Juan Moral Martinez

Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Moral Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que el auto que sobreseyó en el juicio ha causado estado, para todos los fines legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. *SON DE RELEVANCIA DOCUMENTAL: Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".<

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio de la encargada del Despacho de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, mediante el cual en respuesta al auto de uno de febrero del año en curso, hace del conocimiento de este juzgado federal que el proveído de referencia, fue notificado a la perito oficial *******, en materia de contabilidad, adscrita a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, de lo que este juzgado toma conocimiento. Con lo anterior, se desprende que el diverso término concedido a la perito oficial por auto de uno de febrero de este año, para que emita su dictamen iniciará el trece y vencerá el quince de febrero del año en curso.

  3. Principal

    AVISO EMPLAZAMIENTO M.B.B.R.; B.Y.F. San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que ********, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis integral de la demanda de se advierte que el quejoso ******* reclama: - Del Notario Público Número 42 de la ciudad de Puebla: a) La protocolización de la escritura pública con número de instrumento ****, volumen *****, respecto al bien inmueble identificado en la ********. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia que constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal que el juzgador debe examinar de oficio. En primer lugar, por cuanto hace al acto reclamado atribuido al Notario Público Número 42 de la ciudad de Puebla, consistente en la protocolización de la escritura pública con número de instrumento *****, volumen *****, respecto al bien inmueble identificado en la casa habitación número ********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: a) El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. b) Es imperativo, porque supedita la voluntad de dicho particular, frente a éste, y es coercitivo porque puede constreñir, forzar al gobernado para acatar lo ordenado. Expuesto lo anterior, se considera pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra subordinación y de coordinación, determinando lo siguiente. Las relaciones de supra subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan, por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir de igualdad, por lo que para dirimir sus controversias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Precisado lo anterior, debe decirse que los notarios públicos señalados como autoridades responsables, no lo son para efectos del juicio de amparo en el caso concreto, conforme lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello, porque en términos del indicado precepto es autoridad responsable la que, independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, como se advierte del artículo y fracción en comento, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Cabe destacar que en el proceso legislativo que dio origen a la nueva ley de la materia se explicó el alcance de esta disposición y se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios, y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que se impugna puede ser equivalente a un acto de autoridad debe atenderse a que del marco jurídico de la actuación de tales funcionarios, se colige que el Poder Ejecutivo delega su función notarial a particulares profesionales del derecho, a quienes se les dota de fe pública, entre sus atribuciones y facultades se encuentra la de autorizar en sus protocolos toda clase de instrumentos públicos y protocolizar todos los documentos y demás actos que le soliciten. En esa tesitura, al evidenciarse que los actos reclamados del Notario Público Número 42 de la ciudad de Puebla, no son actos de autoridad emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que dicho acto es consecuencia del acto reclamado a dicho fedatario judicial. DESECHAMIENTO En las relatadas condiciones al haberse acreditado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable; por tanto, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA se admite a trámite la demanda respecto de las diversas autoridades que la parte quejosa cita en su demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En atención a que de la demanda de garantías de que se trata, se advierte que se solicita se conceda la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y por duplicado el incidente de suspensión relativo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. Asimismo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberán remitir su informe a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Por otra parte, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. CORREO OFICIAL DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y FIREL Asimismo, requiérase a las autoridades responsables a efecto de que señalen correo electrónico oficial con el propósito de que este Juzgado de Distrito esté en posibilidad de realizar las notificaciones electrónicas a través de dicho medio; asimismo, para que proporcionen un teléfono oficial para confirmar, en su caso, los envíos, atendiendo a la situación de excepcionalidad de que se trata. Además, se les exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. COMISIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A ESTE JUZGADO FEDERAL se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de Distrito para que practiquen las notificaciones a las partes mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con Firma Electrónica o por lista electrónica, según corresponda, en el entendido de que al tratarse de juicios de amparo, están en aptitud de enviar los oficios generados electrónicamente o digitalizados con FIREL y remitidos por correo electrónico institucional. Tratándose de las autoridades responsables o autoridades terceros interesados que no estén interconectadas, se autoriza la notificación a dichas autoridades por correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente o uno digitalizado con FIREL; obteniéndose la confirmación de la recepción del correo, la cual se certificará respectivamente. En estos casos, para dar margen a lo anterior, se comisiona a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal a realizar la búsqueda de los correos electrónicos oficiales de las autoridades señaladas como responsables y/o tercero interesadas y; en caso de que no exista un correo oficial levanten la razón correspondiente con la FIREL respectiva, en la que hagan constar tal circunstancia para acordar lo que corresponda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señalan las nueve horas con siete minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. TERCERO INTERESADO Se reserva proveer sobre el emplazamiento de las personas a las que les pudiera asistir el carácter de terceros interesados, hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. VISTA AL FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE ADSCRITO se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Fiscal Ejecutivo Asistente de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. Asimismo, se le requiere para que proporcione número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico oficial para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario; exhortándolo para que actúe en el presente juicio de amparo, de forma electrónica, a través de su firma electrónica o e.firma. NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO téngase a la parte promovente proporcionando número telefónico y correo electrónico que precisa en la demanda a fin de realizar comunicaciones no procesales. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciadas las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Además de que dicha solicitud podrán presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE PROPORCIONAR NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y número de teléfono móvil, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. RESERVA DE INFORMACIÓN este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Téngase por realizada la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, del que se desprende la resolución del testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión 125/2022, relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 628/2022, asimismo, devuelve las constancias originales relativas al juicio de amparo en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que la determinación emitida en el aludido medio de impugnación, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la resolución impugnada. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto que reclamó al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en el juicio laboral ****, de su índice." En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el expedientillo formado con motivo del referido recurso. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó en el presente sumario, además el tribunal colegiado de circuito confirmó dicha determinación, por tanto una vez transcurrido el referido plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. De igual forma, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda"

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