Juan Miguel Monjaraz Herrera

Expediente 1701/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1701/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Miguel Monjaraz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos de los cuales se advierte que las autoridades responsables denominadas Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Pensiones de la Subdelegación Chihuahua de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Salud en el Trabajo de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar Número 44 de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Área de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar Número 33 de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en esta ciudad, han sido omisas en dar cumplimiento a los requerimientos realizados en proveídos de veinte de septiembre y cuatro de octubre pasado, no obstante de encontrarse debidamente notificadas de los mismos, por lo que infórmesele dicha circunstancia a la Dirección General de Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que conmine a las autoridades responsables a dar cumplimiento a los requerimientos formulados en autos, toda vez que en el presente juicio de amparo, se encuentran inmersos derechos humanos de una persona en estado de vulnerabilidad. Además, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "1", con residencia en esta ciudad, y en atención al mismo, requiérase al Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efecto la presente notificación, informe a este órgano jurisdiccional los siguientes datos relacionados con las personas físicas que ostentaron cada uno de los cargos precisados en párrafo precedentes: 1) Nombre correcto y completo 2) Fecha de nacimiento 3) Registro Federal de Contribuyentes, incluyendo su homoclave. 4) Domicilio particular completo. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de que la autoridad hacendaria, haga efectiva la multa impuesta en esta data. Se apercibe al Jefe del Departamento en mención que, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, o de no informar impedimento legal alguno, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá en vía de apremio una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado, o bien manifiesten si tiene algún impedimento legal o materia. Apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, se procederá conforme lo estatuye el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente y se le impondrá en vía de apremio, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos de los cuales se advierte que las autoridades responsables denominadas Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefe de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Pensiones de la Subdelegación Chihuahua de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Salud en el Trabajo de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar Número 44 de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Área de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar Número 33 de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en esta ciudad, han sido omisas en dar cumplimiento a los requerimientos realizados en proveídos de veinte de septiembre y cuatro de octubre pasado, no obstante de encontrarse debidamente notificadas de los mismos, por lo que infórmesele dicha circunstancia a la Dirección General de Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que conmine a las autoridades responsables a dar cumplimiento a los requerimientos formulados en autos, toda vez que en el presente juicio de amparo, se encuentran inmersos derechos humanos de una persona en estado de vulnerabilidad. Además, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "1", con residencia en esta ciudad, y en atención al mismo, requiérase al Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efecto la presente notificación, informe a este órgano jurisdiccional los siguientes datos relacionados con las personas físicas que ostentaron cada uno de los cargos precisados en párrafo precedentes: 1) Nombre correcto y completo 2) Fecha de nacimiento 3) Registro Federal de Contribuyentes, incluyendo su homoclave. 4) Domicilio particular completo. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de que la autoridad hacendaria, haga efectiva la multa impuesta en esta data. Se apercibe al Jefe del Departamento en mención que, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, o de no informar impedimento legal alguno, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá en vía de apremio una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado, o bien manifiesten si tiene algún impedimento legal o materia. Apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, se procederá conforme lo estatuye el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente y se le impondrá en vía de apremio, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". (Época: Novena Época. Registro: 199454. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 17/97. Página: 108). Finalmente, agréguese a los autos el escrito recibido mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar; y en atención a su contenido, téngasele haciendo las manifestaciones que señala en vía de alegatos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado actual de los autos, y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al requerimiento de veinte de septiembre del año en curso, sin que a la fecha lo haya realizado; no obstante de encontrarse debidamente notificadas de dicho proveído el veintidós de septiembre pasado. Por consiguiente se les hace efectivo el apercibimiento contenido en veinte de septiembre del año en curso, y se les impone a las autoridades responsables señaladas como Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefe de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Pensiones de la Subdelegación Chihuahua de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Salud en el Trabajo de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar Número 44 de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, Área de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar Número 33 de la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con residencia en esta ciudad, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo; para lo cual gírese oficio con transcripción de este proveído al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "1", con residencia en esta ciudad, para que se sirva hacerla efectiva, debiendo hacer del conocimiento de este órgano de control constitucional las gestiones que lleve a cabo para tal efecto. Por lo que, a fin de mejor proveer, requiérase al Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efecto la presente notificación, informe a este órgano jurisdiccional los siguientes datos relacionados con las personas físicas que ostentaron cada uno de los cargos precisados en párrafo precedentes: 1) Nombre correcto y completo 2) Fecha de nacimiento 3) Registro Federal de Contribuyentes, incluyendo su homoclave. 4) Domicilio particular completo. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de que la autoridad hacendaria, haga efectiva la multa impuesta en esta data. Se apercibe al Jefe del Departamento en mención que, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, o de no informar impedimento legal alguno, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá en vía de apremio una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado, o bien manifiesten si tiene algún impedimento legal o materia. Apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, se procederá conforme lo estatuye el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente y se le impondrá en vía de apremio, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". (Época: Novena Época. Registro: 199454. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 17/97. Página: 108). Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado actual de los autos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informen el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Apercibidos que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese.

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