Juan Miguel Molins Rivas
Expediente 38/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Miguel Molins Rivas
- Irma Yolanda Saldaña Galván
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y desprendiéndose de los mismos que por auto de cinco de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en los presentes autos, ordenándose el archivo de este asunto totalmente concluido, sin que al efecto se acordara respecto a la calificación del incidente de suspensión; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este tribunal revoque sus propias determinaciones, sino sólo subsanar las irregularidades advertidas; en ese sentido, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, se concedió la suspensión provisional, el cuadernillo original resulta susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años de haberse dictado la sentencia. Notifíquese.
- Principal
Obteniéndose de la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, toda vez que no existe actuación pendiente por realizar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
se notifica por lista al quejoso: Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Detenidos Mesa I, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado por este juzgado el seis de febrero de dos mil dieciocho, informando que la quejosa **, fue puesta a su disposición el día seis de enero del año en curso y posteriormente fue puesta en libertad el siete de enero de dos mil dieciocho, asimismo, anexa el informe policial homologado y el oficio de excarcelación y libertad de la quejosa, dirigido al Alcaide de la Ergástula Municipal de esta ciudad; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Ahora bien, en virtud de que de la documental que anexó la citada autoridad, se desprende que el siete de enero de dos mil dieciocho, la quejosa ** obtuvo su libertad en cumplimiento a lo ordenado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Detenidos Mesa I, con residencia en esta ciudad, esta juzgadora considera que se actualiza en la especie de manera indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones de índole jurídico. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone que: ..Del texto del precepto legal reproducido se deduce que para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es menester que todos los efectos del acto reclamado sean destruidos en forma total e incondicional; es decir, que no habrá de concretarse en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese sentido, debe de puntualizarse que el acto reclamado, se hizo consistir en la orden de detención girada en contra de la aquí quejosa. En tal circunstancia y atendiendo a este hecho extraordinario que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencia jurídicas ha desaparecido (en virtud de que la quejosa fue puesta en libertad), ya no es dable que el acto lesione a la quejosa, al dejar de existir el objeto del mismo, con la libertad otorgada; lo anterior es así, toda vez que no hay materia para que pueda surtir efectos legales porque dejó de existir el objeto del mismo, por lo que en tal virtud el juicio de amparo se torna improcedente de acuerdo a la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad generó sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, lo que de suyo implica que el fallo protector pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado, de lo que deriva que si durante la sustanciación del juicio de amparo, ocurre una circunstancia con la cual se acredite que los efectos del acto de autoridad ya no podrán concretarse en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que aquél es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, luego, es evidente que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, no podría surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su materia. Ahora bien, si el quejoso señaló en esencia como acto reclamado la falta de atención médica, en la especialidad de traumatología y la negativa de dar contestación a sus peticiones escritas y verbales y de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que obtuvo su libertad el seis de octubre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado por la Jueza Primera de Ejecución de Sentencias en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, esta juzgadora considera que los efectos del acto reclamado no podrían concretarse al haber sido puesto en libertad, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. No constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el once de enero de dos mil dieciocho, se requirió al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido Mesa I, con residencia en esta ciudad, a fin de que remitiera copia certificada del auto relativo a la libertad de la quejosa***quien le fue puesta a su disposición el seis de enero del año en curso; en tales condiciones, requiérase nuevamente a dicha autoridad a fin de que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, remita a este juzgado la información solicitada. Con el apercibimiento que de ser omisa sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que le impida hacerlo, se hará acreedora a una multa cincuenta unidades de medida y actualización equivalente a **, tomando como base el valor inicial diario equivalente a **con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan de nueva cuenta las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar su verificativo. Finalmente, toda vez que la quejosa ***, no ha dado cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de enero del año en curso, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido Mesa I, con residencia en esta ciudad, en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia, y se tienen únicamente como autoridades responsables a las señaladas en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.
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