Juan Nepomuceno Esquitín Lastiri

Expediente 2236/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2236/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
22/01/2021

Partes del expediente

  • Juan Nepomuceno Esquitín Lastiri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/4/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/4/2021, que establece las medidas vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa o tercera interesada promoviera recurso de inconformidad en contra del auto del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que declaró cumplida la sentencia respecto del quejoso Juan Nepomuceno Esquitín Lastrini, lo anterior en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante proveído del nueve de noviembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se aprecia que el doce de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en donde se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) 68. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Superintendencia del Sector Ductos Catalina de Pemex Logística, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, proceda a dar respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el quince de octubre del dos mil diecinueve, partiendo de la base que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre la solicitud que le formulen y, hecho lo anterior, se la notifique dentro del plazo legal." Por auto del nueve de octubre de la presente anualidad la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. Por oficio de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Gerente Jurídico Región Pacífico Bajío de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos Representante de Pemex Logistica, Sector Ductos Catalina, remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo DJGJRPBPARPIRPE-3-2020, de su índice, así como copia simple de escrito de demanda de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y del acuerdo de trece de octubre siguiente emitido por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla. Cabe destacar que a la documental exhibida por la autoridad responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que se otorgó la protección constitucional para el efecto de que se diera respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el quince de octubre del dos mil diecinueve, y de las copias certificada remitidas por la autoridad responsable se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte se dio contestación al escrito del quejoso en el sentido de declarar improcedente la reclamación del pago de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances de la sentencia amparadora; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a la parte quejosa la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puede interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante proveído del nueve de noviembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se aprecia que el doce de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en donde se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) 68. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Superintendencia del Sector Ductos Catalina de Pemex Logística, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, proceda a dar respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el quince de octubre del dos mil diecinueve, partiendo de la base que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre la solicitud que le formulen y, hecho lo anterior, se la notifique dentro del plazo legal." Por auto del nueve de octubre de la presente anualidad la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. Por oficio de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Gerente Jurídico Región Pacífico Bajío de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos Representante de Pemex Logistica, Sector Ductos Catalina, remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo DJGJRPBPARPIRPE-3-2020, de su índice, así como copia simple de escrito de demanda de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y del acuerdo de trece de octubre siguiente emitido por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla. Cabe destacar que a la documental exhibida por la autoridad responsable se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que se otorgó la protección constitucional para el efecto de que se diera respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el quince de octubre del dos mil diecinueve, y de las copias certificada remitidas por la autoridad responsable se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte se dio contestación al escrito del quejoso en el sentido de declarar improcedente la reclamación del pago de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances de la sentencia amparadora; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento a la parte quejosa la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puede interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. Informa cumplimiento y se ordena dar vista. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Gerente Jurídico Región Pacífico Bajío de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos representante de Pemex Logística, Sector Ductos Catalina, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del nueve y veintinueve de octubre del presente año, y al efecto remite copia certificada de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo DJ-GJRPBPARPIRPE-3-2020, de su índice, así como copia simple de escrito de demanda de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y del acuerdo de trece de octubre siguiente emitido por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y sus anexos, por el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por la autoridad responsable, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Ahora, para dar margen a lo anterior, notifíquese el contenido del presente acuerdo con las constancias aludidas de manera personal a la parte quejosa, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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