Juan Miguel Marquez Mota

Expediente 2115/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2115/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Juan Miguel Marquez Mota

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 105 y 106), para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por ultima ocasión a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para que, en el término de tres días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, remita copia certificada (en forma completa y legible, debidamente foliado, rubricado, entresellado y signado por funcionario público facultado para el cotejo de dicha constancia) del documento con que acredite el pago a favor del quejoso, o en su caso, los tramites restantes para ello; en el entendido, de que compete a la citada Tesorera, en el ámbito de sus atribuciones, realizar las gestiones necesarias a fin de dar completo y cabal cumplimiento al fallo protector, inclusive instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. Al respecto, resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento" . Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 110), se reservó proveer el oficio presentado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, hasta en tanto transcurriera el término otorgado en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, situación que ya aconteció. Por tanto, téngase por recibido el citado oficio, signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y en atención a lo que solicita, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, se tiene por recibido la promoción de cuenta, signada por autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante la cual realiza manifestaciones en torno al pretendido incumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por ello, solicita la tramitación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente; en atención a ello, se provee: I. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se colige que si bien es cierto, hasta el momento, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, no ha cumplido totalmente con el fallo protector, también lo es que no se advierte una conducta dolosa y reiterada de la citada Tesorera en torno a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; se explica. En principio, cabe precisar que este órgano jurisdiccional, es quien determina si la actuación de la autoridad responsable o la vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en ese supuesto deberá imponerse la multa respectiva y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, finalmente, la consignación de las autoridades contumaces. En este orden de ideas, es oportuno señalar que en la sentencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (fojas 47 a 68), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que: ". a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso los artículos 6, fracción II y 44, fracciones VII y XVII, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, además, la autoridad competente deberá dejar insubsistente el recibo oficial de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; y aplicar la cantidad fija mínima a pagar, es decir, la contenida en la fracción XVI del citado precepto 44, por el monto de $3,585.00 (tres mil quinientos ochenta y cinco pesos moneda nacional), así como sus consecuencias por ser fruto de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades competa, en el caso, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco (sin importar que no haya sido llamada en el presente juicio) , emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados.". El dieciséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 73 a 75), causó ejecutoria la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, autoridad encargada de proceder a la devolución de la cantidad que corresponda, auto que se le notificó el veinticinco de julio de dos mil diecinueve (foja 77). En acatamiento a lo anterior, el uno de agosto de dos mil diecinueve (foja 81), se recibió oficio de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en el que solicitaba copia certificada del recibo oficial, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, el cual se le remitió. Así, en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (foja 85), se recibió nuevo comunicado de la citada Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual informó las gestiones que se encontraba realizando para el cumplimiento de la sentencia, por lo que se le requirió nuevamente. El dos de septiembre de dos mil diecinueve (foja 90), se recibió oficio del Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en el que informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la norma tildada de inconstitucional y se requirió nuevamente. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 95 y 96), en atención al oficio presentado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, se le requirió para que cumpliera con la ejecutoria de amparo y, para ello, se le otorgó un plazo de diez días para el cumplimiento de la misma. El catorce de octubre de dos mil diecinueve (foja 100), la citada autoridad informó a este Juzgado los trámites realizados para cubrir la cantidad excedente a devolver al quejoso y, por ello, se le requirió nuevamente para tal efecto. Finalmente, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 105), este órgano jurisdiccional requirió nuevamente a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y se otorgó una prórroga de diez días, por las razones que expuso en el oficio recibido en esa fecha, para el efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, término que feneció el once de noviembre siguiente, toda vez que se le notificó el oficio correspondiente el veinticinco de octubre pasado. Precisado lo anterior, mediante el presente proveído se requirió nuevamente y por última ocasión a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a efecto de procurar el exacto cumplimiento del fallo protector. Con base en lo expuesto, por el momento no ha lugar a dar trámite al incidente de inejecución de sentencia solicitado por la parte quejosa; ello, sin perjuicio de que, con posterioridad, este órgano jurisdiccional advierta una conducta contumaz de parte de la citada Tesorera que conlleve un retraso injustificado en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Al respecto, es importante destacar que la intención del procedimiento de ejecución, incluido el incidente que se solicita, no es, de manera preponderante, el enjuiciamiento de las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento efectivo del fallo protector; además, que no debe perderse de vista que, conforme lo dispuesto en los artículos 211 y 214 de la Ley de Amparo, dicho cumplimiento se traduce en un tema de orden público y seguimiento oficioso, razón por la cual este juzgador, en su carácter de rector de tal medio de control constitucional, debe dictar las órdenes y medidas de apremio necesarias para lograr aquél y, de ser el caso, tramitar el incidente de inejecución de sentencia ante la contumacia de las autoridades responsables, sin la necesidad de que la parte quejosa solicite la instrucción de tal etapa procesal. Es aplicable la jurisprudencia 58/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 9,286 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano