Juan Miguel Villalobos Aguirre

Expediente 681/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
681/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2016

Partes del expediente

  • Juan Miguel Villalobos Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de ocho de diciembre de dos mil quince, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio promovido por Juan Miguel Villalobos Aguirre; consecuentemente, queda firme dicho auto, razón por la cual procede ordenar el archivo del expediente como asunto concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, el cual fue notificado al autorizado de la parte quejosa, el primero de diciembre de dos mil quince, sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante el citado proveído, este Juzgador advirtió una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento en el presente juicio, lo anterior, en estricto acatamiento a lo dispuesto por la fracción IV del precepto 63 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Se afirma que se actualiza dicha causa de sobreseimiento, ya que el quejoso en la demanda de amparo, señaló como acto reclamado la abstención de dictar el laudo que en derecho corresponda en los plazos y términos previstos por la ley, dentro del juicio laboral burocrático 663/2013-VII. Ahora bien, cabe precisar que la demanda de amparo promovida por Juan Miguel Villalobos Aguirre, fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California el veintitrés de noviembre de dos mil quince, seguidamente del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, se advierte que negó el acto reclamado, señalando que el seis de noviembre del presente año, se dictó el laudo correspondiente, y para tal efecto anexó copia certificada de las constancias que integran el expediente burocrático 663/2013-VII, de su índice, documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De lo anterior, se advierte que no existía el acto reclamado, al momento de presentarse la presente demanda de garantías, circunstancia ya expresada que implica por lógica que cuando se promovió el juicio de amparo, es decir, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, no existía el acto reclamado; de ahí que si la existencia del acto reclamado debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en el caso concreto no existía para cuando se controvirtió su constitucionalidad a través de la demanda de amparo. Por lo que debe decretarse el sobreseimiento, con base en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, para el supuesto de que se demuestre a través de las constancias de autos la no existencia del acto reclamado. Ilustra lo anterior la tesis aislada IV.3o.72 K, con registro 213793, de la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII de enero de 1994, materia común, página 254 que dice al rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 3/94, con registro 206346, de la Octava Época, instancia Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79 de julio de 1994, materia común, página 15, que reza al rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis número 121/2002-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTE E INDUDABLE. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo promovido por Juan Miguel Villalobos Aguirre. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil quince, dentro del presente juicio de amparo, por las razones antes expuestas. Por otra parte, visto el escrito y anexos presentados por Brenda Roacho Pérez, quien se ostenta como apoderada legal de Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California, agréguense a los autos sin mayor trámite, de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que si bien es cierto que exhibe las cartas poder a que hace referencia en el ocurso de cuenta, también lo es que no acompaño las copias certificadas de los nombramientos de los funcionarios que señala le otorgaron el poder con el que se ostenta, por lo que, no acredita su personalidad.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta, presentada por ***********, en contra de actos de H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 681/2015-5. -Suspensión- La parte quejosa no pidió la suspensión del acto reclamado, en consecuencia no se abre el incidente respectivo. -Informe Justificado- Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable el que se debe rendir dentro del término de quince días siguientes, a la fecha en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia legible y certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibida de que, en caso de no rendirlo, se presumirá como cierto el acto que se le atribuye; asimismo, se impondrá a la autoridad omisa multa por la cantidad de $7,010.00 pesos (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las diez horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil quince, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten, y se les apercibe de que en caso de no informarlo, se harán acreedores a una multa por la cantidad de $2,103.00 (dos mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo anterior de acuerdo con el artículo 251 de la Ley de Amparo. -Tercero interesado- Se reconoce el carácter de tercero interesado a Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y Secretaría de Educación y Bienestar Social, ambos con domicilio en esta ciudad, emplácese por medio de oficio; entréguese copia simple de la demanda de amparo, hágaseles saber el día y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional y requiéraseles para que dentro del término de tres días señalen domicilio para oír y recibir notificaciones. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Jesús Alberto Tirado Vega, Raúl Fernando Villalobos Pacheco y María Fernanda Cabrera Rocha, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Jaime Anibal Luna, esto con base en el artículo 12, último párrafo, en relación con el 24 segundo párrafo, del mismo ordenamiento, por no acreditar su calidad de profesionista. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5 fracción IV de la ley reglamentaria. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y Tercero transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 8º de la ley federal aludida.

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