Juan Miguel Cortes Piña
Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Miguel Cortes Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que debido a que el quejoso Juan Miguel Cortés Piña, aún no ha sido notificado del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la prueba pericial contable que ofreció en su escrito de demanda, no ha empezado a transcurrir el término de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que interponga recurso de queja contra esa determinación. Por lo expuesto, se procede a diferir, de oficio, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, se advierte que por auto admisorio de diez de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, se reservó acordar lo relativo a la prueba pericial contable que anunció el quejoso **** en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto se encontrara integrada la Litis, lo que ya aconteció, como se observa de las constancias glosadas. En ese caso, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se desecha la referida prueba pericial. Ello es así, debido a que resulta impertinente porque tal probanza no guarda relación con el acto que se controvierte en el presente juicio de amparo, que se trata del siguiente: La resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, que declaró improcedente el recurso de queja por exceso y defecto, que interpuso el aquí quejoso, contra el incumplimiento de la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Ahora, de la propia demanda de amparo el quejoso manifiesta que la prueba referida guarda relación con lo argumentado en su segundo concepto de violación, y que su propósito es demostrar el indebido cálculo del saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio 2020, que fue realizado por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2", del Servicio de Administración Tributaria, en el acto que reclama en esta vía constitucional. De esa manera, al analizar el segundo concepto de violación formulado por la parte quejosa, se advierte que sus argumentos están encaminados a combatir el acto consistente en el oficio ********************, por el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" del Servicio de Administración Tributaria, pretendió dar cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, en el expediente 2528/21-13-01-2. Sin embargo, el diez de mayo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, respecto del acto de molestia consistente en el precitado oficio ********************, determinación que quedó firme mediante ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Así las cosas, la suscrita juzgadora considera que la citada probanza, no guarda relación inmediata con el acto por el que se tramita este juicio de amparo, que es la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, en la que se declaró improcedente el recurso de queja por exceso y defecto, que interpuso el aquí quejoso, contra el incumplimiento de la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Es así, porque lo que se analizará al resolver en este juicio de amparo, será la constitucionalidad y legalidad de la citada de resolución de improcedencia, y no el contenido del oficio ********************; es decir, la suscrita únicamente se ocupará en determinar si la resolución que emitió la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se encuentra o no apegada a derecho. De igual manera, tampoco es idónea tal probanza porque el quejoso pretende demostrar ese mismo hecho que no guarda relación con la litis, pues como ya se explicó, en este controvertido constitucional se analizará la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, con el fin de determinar si le asiste la razón a la autoridad responsable al haber declarado improcedente el recurso de queja por exceso y defecto, que hizo valer el aquí quejoso ante su potestad o asiste razón al quejoso en su reclamo; por tanto, es incuestionable que su prueba, resulta no ser pertinente ni idónea para controvertir el acto aquí reclamado, como se adelantó. Apoya la anterior determinación la tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable a página 1888, tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175823, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: alapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, se advierte que por auto admisorio de diez de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, se reservó acordar lo relativo a la prueba pericial contable que anunció el quejoso **** en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto se encontrara integrada la Litis, lo que ya aconteció, como se observa de las constancias glosadas. En ese caso, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se desecha la referida prueba pericial. Ello es así, debido a que resulta impertinente porque tal probanza no guarda relación con el acto que se controvierte en el presente juicio de amparo, que se trata del siguiente: La resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, que declaró improcedente el recurso de queja por exceso y defecto, que interpuso el aquí quejoso, contra el incumplimiento de la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Ahora, de la propia demanda de amparo el quejoso manifiesta que la prueba referida guarda relación con lo argumentado en su segundo concepto de violación, y que su propósito es demostrar el indebido cálculo del saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio 2020, que fue realizado por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2", del Servicio de Administración Tributaria, en el acto que reclama en esta vía constitucional. De esa manera, al analizar el segundo concepto de violación formulado por la parte quejosa, se advierte que sus argumentos están encaminados a combatir el acto consistente en el oficio ********************, por el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" del Servicio de Administración Tributaria, pretendió dar cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, en el expediente 2528/21-13-01-2. Sin embargo, el diez de mayo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, respecto del acto de molestia consistente en el precitado oficio ********************, determinación que quedó firme mediante ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Así las cosas, la suscrita juzgadora considera que la citada probanza, no guarda relación inmediata con el acto por el que se tramita este juicio de amparo, que es la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, en la que se declaró improcedente el recurso de queja por exceso y defecto, que interpuso el aquí quejoso, contra el incumplimiento de la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Es así, porque lo que se analizará al resolver en este juicio de amparo, será la constitucionalidad y legalidad de la citada de resolución de improcedencia, y no el contenido del oficio ********************; es decir, la suscrita únicamente se ocupará en determinar si la resolución que emitió la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se encuentra o no apegada a derecho. De igual manera, tampoco es idónea tal probanza porque el quejoso pretende demostrar ese mismo hecho que no guarda relación con la litis, pues como ya se explicó, en este controvertido constitucional se analizará la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, con el fin de determinar si le asiste la razón a la autoridad responsable al haber declarado improcedente el recurso de queja por exceso y defecto, que hizo valer el aquí quejoso ante su potestad o asiste razón al quejoso en su reclamo; por tanto, es incuestionable que su prueba, resulta no ser pertinente ni idónea para controvertir el acto aquí reclamado, como se adelantó. Apoya la anterior determinación la tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, consultable a página 1888, tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175823, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Veracruz "2", con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual comparece a juicio en representación de la autoridad tercera interesada Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2", designa delegados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ofrece pruebas y formula manifestaciones en relación con el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, téngase a la nombrada autoridad por apersonada al juicio de amparo en que se actúa en su carácter de tercera interesada, y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a su vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable y las demás constancias de autos, a fin de que manifieste lo que a sus intereses legales convenga, de así considerarlo pertinente. Por otra parte, en términos de los artículos 26, fracción II, inciso b), artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio el que indica en el oficio que se provee, y como su autorizada en amplios términos previstos por el artículo 12 de dicha ley, a ********************quien cuenta con el registro ********************, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas restantes que señala para ese efecto en su oficio, porque no aparecen sus registros en el citado sistema, y la autoridad tercera interesada no señaló los datos con los que dichos autorizados acrediten ser licenciados en derecho. ...No pasa inadvertido para la suscrita, el hecho de que la autoridad promovente, haya designado a las personas antes nombradas con el carácter de delegados; sin embargo, conforme a lo estipulado por el artículo 9 de la Ley de Amparo, las únicas facultadas para designar delegados son las autoridades responsables, y la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2", tiene el carácter de tercera interesada en este asunto; por ello, tiene la facultad de designar autorizados, como lo prevé el precitado numeral 12, de la legislación que nos ocupa. Con fundamento en los artículos 119 y 124, de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad referida, las documentales que ofrece, y por hechas sus manifestaciones vertidas a manera de alegatos, con lo que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, por cuanto hace a las tres copias del oficio y anexos de cuenta, que adjunta la autoridad responsable, resulta innecesario glosarlas a este expediente, con el fin de evitar su engrosamiento de manera innecesaria, ya que no resultan indispensables para la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Juan Martin Capistran Jiménez812/2019
- Juan Martín Margalli Valdiviezo464/2023
- Juan Martínez Paz766/2018
- Juan Martínez Terán1171/2019
- Juan Melchor Hernandez82/2023
- Juan Melchor Hernandez1258/2022
- Juan Miguel Martínez Sánchez859/2018
- Juan Miguel Uscanga Palacios959/2021
- Juan Morales Gutierrez927/2018
- Juan Navarrete Contreras813/2022
- Juan Octavo Pio244/2021
- Juan Omar Montiel Torres157/2022