Juan Nandi Zambrano
Expediente 1720/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1720/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Juan Nandi Zambrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexos de cuenta signado por Alejandro Sotelo Ochoa, en su carácter de apoderado del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, personalidad que acredita con la copia certificada que anexa; por tanto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se tiene reconocida dicha personalidad. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose al presente juicio con dicho carácter, señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital el que indica en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. En función de la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****** de la O y **************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual manera, se le tiene señalando correo electrónico y número de teléfono celular; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales del citado tercero interesado, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Como lo solicita y de conformidad con la certificación de cuenta se le autoriza con el nombre de usuario "ochoa044", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en los artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en consecuencia vincúlese dicho usuario a la parte tercera interesada y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le tiene revocando toda representación, autorizados y domicilios señalados con anterioridad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE en su totalidad, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral que remitió la responsable, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las doce horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto de veintisiete de octubre del año en curso, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1720/2019, promovido por Juan Nandi Zambrano, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el período de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda (fojas 6 a 9) y las que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado (fojas 52 a 57) y las que remitió en alcance (legajo de pruebas), asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por el quejoso, las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 1119/2019, presentado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público Federal adscrito formulando alegatos y a las demás partes por perdido tal derecho. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1720/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Juan Nandi Zambrano, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MEDIDA DE APREMIO FIJADA A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. LA OMISIÓN DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 11 a 14), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 1720/2019; se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de enero de dos mil veinte, ante lo vertido por la autoridad responsable en su informe justificado y corroborado con las constancias que adjuntó al mismo, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En contra de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido el treinta de enero de dos mil veinte (foja 70), del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien en ejecutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 80 a 91), ordenó la reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto de que se diera vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y se recabara la constancia relativa al acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve (siendo lo correcto dos mil dieciocho). Consecuentemente, en proveído de once de noviembre de dos mil veinte (fojas 92 y 93), se requirieron las constancias relativas al proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve (siendo lo correcto dos mil dieciocho), dictado en el juicio laboral 181/2007 y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que en el presente asunto se reclaman actos de una autoridad con residencia dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 181/2007. La omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo. TERCERO. Inexistencia de actos. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclaman consistentes en 1) la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 181/2007 y 2) la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo. En dicha tesitura, este órgano jurisdiccional advierte que es inexistente el acto relativo a la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo en el juicio laboral de origen; ello porque que de los escritos de veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, no se aprecia que la parte actora, aquí quejosa, haya solicitado se vinculara a dicha Secretaría de Finanzas; asimismo, en el referido proveído de dieciséis de enero de dos mil veinte, la responsable adujo que ello se proveyó en el diverso auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, al cual debería remitirse; auto que fue dictado con anterioridad a la presentación de la demanda, por ende no existía el acto reclamado, y se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes. Luego, cabe acotar que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no eventuales o probables. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, correspondiente a la Octava Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, enero de 1994, visible en la página 254, con número de registro IUS 213793, cuyo rubro y texto disponen: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". En las narradas circunstancias, al resultar inexistente el acto reclamado consistente en 2) la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo en el juicio laboral de origen, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama consistente en 1) la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas del expediente laboral 181/2007 (fojas 52 a 57 y un legajo de pruebas); documentales con eficacia jurídica probatoria al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que el suscrito las advierta de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En dicho tópico, quien esto resuelve advierte que con respecto al acto reclamado consistente en 1) la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen, en el presente se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos en mención, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, respecto del acto consistente en 1) la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen, es importante resaltar que de las constancias que obran en el sumario, con valor probatorio indicado en el considerando cuarto de esta resolución, se advierte que la autoridad responsable En el caso, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, envió copia certificada del auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral de origen 181/2007, por el cual acordó entre otros, los escritos presentados por la parte actora el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, cuya omisión constituyó la materia de reclamo en la presente vía y por ende ha cesado en sus efectos, al haber devuelto las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; lo anterior es así, toda vez que el auto fue dictado con fecha posterior a la promoción de amparo. En esas condiciones, dado que en cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó la demanda de amparo; sin embargo, en dieciséis de enero de dos mil veinte, la responsable dictó proveído en el cual impuso a la Síndico Procuradora del Ayuntamiento demandado multa de trescientos días de salario mínimo vigente, ordenó girar oficio a la Secretaria de Finanzas y requirió de nueva cuenta a la parte demandada el cumplimiento del laudo condenatorio dentro del juicio laboral 181/2007, con los apercibimientos de ley. Por esa razón, como de dicho acto procesal la parte quejosa tuvo conocimiento hasta el tres de noviembre de dos mil veintiuno (foja 144), en que se le dio vista con las constancias que adjuntó a su informe justificado la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, es decir, con posterioridad a la ampliación de la demanda de amparo que fue el (cuatro de diciembre de dos mil diecinueve), es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dicho acto; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional dejó de causar perjuicio en la esfera jurídica del solicitante de amparo, en el momento en que la responsable acordó lo solicitado mediante escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2º.A. 17 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2296, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO." Consecuentemente, como ya se dijo, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, pues ya no existiría garantía individual que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en 1) la omisión de acordar los escritos presentados el veintiséis de junio y dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen, atribuido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Al caso, aplica la jurisprudencia 2a./J. 59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." SEXTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Juan Nandi Zambrano, contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia, y por las razones y fundamentos contenidos en los diversos considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en virtud que en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se le tuvo remitiendo copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 181/2007, a partir del laudo dictado en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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