Juan Miguel Félix Armenta
Expediente 229/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- (Desiste Sfa) Marco Antonio Salas Arana
- Juan Miguel Félix Armenta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tijuana, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa y sus autorizados, no interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de tres de mayo de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otra parte, del estado de autos se advierte que la parte quejosa ni sus autorizados, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.1.1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se indica que toda vez que en el presente expediente mediante determinación judicial de treinta de marzo de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional, por resolución incidental de seis de abril de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, se establece que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 21 penúltimo párrafo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Y por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Por otro lado, al considerar que los quejosos Marco Antonio Salas Arana y Juan Miguel Félix Armenta, se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y, atendiendo la situación social actual por el virus SARS-CoV-2, es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Es por ello que para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes, se estima necesario hacer uso de los sistemas electrónicos existentes en la actualidad; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII del acuerdo general 12/2020, artículo 2, fracciones X y XII, del acuerdo general 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente a los quejosos mediante la plataforma denominada "webex". En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente acuerdo, y constate que éste tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, deberá levantar constancia de ello. Notifíquese y personalmente a los quejosos y sus autorizados.Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 229/2022-G, promovido por Juan Miguel Félix Armenta, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución de Penas del Partido Judicial de esta ciudad y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o s: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, Marco Antonio Salas Arana y Juan Miguel Félix Armenta, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 1, 8, 17, 18, 62, 63 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión, trámite e integración. Este órgano de control constitucional en auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, tuvo por recibida la demanda de amparo, ordenó su registro con el número 229/2022-G, admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito, y solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, asimismo se dio vista a los quejosos a efecto que si era su deseo de ampliar la demanda de amparo respecto a la emisión del acuerdo general 01/2022 dentro del cuaderno de antecedentes 159/2022 del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En constancia de notificación realizada a los quejosos el veinte de abril de dos mil veintidós, en la cual los quejosos manifestaron su deseo de ampliar la demanda de amparo respecto a la autoridad y acto precisado en el párrafo que antecede. Mediante determinación judicial de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el cual entre otras cuestiones, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, y se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asimismo se dio vista a los quejosos a efecto que si era su interés ampliar la demanda de amparo respecto a los siguientes actos y autoridades responsables: Oficio CESISEPEBC/S-DGCPCPA/410/2022, suscrito por el Director del Centro de Reinserción de esta ciudad; Oficio CESISPEBC/SDGCPYCPA/1355/2022 de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes; Oficio CESISPEBC/TIT/0263/2022 suscrito por la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California; y Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, a quien legalmente le corresponde proveer respecto a las peticiones formuladas por el quejoso Marco Antonio Salas Arana. Mediante constancia de notificación realizada a los quejosos el dos de mayo de dos mil veintidós, el impetrante Marco Antonio Salas Arana, manifestó su deseo de desistirse de la tramitación del presente juicio de amparo; y por su parte el diverso quejoso Juan Miguel Félix Armenta, expuso su interés en ampliar la demanda de amparo respecto a las autoridades y acto precisado en el inciso que antecede. Atendiendo a lo anterior, en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente por lo que se refiere al quejoso Marco Antonio Salas Arana, asimismo, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto al quejoso Juan Miguel Félix Armenta, por los actos y autoridad referidos en el auto de veintinueve de abril último, y se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado correspondiente. Previos diferimientos la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; por tratarse de un juicio de amparo, en el que se reclaman actos de autoridad, cuyo domicilio y ejecución se alega, tienen lugar en el territorio donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía por el quejoso Juan Miguel Félix Armenta son los siguientes: Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. La omisión de dar respuesta a la petición formulada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no ser trasladado a diverso centro penitenciario. La emisión del acuerdo 01/2022 dentro del cuaderno de antecedentes 159/2022 del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el que se calificó de legal la orden de traslado del quejoso. Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. La omisión de dar respuesta a la petición formulada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no ser trasladado a diverso centro penitenciario. Director del Centro de Reinserción Social Tijuana La emisión del oficio CESISEPEBC/S-DGCPCPA/410/2022. Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali La emisión del oficio CESISPEBC/SDGCPYCPA/1355/2022; Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali La emisión del oficio CESISPEBC/TIT/0263/2022, que contiene la determinación administrativa de traslado, entre otros del quejoso Juan Miguel Félix Armenta. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de dar respuesta a la petición formulada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de no ser trasladado a diverso centro penitenciario. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, no son ciertos los actos reclamados al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California, y al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de proveer la petición formulada a fin de no ser traslado a diverso centro penitenciario; ya que al rendir el informe justificado que les fue requerido, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen en el ámbito de su competencia; sin que la parte quejosa allegara medio probatorio alguno para desvirtuar dicha negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dichos informes. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Lo que además se corrobora con la copia certificada del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el cuaderno de ejecución 1637/2020, del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California de esta ciudad; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior porque de las constancias remitidas por dicha responsable, se advierte que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en ese órgano jurisdiccional el escrito firmado por el quejoso Juan Miguel Félix Armenta, en el cual solicitó no ser trasladado a ningún otro centro penitenciario y derivado de esa petición, mediante proveído de siete de diciembre de esa anualidad, el Juez responsable hizo saber al quejoso que una vez efectuada una búsqueda en los archivos electrónicos que obran en el Sistema Integral de Administración Judicial no encontró registro a nombre del quejoso Juan Miguel Félix Armenta, en la que se haya ordenado o convalidado el traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana a un diverso centro penitenciario. De todo lo cual, se puede evidenciar con certeza que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de marzo de dos mil veintidós), el acto combatido en esta vía consistente en la falta de respuesta a la petición de no ser trasladado a diverso centro penitenciario, no existe, pues respecto dicha solicitud se emitió un auto desde el siete de septiembre de dos mil veintiuno. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la autoridad y acto reclamado mencionados en el presente considerando. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables en su denominación correcta rindieron el informe que les fue requerido en los siguientes términos: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad Cierto 2 Director del Centro de Reinserción Social Tijuana Cierto 3 Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes Cierto 4 Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California Cierto Es cierto el acto reclamado a cada una de las autoridades precisadas en los ordinales 1 a 4 del cuadro descriptivo que antecede, pues así lo manifestaron al rendir respectivamente su informe justificado, por ende, se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada cada una de ellas anexó a su informe justificado. Documentales públicas, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." Así también, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto e+9l acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Causales de improcedencia. Las partes en este juicio no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni de las constancias de autos se advierte alguna que deba hacerse valer de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo; siendo ello así, lo procedente es analizar el fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación que hace valer el impetrante, que se contienen glosados a este expediente, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 3/99, que expresa en su rubro, lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En este orden de ideas, el Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, y la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, ambos con residencia en Mexicali, refirieron que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, se estima fundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, hecha valer por las autoridades responsables, aunque por diversos motivos a los expuestos, al haber cesado los efectos de estos. Así, en relación a los actos reclamados a las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, Director General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes; y, Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, estas últimas con residencia en Mexicali, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de estos por haber sido sustituidos procesalmente por diverso acto de autoridad. En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En estas resoluciones se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea sustituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. Así, el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del primer acto reclamado, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a dicho acto reclamado, ya no está regida por éste, sino por una nueva determinación. Motivo por el que esta determinación sustituye procesalmente el auto controvertido primigeniamente, y por ende, para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente, de ahí que, será la nueva determinación, la que podría ser materia del juicio constitucional. Se dice que se actualiza dicha causal de improcedencia porque de las constancias que allegó la autoridad responsable, Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California consistentes en copia certificada del cuaderno de ejecución 485/2022 de su índice, a las que se les otorgó valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, segundo párrafo, se desprende que el uno de abril de dos mil veintidós, calificó de legal la determinación de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento. Por lo anterior, es evidente que el oficio CESISPEBC/TIT/0263/2022, firmado por la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, informó al Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes, y que contiene la resolución administrativa de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento entre otros del quejoso Juan Miguel Félix Armenta al Complejo Penitenciario El Hongo, en Tecate, Baja California; el diverso comunicado CESISPEBC/SDGCPYCPA/1355/2022, suscrito por el Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes; y el oficio CESISEPEBC/S-DGCPCPA/410/2022, suscrito por el Director del Centro de Reinserción de esta ciudad, relativos a las gestiones que dieron origen al primero de los referidos, fueron sustituidos procesalmente por la determinación de uno de abril de dos mil veintidós dictada por el Juez responsable; lo que materializa el motivo de improcedencia en estudio dado que las consecuencias jurídicas del acto combatido fueron sustituidas por la determinación en la que se calificó de legal el desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que a dichas autoridades y actos se refiere. En diverso tenor, también se estima fundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, hecha valer por las autoridades responsables Director General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes; y, Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, al haber sido recurrida la determinación del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en la que se calificó de legal el desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Tijuana (entre las que se encuentra el quejoso Juan Miguel Félix Armenta) al Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate Baja California, tal y como se verá a continuación. Es así ya que respecto al acto reclamado, consistente en el acuerdo 01/2022 dictado dentro del cuaderno de antecedentes 159/2022, por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el cual se calificó de legal la determinación administrativa emitida por la Comisionada Estatal del Servicio Penitenciario de Baja California, por la que ordenó el desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Tijuana (entre las que se encuentra el quejoso Juan Miguel Félix Armenta) al Centro de Reinserción Social "El Hongo I", en Tecate Baja California, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que de suyo establece la imposibilidad de instaurar el juicio de amparo cuando ante los tribunales ordinarios esté en trámite algún recurso o medio de defensa interpuesto por el quejoso a través del cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado en el juicio de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para constituir jurídicamente la hipótesis en comento, es necesario que: Sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o promovido el medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; Que éste haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y Que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia del acto de autoridad, señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Lo anterior, expone el máximo tribunal de esta nación, se justifica porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Además, refiere que de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos; esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En suma, concluye el aludido órgano de control constitucional, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando se acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de control constitucional, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que ello sea así; y si constituye o no, la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Las consideraciones plasmadas son consultables en la ejecutoria que origina la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 190665, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, página 15, correspondiente a Diciembre de 2000, cuyo epígrafe y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". En el caso concreto, las condiciones requeridas para configurar la causa de improcedencia en estudio están justificadas. Previo a realizar el análisis respectivo, se estima necesario establecer, los antecedentes de los actos reclamados que obran en el cuaderno de ejecución 485/2022, lo cual se precisa en los siguientes términos: Mediante oficio CESISPEBC/TIT/0263/2022, la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, informó al Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes, la resolución administrativa de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento entre otros del quejoso Juan Miguel Félix Armenta al Complejo Penitenciario El Hongo, en Tecate, Baja California. Mediante oficio CESISPEBC/SDGCPYCPA/1355/2022 de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes; se hizo del conocimiento al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, la resolución administrativa de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento entre otros del quejoso Juan Miguel Félix Armenta al Complejo Penitenciario El Hongo, en Tecate, Baja California. Mediante del oficio CESISEPEBC/S-DGCPCPA/410/2022, suscrito por el Director del Centro de Reinserción de esta ciudad, solicitó al Juez de Ejecución del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, calificara de legal la determinación administrativa de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento entre otros del quejoso Juan Miguel Félix Armenta al Complejo Penitenciario El Hongo, en Tecate, Baja California. Derivada de la petición formulada por el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, el Juez de Control Especializado en ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, emitió el acuerdo 01/2022 dentro del cuaderno de antecedentes 159/2022 del índice del Juzgado de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el cual determinó calificar de legal de determinación de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento. Mediante exhorto se ordenó notificar, entre otros al quejoso Juan Miguel Félix Armenta, la determinación que calificó de legal el desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento, por lo que el seis de abril de dos mil veintidós, el quejoso interpuso recurso de apelación. Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por admitido el recurso de apelación hecho valer. Hasta ahora, conforme a los antecedentes destacados, se estima que se configuran las condiciones sostenidas en el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 144/2000, antes invocado, pues fue la parte quejosa quien el seis de abril de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable, mismo que fue admitido el once de agosto del año en curso, por ende el mismo, hasta esta fecha se encuentra pendiente de resolver. Sobre las actuaciones reseñadas del juicio de amparo 665/2020, cabe destacar que, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal, que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 74 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por último, respecto a la tercera condición consistente en que ese medio de defensa pendiente de resolver, constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia del acto de autoridad, señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, también se satisface por las consideración siguientes: Los artículos 131 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" "Artículo 133. Efectos de la apelación. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De los artículos transcritos, de inicio, se advierte que, tratándose de resoluciones que se pronuncien sobre afectación a los derechos de personas privadas de la libertad (tales como los traslados nacionales), la Ley Nacional de Ejecución establece el recurso de apelación ante el juez correspondiente a fin de abrir la segunda instancia y permite a las personas privadas de su libertad la protección de sus derechos, el cual podrá ejercitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Circunstancias que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los Tribunales Federales y locales. Lo anterior, tal como se desprende de los artículos descritos en relación con la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el recurso de apelación constituye: Un recurso o medio de defensa legal (previsto por una ley) y judicializado (cuyo conocimiento y resolución a un Tribunal de Alzada para revisar las actuaciones del Juez natural). A través del cual es posible modificar o revocar el acto de autoridad judicial. Máxime que, conforme a las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa fue trasladada del Centro de Reinserción Social Tijuana al diverso Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California en cumplimiento a la determinación administrativa pronunciada por la Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, relativa al desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento en virtud de las condiciones de hacinamiento que imperaban en el Centro Penitenciario Tijuana Anterior determinación que fue calificada de legal mediante Acuerdo General 01/2022 emitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en los autos del cuaderno de antecedentes 159/2022; en contra de la cual el quejoso interpuso recurso de apelación. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que no se está en alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes citado, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que, como se advierte del criterio antes transcrito, la orden de traslado constituye un acto dictado dentro del procedimiento; incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; lo anterior, toda vez que la resolución por la que actualmente se encuentra restringida la libertad personal del quejoso, lo constituye la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria dictada en el proceso que fue instruido en su contra por la autoridad judicial, más no por la calificación de su traslado. Aspecto que se robustecido al tenor de lo expuesto por el más alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la que derivó la diversa jurisprudencia de rubro "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", en la que se apartó de considerar al traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como un acto que afecta la libertad personal del quejoso, tal y como se desprende de la transcripción de la parte conducente de dicha ejecutoria en la que se precisó: "(.) 106. No pasa inadvertido que al resolver la contradicción de tesis 461/2012 esta Primera Sala determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. . 110. De resultar que la decisión judicial indicada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. (.)". Por otra parte, tampoco se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se ha demostrado en párrafos que anteceden, el contenido del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -aplicable al caso concreto-, que prevé el medio ordinario de defensa, no requiere de interpretación adicional para desentrañar su sentido y establecer los casos de procedencia, ya que claramente establecen en qué supuestos procede, en su caso, interponer el recurso de apelación, por lo que constituyen un fundamento suficiente para el efecto indicado, se itera, en los términos analizados anteriormente. Es decir, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado - siempre y cuando sea el idóneo- por lo que es suficiente que la ley del acto lo contemple para que esté a disposición del interesado y éste pueda interponerlo; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. En ese sentido, si en la especie están demostrados cada uno de los supuestos indispensables para configurar la causa de improcedencia en estudio, porque la parte quejosa es quien promovió el recurso de apelación (que se encuentra pendiente de resolver), en contra de la determinación de uno de abril de dos mil veintidós, en el cual se plasmaron las consideraciones con base en las cuales, se determinó calificar de legal la resolución administrativa de desplazamiento físico por modificación del lugar de internamiento; es incontrovertible que este juicio de amparo deviene improcedente porque en el juicio de origen se tramita el referido medio de defensa ordinario, que dicho sea de paso aún no se resuelve, y que de resultar procedente, y modificar la determinación combatida por dicho recurso, dejaría sin efecto el acto que en este juicio de amparo se combate. Bajo esta óptica jurídica, es inconcuso que este proceso constitucional es improcedente al actualizarse en forma inequívoca la causa a que alude el artículo 61, fracciones XXI y XIX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el diverso numeral 63 de aquel cuerpo normativo, debe SOBRESEERSE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por lo que se refiere a dicho acto reclamado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado releva a este Órgano de Control de la Constitucionalidad de estudiar los conceptos de violación alegados por el solicitante de amparo. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 394465, localizable en la página: 335, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Miguel Félix Armenta, respecto de las autoridades y actos reclamados en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo constitucional. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso y sus asesores jurídicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Baja California, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el dos de agosto del año en curso, informa que respecto al recurso de apelación hecho valer por Juan Miguel Félix Armenta, en contra de la determinación que calificó de legal el desplazamiento físico, le corresponde dar trámite y seguimiento al diverso Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sin que se estime necesario requerir al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que informe sobre el trámite realizado respecto al medio de impugnación aludido en párrafos anteriores, pues del estado de autos se advierte que en proveído de doce de agosto último, se le tuvo informando lo propio. Por otro lado, al considerar que el quejoso Juan Miguel Félix Armenta, se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y, atendiendo la situación social actual por el virus SARS-CoV-2, es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Es por ello que para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes, se estima necesario hacer uso de los sistemas electrónicos existentes en la actualidad; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII del acuerdo general 12/2020, artículo 2, fracciones X y XII, del acuerdo general 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente a los quejosos mediante la plataforma denominada "webex". En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente acuerdo, y constate que éste tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, deberá levantar constancia de ello. Notifíquese y personalmente al quejoso y sus asesores jurídicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California; por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el dos de agosto del año en curso, informa que el once de agosto de dos mil veintidós, se admitió el recurso de apelación hecho valer por Juan Miguel Félix Armenta, en contra de la determinación que calificó de legal el desplazamiento físico del quejoso a diverso centro penitenciario. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, al considerar que el quejoso Juan Miguel Félix Armenta, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II", con sede en Tecate, Baja California; y, atendiendo la situación social actual por el virus SARS-CoV-2, es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Es por ello que para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes, se estima necesario hacer uso de los sistemas electrónicos existentes en la actualidad; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII del acuerdo general 12/2020, artículo 2, fracciones X y XII, del acuerdo general 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente a los quejosos mediante la plataforma denominada "webex". En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente acuerdo, y constate que éste tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, deberá levantar constancia de ello. Finalmente, atendiendo a la voluminosidad del presente expediente y a fin de tener un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena la apertura del segundo tomo. Notifíquese y personalmente al quejoso y sus asesores jurídicos.Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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