Juan Montes Rodríguez

Expediente 1059/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1059/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Montes Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Juan Montes Rodríguez y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, toda vez que precisa de forma clara y concisa el acto reclamado, la fecha y medio a través del cual tuvo conocimiento de este, que acto atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables y exhibe seis copias de su escrito aclaratorio...

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Juan Montes Rodríguez, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo que corresponda. Ahora bien, antes de acordar lo conducente respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel al en que quede legalmente notificado del presente proveído y por escrito, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise bajo protesta de decir verdad cuál es el acto que efectivamente reclama en esta vía constitucional, ya que de la demanda de amparo no se advierte con claridad dicha circunstancia, dado que en el capítulo respectivo, señaló que es el auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 1725/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz (del cual realiza una transcripción y que se desprende que el juez responsable señaló fecha y hora para la audiencia prevista por el artículo 219 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz); sin embargo, de los antecedentes de dicho acto, precisó que en el citado proveído el juez responsable "desechó" el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de quince de octubre del año en curso, lo que no es congruente con la transcripción que hizo del auto de dos de diciembre pasado. Asimismo, se advierte que el quejoso hace alusión a un auto de catorce de noviembre del año en curso (el cual fue transcrito por el quejoso en su escrito de demanda), mismo que resulta ser el mismo que el de dos de diciembre de dos mil diecinueve (auto que el quejoso pretende combatir). Aunado a que en su capítulo de conceptos de violación refiere que el auto que combate es el de dos de diciembre de dos mil dieciocho y posteriormente mencionó que el auto de dos de noviembre de dos mil diecinueve, que contiene la determinación de declarar extemporánea la presentación del recurso en el acto reclamado. En ese sentido, toda vez que la suscrita no debe sustituirse en la voluntad del quejoso, es por lo que deberá precisar de forma clara y concisa cuál es el acto que reclama en esta vía constitucional, así como la fecha y medio a través del cual tuvo conocimiento de este y que acto atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsable. SEGUNDO. De igual manera, deberá exhibir seis copias del escrito aclaratorio, en razón que dos son para las autoridades responsables, dos para el incidente de suspensión, una para la tercera interesada y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Se cita en concordancia la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguiente: Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. Se apercibe al promovente que de no desahogar el requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír notificaciones; en esas condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso el criterio de rubro siguiente: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público (S.J.F. y su Gaceta, 9ª Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Página: 1067). No obstante, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique personalmente el auto inserto al promovente Juan Montes Rodríguez, en el domicilio ubicado en Norte tres (3), número trescientos cuarenta (340), altos despacho tres (3), entre Poniente seis (6) y ocho (8), colonia Centro de Orizaba, Veracruz. Resulta pertinente, transcribir el contenido del artículo 27 de la Ley de Amparo, a efecto de realizar la diligencia encomendada, el cual versa: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicadas en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente; (.) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. (.) De igual forma, se hace la acotación a la autoridad auxiliar de referencia, que dicha diligencia la deberá llevar a cabo por un profesionista, titulado investido de fe pública (secretario o actuario) quien deberá realizarla conforme lo estatuido por el numeral antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se sancionará con una multa equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Diligencia que con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá llevar a cabo dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la comunicación oficial de que se trate. Téngase como autorizado con las facultades amplias que concede el artículo 12 de la ley de la materia a Antonio Martínez Canseco (4671426), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el diverso numeral 24, párrafo segundo de la legislación en cita, se tienen como autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas que refiere, en virtud de que no acreditaron encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional.

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