Juan Noel Campos Hernández
Expediente 1348/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Noel Campos Hernández
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo, con residencia en Zapopan, Jalisco, acusa recibo del expediente principal 1348/2016, así como de las copias de demanda que se le anexaron e informa que mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de este año, ese Tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo intentada por... En consecuencia, y al encontrarse como asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de la misma anualidad, se determina que es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero; por lo que se señala como fecha probable para su destrucción el día dieciocho de abril del dos mil diecisiete. Notifíquese.(III)
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Juan Noel Campos Hernández, Efrén Romo Luévano y Gilberto Saucedo Vázquez, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 1348/2016-III. Ahora bien, en virtud de que el escrito de demanda debe estudiarse en su integridad, con un sentido liberal y no restrictivo, a fin de impartir una recta administración de justicia, en términos de la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese contexto, en la demanda que aquí ocupa, la parte quejosa señala como autoridades responsables a Congreso del Estado de Jalisco y otras, y como acto reclamado: "De todas las autoridades se reclama la iniciativa, aprobación, discusión, sanción, refrendo, promulgación, publicación y aplicación del artículo 17, fracción I, inciso a), e inciso h) párrafo primero y segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016, que establece que se pagará el 0.50% por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil calculados sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar; así como el cobro de la cantidad de $4,656.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, señalando que la tarifa se aplicará sin excepción por cada uno de los actos, contratos, resoluciones o inmuebles a registrar, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil. Ley que fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el día 19 de diciembre del 2015, y que textualmente señala:." Por su parte, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, y 37 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" [.] "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, fácilmente se puede advertir que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es pertinente señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por cuantía. IV) Por grado. V) Inicial. VI) Derivada. Para el caso que aquí ocupa, se analizará la competencia por territorio, la cual se estima aplicable al presente asunto. La competencia por territorio, se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. En las relatadas condiciones, se estima que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, dicha ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Luego, si en la demanda que aquí ocupa los promoventes reclaman la aprobación, discusión, sanción, refrendo, promulgación, publicación y aplicación del artículo 17, fracción I, inciso a), e inciso h) párrafo primero y segundo, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2016, a través de su primer acto de aplicación consistente en los actos de cobro y pago de los derechos a que hace referencia dicho precepto, en la Oficina de Recaudación Fiscal número cincuenta 50, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Lagos de Moreno, es inconcuso que el acto de aplicación de la ley estatal reclamada, se ejecutó en la circunscripción territorial de diverso juzgado de Distrito; por lo que se estima, que el competente para conocer de la demanda es un Juez de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, en turno, atento a la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de la Materia. Es importante destacar, que la decisión aquí adoptada, se apoya en el hecho de que el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, se ha ejecutado materialmente en la jurisdicción indicada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial de razones, la tesis de la décima época numero V.2o.P.A.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito consultable en la página 2054 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número electrónico 2003246 que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley." (énfasis añadido) En tales condiciones, este juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto en estudio. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Juan Noel Campos Hernández y otros por los motivos y razonamientos antes expuestos; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo, sus copias y anexos al Juez de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, en turno; a quien se solicita, comunique a este Juzgado, si acepta o no la competencia declinada, para acordar lo conducente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el escrito de demanda, esto de conformidad al artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Téngase como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Luisa Romo Cuevas y Brenda Patricia Cuéllar Esparza, así como para oírlas y recibirlas e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo de dicho numeral, a Carlos Rubén Tajonar Torres, por así haberlo solicitado. Por otra parte, en caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar las notificaciones necesarias en el presente juicio.(III)
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