Juan Miguel Hernández Santillan
Expediente 1546/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Miguel Hernández Santillan
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción II del Acuerdo General antes citado, toda vez que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en el que se actúa, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que trancurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Notifíquese
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que a la fecha el presente incidente de suspensión, se encuentra debidamente integrado, por ende, remítanse al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito en esta ciudad, los escritos relativos a los siguientes recursos: Queja promovido por la parte tercero interesada Juan Antonio Ramírez Hernández, contra la resolución de veintiséis de julio de dos mil veintitrés; y, Queja interpuesto por el tercero interesado Ulises Giovanni Pedraza Castro, contra el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, remítanse por separado las copias certificadas del incidente suspensión relativo al juicio de amparo 1247/2023-II-A, anexo al informe, y hágase del conocimiento que el cierto el acto reclamado en los recursos de queja descritos. Notifíquese.
- Principal
SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA A su vez, se admite la presente demanda, atendiendo a que de su análisis integral, se desprende que la parte quejosa reclama como actos: "La omisión de la junta responsable para acordar la promoción de fecha 09 de noviembre del 2021, presentada por el quejoso ante la autoridad" Lo que hasta este momento podría actualizar la hipótesis de procedencia prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se forme incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Conforme al artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. PETICIÓN DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, todos de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendir en un plazo improrrogable de quince días, en el cual, la autoridad expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, consistente en la omisión de la junta responsable para acordar la promoción de fecha 09 de noviembre del 2021, presentada por el quejoso ante la autoridad. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A su vez, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que al rendir informe justificado expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) al resolver el fondo del asunto, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Recuérdese a la autoridad responsable ordenadora que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVII del citado ordenamiento, una vez que se decrete el cierre de instrucción y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo, deberá suspender el procedimiento seguido en contra del quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; Se tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a Fernando Villalobos Ordaz, en virtud que se encontró el registro de la célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a los demás citados en términos restringidos por no tener el registro de mérito, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerla como autorizada en términos ampliosasí AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO. En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFICACIONES DE DIFERIMIENTOS POR MEDIO DE LISTA En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se publica en internet y en el exterior del edificio que alberga este Juzgado de Distrito, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, materia común, página 1253, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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