Juan Miguel Martínez Sánchez

Expediente 701/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
701/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2018

Partes del expediente

  • Juan Miguel Martínez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    ... el escrito signado por la parte quejosa Juan Miguel Martínez Sánchez, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, previa certificación de desglose que obre en autos, devuélvansele las documentales a que hace referencia...

  2. Principal

    ..se declara que ha causado estado el referido auto. ...archívese el presente asunto como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese la razón actuarial de cuenta elaborada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de veinticuatro de julio pasado, por los motivos en ella expuestos; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, practíquesele dicha notificación por medio de lista de acuerdos, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Juan Miguel Martínez Sánchez, por propio derecho, contra actos del Director de Nóminas de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 701/2018/II-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se desprende la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de dar cumplimiento a su solicitud de cancelación de descuento a su salario, realizada por escrito de seis de julio de dos mil dieciocho; asimismo, según lo expuesto por el promovente, dichas deducciones se le practican por los conceptos con denominación: "PRE15NNA SA DE CV SOFOM ENR", "CONSUPAGO", GRUPO PEBEN SA DE CV" Y "FINANCIERA MAESTRA". El impetrante de garantías aduce que se viola en su perjuicio el artículo 8 constitucional, sin embargo, debe decirse que dicho precepto legal reconoce el derecho de petición de los particulares hacia las autoridades del Estado Mexicano; así, es requisito necesario que la autoridad a la que se pide algo al amparo de tal dispositivo tenga precisamente esa calidad, no obstante en el caso, al Director de Nóminas de la Secretaría de Educación de Veracruz, Departamento de Nóminas del Sistema Federal, y Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, no le recae el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ello, no le es exigible el cumplimiento de ese derecho en este caso específico, atento a lo que enseguida se expondrá. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que autoridad para efectos del juicio de amparo es el ente que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Ahora, si la pretensión de la parte quejosa es que la autoridad responsable deje de realizar los descuentos en su nómina por los conceptos con denominación: "PRE15NNA SA DE CV SOFOM ENR", "CONSUPAGO", GRUPO PEBEN SA DE CV" Y "FINANCIERA MAESTRA"; el amparo no resulta ser la vía idónea para tal pretensión, sino que tiene que ser obtenida a través del procedimiento jurisdiccional correspondiente, sobre todo si se atiende a la circunstancia que la relación existente entre la autoridad responsable y el aquí quejoso es meramente contractual. Esto es, se trata de una relación de coordinación no de supra a subordinación, por lo que, se reitera, la cesación de los descuentos que se le practican al quejoso por los conceptos citados en el párrafo que antecede, deberá ser ordenada a través del procedimiento jurisdiccional o contencioso que decida instar a través de los tribunales contenciosos y no a través del juicio de amparo, por no revestir tal solicitud un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, por no constituir un acto de imperium a través del cual la autoridad responsable de motu proprio, de manera imperativa y coercitiva, le imponga al reclamante un acto que afecte su esfera de derecho, lo cual no acontece en el caso, puesto que en la especie el reclamante lo que pretende en esta instancia constitucional que vía derecho de petición la autoridad responsable deje de practicarle los descuentos correspondientes. Por las razones anteriores, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no actúa como tal quien recibió el escrito de petición del quejoso con el que pretende obtener el cese en los descuentos que se le practican. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizados de su parte, con las restricciones que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Elio Iván Fernández Contreras y Augusto Hernández Alarcón, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado, así como a Cistina del Socorro Fonoy Calderón, por así solicitarlo expresamente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.

  4. Principal

    Agréguese la copia autógrafa del oficio del Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa las medidas tomadas a efecto de hacer efectiva la multa impuesta por este órgano jurisdiccional a Rodolfo Saab Chapa, Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México, por lo que tómese conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que en auto de ocho de junio del año en curso (fojas 294 a 296), se declararon cumplidos los efectos del fallo protector a que este juicio se refiere, déjese sin efecto legal alguno la multa ordenada por acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 166 y 167), impuesta al Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad multada y del Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" del Servicio de Administración Tributaria con sede en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.

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