Juan Muñoz Alba
Expediente 1203/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Muñoz Alba
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de mayo de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible. Asimismo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se remita el acuse del exhorto 88/2018 de su índice, derivado del exhorto 718/2018 de nuestro índice, relativo al juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, toda vez que aun cuando el exhorto antes mencionado, efectivamente fue recibido en este juzgado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el veintiséis de junio siguiente, se dictó el acuerdo respectivo y, mediante oficio 22588/2018, este juzgado acusó recibo de dicho exhorto; sin embargo, como lo solicita, con transcripción de este auto, vía telegráfica, acúsese nuevamente recibo de estilo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, signado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto 718/2018-III, del índice de este Juzgado; dese de baja en el libro de gobierno, acúsese recibo. Téngase por notificado a *, por conducto de su autorizado *, del contenido del auto de veinticinco de mayo del año en curso, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto; el oficio 25077/2018, por medio del cual la Jueza Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remite los autos del juicio de amparo indirecto 576/2018, en que obra el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, emitido por dicha juzgadora, en el que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por cuestión de territorio, promovida por *, por su propio derecho; y, en cumplimiento al mismo, remite el citado juicio de amparo, anexos y copias de la demanda, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento de la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 25077/2018 y juicio de amparo 576/2018 y anexos, de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1203/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Al efecto, el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". Del citado precepto se obtiene -esencialmente- que el juicio de garantías resulta improcedente, contra normas generales o actos de autoridad, respectos de los cuales no se haya promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley, lo que implica el consentimiento tácito de los actos reclamados para efectos de la procedencia de juicio constitucional. Ahora, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De lo anterior se advierte que el término genérico para promover la demanda de garantías es de quince días, salvo que se actualice alguno de los supuestos enunciados en el propio precepto, en cuyo caso habrá que atenderse al plazo específico ahí señalado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama al Congreso de la Unión, la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, publicada el quince de noviembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, con vigencia a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, que deroga el Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos publicada el once de agosto de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, lo que tilda de inconstitucional; asimismo, de la Comisión Reguladora de Energía, reclama la Resolución número RES/1435/2017, de trece de julio de dos mil diecisiete, en la que en el resolutivo primero se le negó el permiso de expendio al público de petrolíferos, en la estación de servicio ubicada en Ex Hacienda Zaragoza sin número, Francisco Murguía, código postal 99110, Sombrerete, Zacatecas (dato que se advierte de la resolución en cita que anexó el quejoso); asimismo, porque en el resolutivo segundo, se le limita a no prestar el servicio de expendio al público; y, derivado de ello reclama el cumplimiento del mandato de ejecución, consistente en la sanción administrativa que se pretende llevar a cabo en su contra; como la arbitraria notificación de esa resolución al Jefe del Departamento de Notificaciones y Ejecuciones de la comisión Reguladora de Energía, ya que fue omiso en notificársela; y, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el indebido cumplimiento de la citada resolución. De lo anterior resulta evidente que aunque reclama la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, la cual menciona que reclama como autoaplicativa, pero también como heteroaplicativa, puesto que en el capítulo de su demanda que denominó como "OPORTUNIDAD", precisa que combate dicha norma por la fecha en que le afecta por la aplicación del acto que reclama (la resolución RES/1435/2017, de trece de julio de dos mil diecisiete); acto este último que no se encuentra en algunos de los casos de excepción del artículo 17 de la Ley de Amparo, de modo que el término con el que contaba la parte quejosa para impugnar la ley y resolución en cita, es de quince días; mientras para impugnar dicha ley como autoaplicativa, contaba con el termino de treinta días, pero a partir de su entrada en vigor, esto es a partir del primero de enero de dos mil diecisiete. Al efecto, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, conforme a la fracción I, del artículo 17 de la Ley de amparo, al reclamar como autoaplicativa la norma general consistente en la Ley de Ingresos de la Federación, el plazo para interponer el juicio de amparo es de treinta días, contados a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, que es cuando entro en vigor, de modo que al haberse interpuesto el amparo hasta el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se encuentra fuera del rango de los treinta días en que debió combatirse por la vía constitucional. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo transcrito, existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, por un primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: *, es empresario gasolinero desde hace catorce años, que presta servicio en la estación de servicio E07521, UBICADA EN Exhacienda Zaragoza sin número, Francisco Murguía, código postal 99110, Sombrerete, Zacatecas. El trece de julio de dos mil diecisiete, la Comisión Reguladora de Energía, emitió la resolución RES/1435/2017, en que negó a *, el permiso de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio, para la estación de servicio ubicada en Exhacienda Zaragoza, sin número, Francisco Murguía, código postal 99110, Sombrerete, Zacatecas y dejó a salvo sus derechos para presentar una nueva solicitud de permiso, acompañada del pago de derechos correspondiente; asimismo, que el aquí quejoso no podrá prestar servicio de expendio al público de petrolíferos en la mencionada estación de servicio, hasta en tanto cuente con el permiso correspondiente, otorgado por esa Comisión. Así, el quejoso expone que no se enteró de dicha resolución, sino hasta el dieciséis de abril de dos mil dieciocho en que logró ingresar al portal electrónico de la Comisión Reguladora de Energía y se enteró de todo lo referente a su estación de servicio y en consecuencia se notificó por vía electrónica de la resolución RES/1435/2017, de trece de julio de dos mil diecisiete que combate, resultando incuestionable que desde el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la resolución RES/1435/2017, de trece de julio de dos mil diecisiete que otro de los actos reclamados. Se sostiene que el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde la fecha antes indicada, pues dentro de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, textualmente señala: ". XII.- Por otra parte es importante señalar que fue hasta el día 16 de Abril del presente año del 2018, fecha en que el suscrito puede ingresar al portal Electrónico de la CRE y por ende enterarme y hacerme del conocimiento de todo lo referente a mi estación de servicio con número E03162, y que se ubica en Exhacienda Zaragoza, sin número, Francisco Murguía, C.P. 99110, Sombrerete, Zacatecas, ya que si bien es cierto como lo señale anteriormente, que derivado de la rotación de personal administrativo de la estación de servicio en comento, lo fue que por error se extravió la contraseña para entrar a el Portal electrónico de la CRE. XIII.- Ahora bien, lo es que en la misma tesitura del punto anterior, lo es que el recurrente por fin logré ingresar al portal de la CRE, hasta el día 16 de Abril del presente año dl 2018, y en consecuencia puede enterarme y notificarme por vía electrónica de la resolución hoy combatida y demás notificaciones." Entonces, el quejoso indica claramente que quedó notificado vía electrónica de la resolución que constituye el acto que reclama, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por lo que a partir del día siguiente, esto es del diecisiete de abril de dos mil dieciocho, contaba con el plazo de quince días para inconformarse con la citada resolución. Lo anterior es así, en virtud a que los artículos 35, fracción II y 38, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo disponen: "ART. 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y." "ART. 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Conforme a dichos preceptos, las notificaciones pueden realizarse entre otras formas, por medio de comunicación electrónica y surten efectos en que se realizan, comenzando a correr los plazos a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación, que en el caso lo fue el dieciséis de abril de dos mil dieciocho conforme lo expresó el quejoso. Así las cosas, considerando que desde la fecha indicada, el quejoso se hizo sabedor y por ende como lo indica, quedó notificado de la resolución RES/1435/2017, de trece de julio de dos mil diecisiete, que constituye el acto reclamado, según se advierte del contenido de la demanda en estudio; y que la misma se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, transcurrieron veintiún días hábiles, por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por *, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, con apoyo en el artículo 13 del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizado a Fernando García Moreno, Emma González Hernández, Fernando José García Eguiño y Enrique Zamora García únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos correspondientes del documento que los autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Cerro de la Granada, número cuarenta y ocho, colonia Pedregal de San Francisco, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México; con fundamento en lo previsto por los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda, a efecto que se constituya en el domicilio señalado con antelación y notifique personalmente el contenido del presente auto a la parte quejosa; asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia o en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo.
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