Juan Niolbert Zulueta Jiménez

Expediente 579/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
579/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Niolbert Zulueta Jiménez
  • JUAN NIOLBERT ZULUETA JIMÉNEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de julio de dos mil veintidós. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ya transcurrió para la parte promovente Arumi Arellano Magaña, en representación de los quejosos directos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, por tanto, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días con que contaban los promoventes para desahogar la prevención contenida en auto de diez de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Razón Por otra parte, vista la razón asentada por el Actuario adscrito a este Juzgado, por la que manifiesta la imposibilidad de notificar a los quejosos el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, toda vez que al constituirse en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala, le refirieron que éstos, ya no se encontraban alojados en dichas instalaciones, pues fueron puestos en custodia provisional el diecinueve de mayo del presente año; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, toda vez que en párrafos precedentes se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de once de abril de dos mil veintidós: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sindicato Revolucionario Industrial de Trabajadores de la Industria Textil y de Confección General, Labores Similares y Conexas en el Estado, a través de su Secretario General Néstor Corona Ramírez, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos indicados en el considerando octavo y para los efectos señalados en el diverso considerando noveno de la presente resolución.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diez de mayo de dos mil veintidós. Presentación de la demanda y radicación Téngase por recibida la demanda promovida por Arumi Arellano Magaña, en representación de los quejosos directos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala y otra; fórmese expediente y regístrese con el número 579/2022-II. Falta de firma. Previo a acordar lo conducente respecto a los actos que se ubica en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace la indicación que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica, a la que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio al mencionado representante social por vía electrónica, a través del usuario FISCFED9, en atención a que así lo solicitó en los oficios que fueron recibidos y acordados en los autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veintiuno, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico hugo.hernandezv@pgr.gob.mx a fin de entablar comunicación no procesal. Actos reclamados La promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de los quejosos directos en: "IV.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: La INCOMUNICACIÓN de la que están siendo objeto JUAN NIOLBERT ZULUETA JIMÉNEZ, REYDI MIGUEL MOREY RODRÍGUEZ Y FABIO MACHADO JIMÉNEZ. La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto. La retención en la ESTACIÓN MIGRATORIA DE TLAXCALA, TLAXCALA o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración sin haber cometido ninguna acción delictiva. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala.; La inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tiene derecho la detenida JUAN NIOLBERT ZULUETA JIMÉNEZ, REYDI MIGUEL MOREY RODRÍGUEZ Y FABIO MACHADO JIMÉNEZ, a fin de nombrar abogado o persona de su confianza. La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra), del detenido JUAN NIOLBERT ZULUETA JIMÉNEZ, REYDI MIGUEL MOREY RODRÍGUEZ Y FABIO MACHADO JIMÉNEZ. La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional por los quejosos. La omisión de substanciar de manera legal el procedimiento administrativo migratorio de la quejosa y en consecuencia la negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. El hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2, previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. La omisión de recibir la solicitud verbal de las quejosas de su reconocimiento como refugiadas. La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sobre la necesidad de registro y tramitación de la solicitud de la condición de refugiadas de las quejosas. La inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 101, 102 y 111 de la Ley de Migración". De igual modo, de sus conceptos de violación, se advierte que con motivo del acto señalado como "hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2", se pone en peligro su salud, e incluso sus vidas. Consideración previa. Ahora, el Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Al respecto, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano Ahora, en párrafos precedentes se señalaron los actos reclamados en esta instancia constitucional; de igual modo, del escrito de cuenta se advierte que se solicita la suspensión de los actos reclamados; no obstante, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente se proveerá la suspensión de plano de los actos que se indicaron como: a) Incomunicación (incluida la negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a fin de nombrar abogado o persona de su confianza). b) La inminente deportación, expulsión, proscripción o destierro. c) Actos que pone en peligro su salud, e incluso sus vidas con motivo del acto señalado como "hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2". Lo anterior, sin que pase inadvertido que se señala como actos la detención y retención en la Estación Migratoria de Tlaxcala, Tlaxcala; sin embargo, cuando una persona está sujeta a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, estamos ante un ataque a la libertad, pero dentro de procedimiento. En efecto, de conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento, el referido procedimiento se conoce como "procedimiento administrativo migratorio", el cual inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular y concluye con el dictado de una resolución en la cual se define su situación migratoria en nuestro país. De ahí que los actos reclamados identificados como detención y retención en la Estación Migratoria de Tlaxcala, Tlaxcala, no encuadran en los supuestos de procedencia de la suspensión de plano. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.6 P (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3113; Undécima Época; Materias Común y Penal; cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve". Se concede suspensión de plano por la Incomunicación (incluida la negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a fin de nombrar abogado o persona de su confianza). Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese la INCOMUNICACIÓN (incluida la negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a fin de nombrar abogado o persona de su confianza) de la que se dicen son objeto, pues dicho acto, lo prohíbe el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Ley Suprema. Se concede suspensión de plano por la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 y 160 de la ley de la materia, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro de los directos quejosos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez; asimismo, en caso de que se haya emitido con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, el quejoso quedará a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN". Se concede suspensión de plano respecto a poner en peligro su salud, e incluso sus vidas, con motivo del acto señalado como "hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia se SARS COV2". Ahora bien, los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)". Por otra parte, el artículo 4, punto 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: "Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". Además, el artículo 10, punto 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone: "Artículo 10. Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social (.)" Finalmente, el artículo 126 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Bajo este contexto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, para los siguientes efectos: 1. Las autoridades responsables deberá abstenerse de realizar de inmediato cualquier acto que tenga como finalidad o resultado vulnerar o poner en peligro el derecho a la vida y la salud de los directamente agraviados. 2. Deberán realizar todas las acciones necesarias a efecto de respetar el derecho a la salud que le asiste a los quejosos, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, para lo cual deberán observar las normas mínimas de salud respecto de la pandemia generada por el virud SARS COV2. Obligación de las autoridades responsables En la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítanseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." Se ordena la ratificación de la demanda. Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario judicial adscrito a este juzgado, para que se constituya en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala, así como en cualquier otro lugar en donde pudieran estar detenidos los quejoso directos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, y los localice; además, en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Les notifique el presente auto. Les requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. Les aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. Deberá ratificarle a las autoridades ante quien estén recluidos los agraviados la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Requerir a los quejosos ratifiquen el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como a sus autorizados. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se de fe si los quejosos se encuentran incomunicados y de las condiciones físicas en que estén. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, el fedatario judicial deberá proceder a dar fe de las condiciones físicas en que se encuentran los quejosos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, y si éstos se encuentran incomunicados, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice a los directamente quejosos; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso al actuario judicial a las celdas u oficinas de las corproaciones policiacas que se señalan como responsables, y en cualquier otro lugar en donde pudieran estar los directos quejosos Juan Niolbert Zulueta Jiménez, Reidy Miguel Monrey Jiménez y Fabio Machado Jiménez, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar a los quejosos en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentra recluida y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Se permita acceso con su asesor De la misma manera, infórmese a la responsable que deberá de vigilar, respetar y cumplir con los derechos y las garantías que le asiste al quejoso, tales como que se les permita tener acceso a su defensor o asesor, ya sea personalmente o por llamada telefónica. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Se reserva proveer suspensión respecto a diversos actos reclamados. Respecto a los diversos actos por los cuales no se realizó analizó la procedencia de la suspensión de plano, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto los impetrantes ratifiquen la demanda promovida en su nombre y, de ser procedente por los dichos actos, se admita la demanda. Se autorizan copias. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificada de la suspensión de plano que solicita, y por autorizados a las personas que designan, previa constancia de recibo que quede agregada en autos; no así de las demás que refiere, pues las mismas aún no obran en autos, por lo cual, cuando consten en el expediente, deberá formular nuevamente su solicitud. Se precisa procedimiento para entrega de copias. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar para la entrega de las copias solicitadas. Consulta y notificación de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "lic.arumiarellano", toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Comunicaciones no procesales. Se tiene a la parte promovente, señalando como medio de comunicación los números telefónicos y correo electrónico que refiere; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando los números telefónicos que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Autorizados. Por otro lado, se tienen como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arumi Arellano Magaña por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentren detenidos. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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