Juan Miguel Contreras Murguía

Expediente 1379/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1379/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Juan Miguel Contreras Murguía

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite copias certificadas del juicio de amparo indirecto 1379/2018 y la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja 215/2018. Acúsese recibo. Así, dicha resolución en su punto resolutivo indica: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por JUAN MIGUEL CONTRERAS MURGUIA, contra el auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo 1379/2018". Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra del auto dictado el once de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso de queja, ríndase el informe expresando que si es cierto que este Juzgado Federal en auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, desechó la demanda de amparo promovida por Juan Miguel Contreras Murguía, acompañándole el original y copia del escrito del recurso, así como copia certificada del presente juicio de amparo 1379/2018-V-B. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese la razón del Actuario Federal de la adscripción, en la que constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso el auto de once de septiembre del año en curso, por las razones que indica. Por tanto, notifíquese esa determinación por medio de la lista que se publica en los estrados de este órgano federal. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale diverso domicilio para ello, en la residencia de este juzgado (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), Notifíquese.Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil dieciocho. ANOTACIÓNES Vista la demanda promovida por Juan Miguel Contreras Murguía; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de amparo 1379/2018-V-B. ACTO RECLAMADO Al analizar de manera íntegra la demanda, se advierte que se reclama el proveído dictado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio Sucesorio Intestamentario 2287/2017, el cual señala: ".AUTO.- Cuautitlán Estado de México, 16 dieciséis de agosto de 2018 dos mil dieciocho. Por presentado a JUAN MIGUEL CONTRERAS MURGUÍA con el escrito y anexos de cuenta, visto su contenido; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.135 y 1.136 Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, en razón que la junta de herederos celebrada el 07 siete de agosto del año en curso, se celebró en concordancia con los nombres que se advirtieron de las documentales exhibidas en la denuncia inicial ingresada bajo la promoción registrada bajo el número 21403 (veintiún mil cuatrocientos tres) del 12 doce de diciembre de 2017 dos mil diecisiete; auto de 11 once del enero de la anualidad en curso y auto declarativo de herederos del 14 catorce de junio de 2018 dos mil dieciocho. NOTIFIQUESE." DESECHAMIENTO Al respecto, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De conformidad con la disposición reproducida, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a la promoción del juicio de ampro indirecto, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio Sucesorio Intestamentario 2287/2017, en el cual la responsable no acordó favorable la petición formulada por el quejoso, en el sentido de conceder se practicara nuevamente la audiencia desahogada el siete de agosto del año en curso, pues el quejoso antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con el que se podía modificar o revocar el acto reclamado. Dicho medio de impugnación se encuentra previsto en los numerales 1.362 y 1.363, del ordenamiento procesal que dicen: Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento civil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos que no son apelables. De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación antes mencionado, antes de ocurrir al Juicio de Amparo indirecto, porque el quejoso es parte el juicio de origen. No pasa inadvertido para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que a la promovente le revista el carácter de tercera extraño, debido a que como lo sostuvo bajo protesta de decir verdad, en el propio escrito de demanda, la quejosa es parte en el juicio de origen. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído, se comisiona a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que por única ocasión notifique el presente proveído en el domicilio que señala. Asimismo, se tienen por autorizadas las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de dispositivos electrónicos para la captura de acuerdos y constancias que obren en autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil dieciocho. ANOTACIÓNES Vista la demanda promovida por Juan Miguel Contreras Murguía; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de amparo 1379/2018-V-B. ACTO RECLAMADO Al analizar de manera íntegra la demanda, se advierte que se reclama el proveído dictado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio Sucesorio Intestamentario 2287/2017, el cual señala: ".AUTO.- Cuautitlán Estado de México, 16 dieciséis de agosto de 2018 dos mil dieciocho. Por presentado a JUAN MIGUEL CONTRERAS MURGUÍA con el escrito y anexos de cuenta, visto su contenido; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.135 y 1.136 Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, en razón que la junta de herederos celebrada el 07 siete de agosto del año en curso, se celebró en concordancia con los nombres que se advirtieron de las documentales exhibidas en la denuncia inicial ingresada bajo la promoción registrada bajo el número 21403 (veintiún mil cuatrocientos tres) del 12 doce de diciembre de 2017 dos mil diecisiete; auto de 11 once del enero de la anualidad en curso y auto declarativo de herederos del 14 catorce de junio de 2018 dos mil dieciocho. NOTIFIQUESE." DESECHAMIENTO Al respecto, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De conformidad con la disposición reproducida, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a la promoción del juicio de ampro indirecto, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio Sucesorio Intestamentario 2287/2017, en el cual la responsable no acordó favorable la petición formulada por el quejoso, en el sentido de conceder se practicara nuevamente la audiencia desahogada el siete de agosto del año en curso, pues el quejoso antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con el que se podía modificar o revocar el acto reclamado. Dicho medio de impugnación se encuentra previsto en los numerales 1.362 y 1.363, del ordenamiento procesal que dicen: Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento civil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos que no son apelables. De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación antes mencionado, antes de ocurrir al Juicio de Amparo indirecto, porque el quejoso es parte el juicio de origen. No pasa inadvertido para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que a la promovente le revista el carácter de tercera extraño, debido a que como lo sostuvo bajo protesta de decir verdad, en el propio escrito de demanda, la quejosa es parte en el juicio de origen. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Sin embargo, dada la naturaleza del presente proveído, se comisiona a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que por única ocasión notifique el presente proveído en el domicilio que señala. Asimismo, se tienen por autorizadas las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de dispositivos electrónicos para la captura de acuerdos y constancias que obren en autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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