Juan Miguel García Belmontes
Expediente 1652/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Miguel García Belmontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas del quince de enero de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1652/2018, estando en audiencia pública Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asistido de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. De igual forma se da cuenta con el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, registrado con el folio 521. A lo que el secretario encargado del despacho acuerda. Téngase por recibido el pedimento de referencia, dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva y por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la presente resolución, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa dicha copia. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 y 3), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 18, 21, 34 y 35); así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el secretario encargado del despacho provee. Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar que las autoridades responsables allegaron diversas documentales (fojas 19, 22, 36, 37, 64 a 107). A lo que el secretario encargado del despacho provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Enseguida, en el periodo de alegatos, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los que hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en el pedimento de cuenta; al no existir más alegatos que tener por reproducidos, se cierra la presente etapa. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del citado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1652/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida el mismo a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Juan Miguel García Belmontes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas. Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Coordinador de Área Médica del Centro Regional de reinserción social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: "Se efectúen estudios especializados en neurología (placas de tomografías del cerebro)". Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el consecutivo 1652/2018 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se decretó la suspensión de plano del acto reclamado; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama la omisión por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte que el acto reclamado consiste en: La falta de atención médica para lograr se realicen tomografías del cráneo al quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado (fojas 18, 21, 34 y 35). Sin embargo, al tratarse de autoridades administrativas, debe acudirse a las disposiciones que regulan su competencia para establecer si existe o no la obligación de conducirse de la forma en que el quejoso pretende. Así, tratándose de las personas que se encuentran privadas de su libertad, temporal (procesadas) o definitivamente (sentenciadas), dicho aspecto se acentúa en razón de que se trata de personas a las cuales se debe garantizar su derecho a la salud al tratarse de un grupo vulnerable o bien de personas que por sus condiciones o características requieran cuidados especiales. En esa tesitura, si bien en el caso las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, negaron la existencia del acto reclamado; cierto es también que, la omisión motivo de reclamo existe, por estar contemplada tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como en el Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, la obligación de proporcionar servicios médicos a las personas privadas de su libertad en esos centros. Por consiguiente, se tiene cierto el acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, es dable considerar que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado que se tuvo como cierto, atribuido a las autoridades responsables, en virtud de que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la promoción de la demanda de derechos, no agotó el principio de definitividad contemplado por la ley de la materia, que conduce a decretar el sobreseimiento como enseguida se evidenciará. El numeral enunciado, en relación con el 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De la interpretación literal del artículo 61 de la Ley de Amparo, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; y b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. Ahora, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige para su aplicación como condicionantes las siguientes: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que hace valer el quejoso. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. De tal modo, que se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, pues de autos se desprende que el justiciable pretende combatir en esta vía, la falta por parte de las autoridades responsables de atender sus peticiones de atención médica. Así, en relación a lo anterior, se estima que se debió agotar el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción invocada, pues en contra del acto reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 107, 115, 116, 117, 130 y 131, establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud de los cuales puede ser revocado, modificado, o nulificado el acto aquí reclamado como enseguida se observará. La citada Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas, tiene entre otros fines, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, respecto al acto aquí reclamado, en el artículo 114, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese Procedimiento Administrativo, las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa Ley para hacerlo valer a su favor, sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, quien tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y, una vez allegada de la información necesaria resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses de los peticionarios o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Recurso o medio de defensa legal, que cuando recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, el legitimado puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, por tratarse de un CASO URGENTE, de así considerarlo, como podría ser la falta de atención médica que refieren los quejosos en la demanda; supuesto en el cual el Juez de Ejecución, DE OFICIO, SUSPENDERÁ DE INMEDIATO el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución DETERMINARÁ LAS ACCIONES A REALIZAR por la autoridad penitenciaria. De lo que se colige que, conforme a las disposiciones de la citada ley, se pueden suspender los efectos de la falta de asistencia médica que ahora se reclama, de oficio y de inmediato mediante el planteamiento del procedimiento correspondiente, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo, pero sin exigir mayores requisitos que los consignados por la misma ley para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al efecto, se debe puntualizar que es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquéllas legitimadas puedan plantear peticiones ante el Juez de Ejecución, cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, relacionados con la salud del interno que amerite atención inmediata, es ineludible que opere la suspensión de oficio y con carácter inmediato a la queja que plantee una persona sujeta a internamiento; ello pone de manifiesto que será obligación de esa persona agotar dicho procedimiento. De lo anterior se sigue que, el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento; esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento; y por tanto, genera la obligación para el promovente, de agotarlo previamente al juicio de amparo. Así las cosas, es dable señalar que en el caso, para el suscrito, se actualiza la causal de improcedencia de referencia, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto de la omisión de las autoridades señaladas como responsables en su actuar respecto de la solicitud de brindarle asistencia médica adecuada. Sin embargo, no agotó previamente el recurso o procedimiento previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado, pues a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, que debe ser atendida como urgente por las autoridades penitenciarias, situación de la que se duele en esta vía constitucional. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le preste asistencia médica, el interesado debe agotar, previamente a la promoción de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así el quejoso, es que se actualiza la citada causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), con registro 2017822, Décima Época, Materia Común, publicada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad.". Comprobadas que fueron las hipótesis que dan lugar a la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se expone que en el presente juicio no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, para lo cual se procede a la transcripción del precepto que nos ocupa en lo conducente, esto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". Pues bien, como se observa del artículo apenas señalado, las excepciones al principio de definitividad, consisten en: 1. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 2. Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. 3. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. En ese orden, se considera que de acuerdo al contenido de esta sentencia constitucional, es evidente que el procedimiento administrativo que se plantea como la vía idónea, por virtud del cual pueden ser revocados, modificados, o nulificados los hechos, el acto o la omisión respecto de las condiciones de internamiento del aquí quejoso, se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, para la Federación así como para todas las Entidades Federativas, la cual además garantiza que las personas privadas de la libertad, ejerzan sus derechos y garantías fundamentales que les reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, y demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Con relación a la excepción al principio de definitividad, relativo al supuesto en que se aleguen violaciones directas a la Constitución, hace procedente el juicio de amparo sin agotar los procedimientos, recursos o medios de defensa ordinarios que la ley señale (en el caso los previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal); sin embargo, debe decirse que dicho supuesto de excepción opera sin lugar a dudas en aquellos casos en que únicamente se planteen ese tipo de violaciones, pero no para el caso en que se aleguen tanto contravenciones directas como indirectas al mismo tiempo (como en el caso que nos ocupa). Dicho de otra forma, tal excepción está reservada para el caso de que el quejoso sólo pueda atacar adecuadamente el acto reclamado (positivo o negativo) ante el órgano de control constitucional, en razón que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación (circunstancia que en el caso concreto no sucede como a la postre se evidenciara). Lo anterior no ocurre así, si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estima violatorio de derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta el acto combatido, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la actuación u omisión reclamada, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad mencionado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En efecto, si en la demanda de amparo y de los autos del presente juicio se plantean violaciones directas e indirectas al Pacto Federal, no opera la salvedad a la aplicación de dicho principio; pues lo cierto es que dicha trasgresión la hace derivar de la deficiente atención médica que para sus padecimientos, es decir, reclama tanto una falta como deficiente prestación de los servicios de salud proporcionados, esto es, aspectos relacionados con las condiciones de su internamiento; de tal forma que además de violaciones directas a la Carta Magna, también se reclaman violaciones indirectas, lo que de suyo no configura la excepción al principio de definitividad que previene la Ley de Amparo. Pues de las constancias allegadas al sumario se advierte que sí ha recibido atención médica. Bajo esa línea argumentativa, válidamente puede concluirse también que la deficiente atención médica, que reclama, lo es una violación indirecta a sus peticiones de atención médica realizadas al personal del centro penitenciario, lo que genera consecuentemente, que la petición planteada deba resolverla la autoridad ordinaria por inobservancia a leyes secundarias (Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo anterior es así, pues conforme al análisis desarrollado de la Ley Nacional de Ejecución Penal en párrafos precedentes, se advierte que dicha legislación, tiene como objetivo, entre otras cosas, la tutela de todos aquellos medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias; parámetros observados, desde luego, para las personas privadas de la libertad ya sea en prisión preventiva, o bien, por virtud de la compurgación de una sentencia condenatoria, esto es, todos los aspectos relativos a las condiciones de internamiento, como lo es la atención médica requerida durante la estancia de dichas personas en los centros penitenciarios. Se cita como apoyo, en lo conducente la tesis de jurisprudencia XX. J/1, Registro: 205283, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, materia común, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. Por otra parte, tampoco se actualiza la causa de excepción consistente en que el acto aquí reclamado carezca de fundamentación, pues, no se pierde de vista el hecho de que el acto que por esta vía se reclama resulta ser una omisión, negativa o deficiente atención médica, respecto de los padecimientos que el impetrante refiriere tener, lo que de suyo no revela un acto de manifestación externa y unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa competente, más bien se basa en la pretensión del quejoso de que se actúe en determinado sentido, pero para que ello acontezca, es necesario concluir con el procedimiento administrativo que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues recordemos que tal excepción se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al justiciable en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. De tal manera que de estar inconforme con la asistencia médica aludida, el directo quejoso, su defensa o persona legitimada, deberán continuar con el procedimiento administrativo que ellos iniciaron ante la autoridad penitenciaria, y de ser el caso ante el órgano jurisdiccional de ejecución respectivo, y solo de ese modo vencer el principio de definitividad analizado. Sin que lo que aquí se resuelve implique desatender la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional, que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internaciones de la materia, por dos razones fundamentales. La primera razón, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo improcedente. Sostiene el argumento la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, con número de registro 2005717, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 487, Materia Constitucional, Décima Época, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Cierto, lo relativo a que el gobernado tenga acceso a la justicia, no significa que deba resolverse todos los asuntos sin atender sus requisitos o presupuestos de procedencia, puesto que el respeto a dicho derecho fundamental, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre a los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además, de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, aunado a que dichos requisitos de procedibilidad son indispensables y obligatorios tanto para prosecución como para el respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. A más, la obligación de salvaguardar el derecho a la salud de las personas internas, así como la figura de la suplencia de la queja; no implican soslayar las reglas de procedencia de la acción constitucional, toda vez que el hecho de que el orden jurídico interno prevea criterios de admisibilidad de los recursos judiciales, es decir, requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a la salud, sobre todo porque como vimos, en el particular no sólo se exponen violaciones directas a la Constitución. Esto se entiende, si se pondera que por razones de seguridad jurídica, así como en aras de lograr una correcta y funcional administración de justicia y una protección efectiva de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de modo, que si bien éstos deben estar disponibles para el interesado a fin de que se resuelva efectiva y fundadamente el asunto planteado, debe acotarse que no siempre, y en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que se les plantea, pues para ello deben previamente satisfacerse los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Estimar lo contrario, traería como resultado el total quebrantamiento de las reglas que rigen el juicio de amparo, pues convenir con la pretensión de la parte disconforme, implicaría llegar al extremo de analizar de fondo el asunto, soslayando que no satisfizo uno de los presupuestos de procedencia del juicio constitucional (definitividad), lo que precisamente impide el estudio de fondo del asunto. Por otra parte, tampoco se percibe se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, se trata de una supuesta omisión, negativa o deficiencia de la autoridad responsable de no atender de forma apropiada a las condiciones de salud de los quejosos, de acuerdo al cuadro clínico que dice presentar, que no implica afectación a su libertad personal, ni directa ni indirecta, ya que aun cuando deriva de un asunto de naturaleza penal, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Menos aún, se observa que el acto que por esta vía se combate consista en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso (o auto de formal prisión), una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; ni se percibe, que en el acto impugnado por que el quejoso, le asista el carácter de persona extraña al procedimiento del que deriva, y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierte que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se encuentra plenamente establecido en los artículos 107 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisando, además que el hecho de que con el acto que se pretendió reclamar a las autoridades, pudiera afectarse algún derecho sustantivo, ello no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que como ya se vio, no se surte ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En otro orden, es de destacar los beneficios que se contienen en la Ley Nacional de Ejecución Penal a favor de las personas privadas de su libertad, a diferencia del contenido de la Ley de Amparo, expresamente se dispone: Que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor. Que se otorga la legitimación a los familiares de las personas privadas de la libertad para formular las peticiones ante la autoridad en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que el acceso a la tramitación del procedimiento administrativo, al encontrarse con la Ley de Amparo, sólo precisa sin mayor formalidad que la escrita. Que el procedimiento administrativo es más expedito. Que se prevé la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o de por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación. Cobran aplicación las tesis del rubro siguientes: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓ." "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Opinar lo contrario implicaría dejar en manos de las partes promoventes de un juicio de amparo, la decisión de agotar los medios de defensa establecidos con relación a las acciones legales o procedimientos por ellos instados, lo que se torna jurídicamente inaceptable, ya que haría nugatorio el carácter extraordinario del amparo como medio de defensa constitucional. En virtud de que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente asunto, conforme la fracción V, del artículo 63 del propio ordenamiento legal. Por todo lo expuesto y fundado se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Miguel García Belmontes, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, el estado de auto que guarda el presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes con la constancia remitida por la autoridad responsable Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE para su desahogo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
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En dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 24512 y anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, remite copia del oficio signado por el Coordinador del área médica del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en el que informa la relación de citas médicas programadas al quejoso; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para que informara el resultado del requerimiento formulado por el Coordinador del Área Médica del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Hospital General de Zacatecas respecto a la relación de citas que se encuentran agendadas para realizar la tomografía axial computarizada al quejoso Juan Manuel García Belmontes, sin que a la fecha haya dado cumplimiento; en consecuencia, requiérase al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para que informe dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, el resultado del requerimiento en mención. Bajo apercibimiento que de no hacerlo o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
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