Juan Miranda Ochoa

Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
632/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Miranda Ochoa
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 985/2013, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el primero de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Juan Miranda Ochoa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Juan Miranda Ochoa, reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad: La falta de acuerdo a los escritos que presentó en treinta de septiembre y veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 985/2013. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, la autoridad responsable emitió el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 985/2013, en el cual se aprecia que acordó los escritos que presentó en treinta de septiembre y veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, que le presentó el actor aquí quejoso. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que en autos no obra el informe justificado de la autoridad responsable ***************************************, residente en esta ciudad, en virtud de que le está transcurriendo el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que no pasa inadvertido que mediante circulares de nueve de julio de dos mil veintiuno y veintiocho de julio siguiente, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado hizo del conocimiento que la autoridad responsable suspendió e inhabilitó los términos procesales del nueve al dieciséis de julio y del dos al treinta y uno de agosto; sin embargo, tal circunstancia carece de trascendencia para el cómputo del término legal de quince días para rendir su informe justificado, a que se contrae el numeral 117 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior y a efecto de realizar un estudio atingente, en primer término, se considera pertinente destacar que los artículos 19, 22, 26, fracción I, 28, fracción I, 31, fracción I y 117, de la ley de la materia, sobre lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.- Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales." "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente.- Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha;" "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas." "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días." La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, permite establecer que en los juicios de amparo el cómputo de los términos comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; se incluirá en ellos el día del vencimiento, se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles. No se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que se trámite el juicio de amparo. En los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, por medio de oficio que deberá entregarse en el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, en el entendido de que si existe una negativa a recibir el oficio se tendrá por hecha la notificación encomendada. También se advierte que la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, o bien, desde el momento en que se tenga por hecha por parte del actuario correspondiente; por otro lado, el plazo de quince días con el que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe justificado, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, empezará a contar desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto en el que se le requiera. Al respecto, cabe señalar que teniendo en consideración que del texto relacionado de los artículos 19 y 117 de la Ley de Amparo, se destaca que en el término de quince días con el que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe justificado, sólo se computarán los días hábiles de las labores del Juzgado en donde deberá presentarse dicho libelo y, por consiguiente, no se computarán para ese efecto los días en los cuales se suspenden las labores del Juzgado de Distrito correspondiente. Por tanto, la suspensión de labores decretada por la autoridad responsable, por lo que hace del nueve al dieciséis de julio y del dos al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no interrumpe el término con el que cuenta para rendir su informe justificado, en atención a que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los previstos en el propio precepto, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, en la especie, el Juzgado de Distrito respectivo. Asimismo, debe decirse que la suspensión de mérito carece de trascendencia para el cómputo del término legal para rendir el informe justificado, pues conforme al marco normativo que rige al juicio de amparo, la suspensión temporal de labores de las autoridades, no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues no debe soslayarse que durante la suspensión de labores en comento, el Tribunal de Conciliación del Estado no dejó de laborar ni cerró sus puertas, a diferencia de su periodo vacacional; tan es así, que en las propias circulares signadas por su Presidenta, se ordena continuar con un sistema de guardias para atención al público, lo que evidencia que tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado tanto para la recepción de notificaciones, como para el cumplimiento que la Ley de Amparo le impone con motivo de la substanciación de un juicio de garantías en el que figura como autoridad responsable. Se cita para apoyar consideraciones expuestas, la tesis III.1o.A.150 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Administrativa, página 3178, registro 166288, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA INTERRUPCIÓN DE LAS LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISFRUTAR DE UN DESCANSO TEMPORAL (VACACIONES), NO SUSPENDE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHO RECURSO. Del análisis sistemático de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, relativos a la regulación de las notificaciones y término para la interposición del recurso de revisión en el juicio de garantías indirecto, se advierte que la interrupción de las labores de la autoridad responsable, en virtud de disfrutar de un descanso temporal (vacaciones), no es un componente previsto en las citadas normas, de lo que se colige que no suspende el aludido término, pues ésta, como parte integrante de la organización estatal, tiene la infraestructura necesaria para contar con personal de guardia capacitado o comisiones de receso, encargados de la recepción de notificaciones y, en su caso, de la presentación de los medios de impugnación que se requieran, precisamente en tales lapsos de descanso. Además, en atención al principio de paridad procesal que debe regir entre las partes, el quejoso o tercero perjudicado, como particulares, tendrían desventaja, si únicamente a la autoridad disconforme se le descontara del plazo legal para la interposición de los medios de defensa, el tiempo en que esté de vacaciones, pues ese beneficio no podría ser alegado por aquéllos, precisamente por no existir disposición jurídica que así lo permita." De igual forma, no debe soslayarse que la Constitución dispone, en sus artículos 103 y 107, que el juicio de amparo se reglamenta a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión, por tanto, las legislaturas de los Estados como las autoridades pertenecientes a éstos, como en la especie sucede con el Tribunal de Conciliación, no tienen competencia para regular el juicio de amparo; de aceptarse el criterio propuesto, se llegaría al absurdo de reconocer que el Tribunal Burocrático del Estado de Guerrero tiene competencias legislativas para reglamentar los cómputos de los plazos en el juicio de amparo, lo que sin duda conformaría una falacia de falsa autoridad, en la medida de que nuestra Constitución Federal no faculta a un órgano laboral local para regular o reglamentar los términos procesales que rigen en el juicio de amparo. Además, permitir que los Estados y, en su caso, las autoridades responsables regulen las reglas sobre los días hábiles aplicables en su perjuicio, diluiría el valor normativo del juicio de amparo como un medio de control constitucional. Los plazos en el juicio de amparo conforman una garantía orgánica del derecho de acceso a la justicia en sede constitucional, ya que los justiciables tienen la certeza de que dichos plazos son aquellos que condicionarán el tiempo de resolución de un juicio; sin embargo, si cualquier autoridad responsable se entiende habilitada para alterar los plazos del juicio de amparo mediante la regulación de los días hábiles, ello le daría un poder a los órganos controlados de postergar, a su conveniencia, la resolución de un medio de control. No sucede lo mismo con el periodo vacacional de la autoridad responsable, pues en este supuesto, resulta inconcuso que no pudo actuar materialmente al no trabajar, habida cuenta que se trata de un período de receso en el no se puede ni siquiera entregar una notificación al encontrarse cerrado al público el edificio correspondiente. La jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO.", no resulta aplicable al caso, pues basta su lectura, para advertir que la misma se refiere al término con el que cuentan los quejosos para promover una demanda de amparo indirecto; empero, sin que de la misma se desprenda que la autoridad responsable está facultada para suspender los términos procesales que rigen en el trámite de un juicio que no es su competencia conocer. Máxime, que la teología de ese criterio jurídico deriva del hecho relativo a que el término para la promoción de una demanda de amparo conforma un derecho de los particulares en aras de potencializar el derecho con el que cuenta sin inherente al acceso a la justicia a que se contrae el artículo 17 Constitucional, de lo que deriva, por exclusión que la precitada prerrogativa no puede hacerse extensiva a las autoridades responsables, cuando tal extremo conllevaría a generar un desequilibrio procesal entre las partes. Hechas las anteriores precisiones, se tiene que, en el caso a estudio, se notificó a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación del Estado de Guerrero, mediante oficio 13312/2020, entregado el ocho de julio de dos mil veintiuno, según se advierte de la razón actuarial que obra en autos En consecuencia, la notificación a la autoridad responsable, surtió sus efectos legales desde la hora en que quedó legalmente hecha, es decir, el ocho de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con los artículos 28, fracción I, 33 y 34, fracción I, de la Ley de Amparo; de manera que, el término de quince días con el que cuenta la autoridad responsable para rendir su informe justificado a que se refiere el numeral 117 del citado ordenamiento, comenzó a correr al día siguiente, o sea, el nueve de julio de dos mil veintiuno; sin que por el momento se tenga la certeza de cuándo fenecerá dicho plazo. Lo anterior en razón de que es un hecho notorio de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, para este juicio de amparo el proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el diverso juicio de amparo 1026/2019, del índice de este Juzgado Federal, en donde el Actuario Judicial adscrito a este órgano Jurisdiccional, indicó que se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; sin embargo, en la puerta de dicho órgano laboral encontró un aviso en el cual informaban que dicho tribunal suspendía labores a partir del cuatro al trece de agosto de dos mil veintiuno. Además, la autoridad responsable mediante oficio 1150/2021, informó que inhabilitó los días y prorrogar la suspensión de los términos procesales del dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; suspendiendo las actividades laborales y guardias para atención a abogados litigantes y público en general. En tal virtud, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada en doce de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2643/2021, que actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de julio de dos mil veintiuno. Glósese a los autos la razón actuarial de ocho de julio de dos mil veintiuno, firmada por el Actuario Judicial Adscrito a este órgano Jurisdiccional, de la que se advierte que, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de hacer entrega de los oficios descritos en la misma, lugar donde lo atendió el oficial de partes, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse Manuel García Palacios y, al que le explicó el motivo de su presencia. Situación por la cual el oficial de partes, le manifestó que solo podía recibir diez oficios por autoridad los días miércoles de cada semana, ello, por instrucciones de la Presidenta del mencionado tribunal; motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado, le hizo saber al servidor público las consecuencias y alcances del artículo 28, fracción l de la Ley de Amparo; no obstante, el mismo se negó a recibir los oficios de referencia, por lo que procedió a dejarlos fijados en la puerta de la autoridad responsable, dándola por notificada del contenido de los mismos; ello, con las facultades que le confiere el segundo párrafo del citado numeral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción l de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación de los oficios que señala el actuario en su razón de cuenta y, por tanto, la misma surtió plenos efectos legales conforme al citado numeral. Lo anterior resulta acorde a la facultad garante de este juzgado de distrito, para salvaguardar la garantía a la tutela jurisdiccional de las partes en el presente juicio, prevista en el artículo 17 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, partiendo de la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no pueden supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales; asimismo, atendiendo a que, el juicio de amparo es reconocido por la Corte Interamericana, por su naturaleza, en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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