se recibió el escrito a través del cual el quejoso formuló alegatos y hace constar que el resto de las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda. Se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realizó el accionante del amparo y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos, con lo que se declara cerrado dicho periodo. Audiencia incidental. Encontrándose debidamente integrado el presente asunto, con fundamento en los numerales 66 y 67 de la Ley de Amparo se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. Vistos los autos para resolver el incidente de responsabilidad proveniente de la garantía otorgada por la parte quejosa con motivo de la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1059/2022 en que se actúa, promovido por la tercero interesada Giannina Sánchez Flores, parte promovente; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad el quince de noviembre de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, el quejoso Juan Núñez González promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán contra los actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz (fojas 3-12). II. Admisión y trámite. En ese sentido, por auto de dieciséis de noviembre siguiente, se ordenó formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno con el número 1059/2022, y se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a las terceras interesadas y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 22-26). Se emplazó al presente juicio a las terceras interesadas Giannina Sánchez Flores, Alicia de Jesús Aguilar Flores, Rosalía Aguilar Guevara y María Leticia Montalvo Reyes (fojas 32, 34 y 35). III. Incidente de suspensión y otorgamiento de la suspensión provisional. En el citado auto de admisión, se ordenó la apertura del incidente de suspensión y este juzgado integró por separado el mismo, solicitó los informes previos a las autoridades responsables, otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia respectiva. IV. Audiencia incidental y otorgamiento de la suspensión definitiva. Seguido el trámite correspondiente, en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se otorgó la suspensión definitiva a la parte quejosa, fijando una garantía económica para que continuara surtiendo sus efectos, por la cantidad de $24,351.35 (veinticuatro mil trescientos cincuenta y un pesos 35/100 moneda nacional) V. Exhibición de la garantía. Por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional, el uno de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N888764, expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $24,351.35 (veinticuatro mil trescientos cincuenta y un pesos 35/100 moneda nacional) a efecto de que continuara surtiendo sus efectos, la garantía otorgada a su favor. VI. Conclusión del juicio principal. Seguido el juicio por todos sus trámites, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó sobreseer el juicio de amparo. En razón de lo anterior, el diez de febrero de dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo definitivo de dicho asunto. VII. Incidente de daños y perjuicios. El veintidós de mayo del año en curso, la tercero interesada Giannina Sánchez Flores promovió incidente de daños y perjuicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, a través del cual pidió se hiciera efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada por la parte quejosa con motivo de la suspensión definitiva, porque -a su decir- resintió daños y perjuicios. VIII. Admisión del incidente. Mediante proveído de veintidós del mes y año en cita este juzgado admitió el incidente, ordenó dar vista a la parte quejosa, a las terceras interesadas Alicia de Jesús Aguilar Flores, Rosalía Aguilar Guevara y María Leticia Montalvo Reyes; por diverso auto de dos de junio siguiente, se señaló fecha y hora para la audiencia de alegatos, la cual tuvo verificativo tal y como se advierte del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver la presente incidencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de los Acuerdos Generales 3/2013 y 23/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que deriva de un juicio ventilado ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Causa de pedir del incidente de daños y perjuicios. El incidentista acude a solicitar que se haga efectiva la garantía exhibida por la parte quejosa, porque en esencia adujo que se le causaron daños y perjuicios, ya que el quejoso únicamente presentó el juicio de amparo y solicitó la suspensión definitiva con la finalidad de retardar la ejecución de la sentencia definitiva del juicio natural de donde derivan los actos reclamados. TERCERO. Estudio del fondo del incidente. El presente incidente se encuentra contemplado en los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. [.]" "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De los preceptos transcritos, se obtiene que en los casos en los que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a la parte tercera interesada, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor, la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental. Asimismo, es de advertirse los requisitos de procedibilidad de la incidencia que nos ocupa, a saber: 1. Un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo. 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuyos efectos se hubieran condicionado a la exhibición de una garantía. 3. La emisión de una sentencia constitucional que no resultara favorable al quejoso, declarada firme. 4. La demostración presuntiva, a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Por identidad de razón se invocan los criterios siguientes: La tesis I.3o.C.120 K (9a.) que emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, página 1983, registro digital: 159870, que dice: DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Así como la tesis I.3o.C.106 K (10a.) que emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Décima Época, registro digital: 2019453, página 2655, de título y subtítulo siguientes: DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN. LA DEMOSTRACIÓN DEL INCIDENTISTA, DE HABERLOS RESENTIDO, DEBE SER PRESUNTIVA [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.3o.C.120 K (9a.)].Este órgano colegiado, en una nueva reflexión, determina que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada, debe ser presuntiva, ya que con la promoción de un juicio de amparo y, la obtención de una sentencia que sobreseyera o negara el amparo y que hubiere causado ejecutoria, se origina una afectación al tercero interesado, en tanto que se ve privado del disfrute de un derecho que le corresponde. Por tanto, es desproporcional solicitarle que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo puede advertirse presuntivamente si resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que, en cuanto a la demostración de los perjuicios, es innecesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer de un bien; de manera que basta con la narración o explicación de los hechos de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta parcialmente del criterio sostenido en la tesis I.3o.C.120 K (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1983, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS.", en la parte que establece: "...4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada.", para que ahora se lea: "...4) La demostración presuntiva de que el incidentista resintió daños o perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada". En el presente caso Giannina Sánchez Flores promovió el incidente de daños y perjuicios que nos ocupa, quien tiene el carácter de tercera interesada, pues así le fue debidamente reconocido en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente, por lo que se estima que está acreditado el primer requisito. Asimismo, el incidente fue presentado en tiempo, puesto que de conformidad con lo que dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo, debe promoverse dentro de los seis meses siguientes, al día en que se notificó a las partes la ejecutoria de amparo; por tanto, si el diez de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada y se notificó personalmente a la citada tercera interesada el trece siguiente, es evidente que se encuentra en tiempo. Por lo que, hace al segundo requisito se encuentra satisfecho ya que de autos se advierte que por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional, el uno de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el billete de depósito N888764 expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $24,351.35 (veinticuatro mil trescientos cincuenta y un pesos 35/100 moneda nacional), a efecto de que continuara surtiendo sus efectos, la garantía otorgada a su favor. En autos se observa que el accionante de amparo no obtuvo sentencia favorable, en razón de que se sobreseyó el juicio de amparo; por lo que, se estima que se satisfizo el tercer requisito de procedibilidad. Respecto del cuarto de los requisitos no se prueba, en virtud de que a juicio de este juzgador no demostró presuntivamente haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, así como tampoco que se causaron como consecuencia directa de la medida cautelar otorgada en el incidente de suspensión. Ello, si se toma en consideración que los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal, disponen: "ARTÍCULO 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. "ARTÍCULO 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación." "ARTÍCULO 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse." De esos preceptos legales, se advierte que daño es la pérdida o menoscabo, sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento a una obligación, mientras que el perjuicio, es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación. También se advierte que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento a una obligación. De modo que, si la finalidad de la presente incidencia, es resarcir los daños y perjuicios, que dice se causaron al tercero interesado, con motivo de la suspensión del acto reclamado, como se ha dicho, debió probar que tal medida cautelar, fue la causa inmediata y directa, que originó esos daños y perjuicios y al no hacerlo, el incidente es infundado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 161105, Novena Época, 1a./J. 80/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 148, que establece: DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. Ahora bien, la incidentista en su escrito mediante el cual planteó el incidente de daños y perjuicios allegó las pruebas documentales consistentes en: 1.- En cinco recibos de honorarios por la cantidad uno $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.); dos por $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.); y dos por $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) expedidos en favor de Teresa Cruz Flores. Por lo que hace a la prueba citada, si bien fue relacionada en el escrito mediante el cual promovió incidente de daños y perjuicios dicho medio de convicción, debe anotarse que no es idóneo para acreditar los daños y perjuicios que señala. Se explica. De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, que emitió la Primera Sala del Alto Tribunal, el incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones. Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista y ésta su vez las bases para la cuantificación a que alude en su escrito y a su vez probar la base que tenía para ello, lo cual, en el caso no aconteció. Bajo esa misma línea de pensamiento, no es dable considerar como idónea la prueba consistente en los cinco recibos de pagos que exhibe, pues de su contenido se observa que corresponde a la erogación de honorarios de su abogada, por lo que no está comprendido en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que no constituyen daños o perjuicios ocasionados por la suspensión de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCII, Quinta Época, página 687, registro digital: 346860, de rubro y texto siguientes: HONORARIOS PROFESIONALES. Cuando en la demanda incidental sobre daños y perjuicios, a que se contrae el artículo 129 de la Ley de Amparo, se reclamen por tal concepto, los honorarios y gastos devengados por los abogados que intervinieron en el juicio de garantías, no es procedente decretar la condena relativa, por no constituir esas expensas, daños o perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión definitiva de los actos reclamados, y porque dan nacimiento a otra acción diferente. Así como la diversa que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 310015, Quinta Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LIX, página 1347, que señala: SUSPENSION, LOS HONORARIOS DEL ABOGADO PATRONO NO CONSTITUYEN DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON MOTIVO DE LA. Los honorarios del abogado patrono del tercero perjudicado, no son consecuencia de la suspensión concedida en el amparo, pues independientemente de ella, el juicio constitucional se hubiera desarrollado normalmente, y el tercero perjudicado siempre se hubiera visto en la necesidad del auxilio o asistencia de un letrado; y suponiendo que la suspensión no se hubiera concedido, esta circunstancia no ahorraría al tercero, la necesidad de defenderse. Por otra parte, no es imputable al hecho de la suspensión, el pago de la indicada prestación, ya que no existe relación de causa a efecto entre la suspensión y la conveniencia o necesidad de que el tercero perjudicado hubiese requerido los servicios profesionales de que se trata. Por tanto, es válido afirmar que el incidentista no demostró el extremo planteado en el sentido de que perdió la cantidad de $24,360.00 (veinticuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), dado que no ofreció ningún medio de convicción tendiente a demostrar tal extremo y, como se ha venido indicando, el pago de los gastos erogados por concepto de los honorarios causados con motivo del asesoramiento, no constituyen daños o perjuicios causados con motivo de la suspensión del acto reclamado en el presente juicio de amparo, al no existir una relación directa de causa efecto, entre la suspensión otorgada y los honorarios en comento. Por ende, como ya ha quedado demostrado, de las constancias de autos la parte actora incidentista no aportó prueba idónea para acreditar los posibles daños y perjuicios generados con la concesión de la suspensión definitiva decretada; de ahí lo infundado del incidente de que se trata. En consecuencia, ante lo infundado la presente incidencia, no ha lugar a endosar a favor del tercero interesado el billete de depósito exhibido por el quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 66, 67, 132 y 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por Giannina Sánchez Flores, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución.Así lo resolvió y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que en el incidente de reparación de daños promovido por la tercera interesada Giannina Sánchez Flores, se encuentran debidamente notificadas todas las partes de su interposición y no existen en autos pruebas que necesiten preparación y desahogo previo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia de alegatos prevista en el invocado artículo de la ley en comento. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de mayo. Agréguese el escrito de cuenta signado por Juan Núñez González, en su carácter de quejoso en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de veintidós de mayo del año en curso y, por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, respecto al incidente de daños interpuesto por la tercera interesada ********************, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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