Juan Navarro Gallegos

Expediente 1100/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 38 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2018
Año
2018
Actuaciones
38
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Navarro Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, visto lo de cuenta, atento a que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, y que a la fecha ha transcurrido el término de seis meses que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que se haya promovido el incidente que se señala en ese precepto, este Juzgado estima innecesaria la retención de la póliza de fianza con número BKY-0001-0011531, por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil novecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), expedida por Berkley México Fianzas, en ese sentido, toda vez que esta última se encuentra garantizando la suspensión provisional dictada en autos, este órgano jurisdiccional estima innecesaria la retención de la aludida póliza en la caja de seguridad en la que se lleva su resguardo; por tanto, se ordena la CANCELACIÓN de los documentos en cuestión registrados con el número 18/2018. En ese contexto, previo señalamiento en el documento respectivo de su cancelación, devuélvase a la compañía afianzadora que corresponda, la póliza de fianza de que se trata, a través de su gerente o representante legal, en la inteligencia de que deberá de asentarse razón de lo anterior en el libro de gobierno respectivo que lleva este Juzgado. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 141/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, página: 619, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE SU CONCESIÓN, UNA VEZ EXHIBIDA LA CORRESPONDIENTE A LA DEFINITIVA. Al decretar la suspensión provisional de los actos reclamados en un juicio de amparo, el Juez de Distrito está imposibilitado materialmente para determinar el monto de una garantía que responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado durante la secuela procesal, por lo que únicamente lo hará de manera provisional, hasta en tanto se celebre la audiencia incidental, momento procesal en el que, de concederse la suspensión, podrá fijar una garantía definitiva, y la determinada provisionalmente perderá su fundamento de existencia y no podrá surtir efecto alguno, independientemente de que haya regido la situación de los actos reclamados por lapso determinado. Por tanto, al fijar el monto de la garantía definitiva, el juzgador deberá considerar que sea suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión en cualquiera de los momentos procesales, siempre que tengan como antecedente aquélla. Así ambas garantías (provisional y definitiva) cumplen con el artículo 125 de la Ley de Amparo, pero no se justifica que subsistan simultáneamente, pues ello contravendría dicho precepto, porque al concederse definitivamente la suspensión la determinación provisional se sustituye, sucediendo lo mismo con la respectiva garantía, ya que la otorgada con motivo de la suspensión definitiva no sólo garantiza un periodo determinado, sino que responde por los daños que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado por la suspensión en general, en virtud de que no se trata de dos suspensiones que requieran dos garantías diversas, sino que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una sola, aunque se resuelva en dos momentos procesales diversos; de ahí que no exista impedimento legal para que una vez exhibida la garantía decretada al conceder en definitiva la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, se devuelva la otorgada con motivo de la concesión provisional, ya que los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado automáticamente quedan respaldados con la garantía que se exhiba con motivo de la suspensión definitiva."

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, al tratarse de un asunto concluido y toda vez que este juzgador considera que las constancias que obran en autos no son de relevancia documental, de conformidad con lo ordenado en la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. En las relatadas condiciones, con apoyo en el Punto Décimo, fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece que el archivo judicial reciente será conservado en el órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en consecuencia, remítase el expediente, al archivo de este Juzgado para su resguardo hasta que transcurra el término mencionado. .

  3. Principal

    se ordena notificar por lista a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar al presente juicio de garantías al tercero interesado Ismael Zermeño Guerrero, por medio de edictos, previniéndose al quejoso para que compareciera ante este Juzgado de Distrito, a recoger los mismos para la publicación correspondiente; de lo anterior resulta evidente que el término de veinte días para la publicación de los edictos comenzó a partir del veintiséis de abril pasado y feneció el veintiocho de mayo de este año. Por tanto, ante la contumacia del impetrante de garantías en informar lo relativo a la publicación de los edictos, no obstante de haber sido requerido oportunamente para ello, se hace efectivo el apercibimiento realizado a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 63, fracción II y V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b) último párrafo, del propio ordenamiento legal. En apoyo a las consideraciones anteriores, se cita por analogía, la jurisprudencia número 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, cuyo rubro es del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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