Juan Miguel Castillo Zamora

Expediente 355/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
355/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
04/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Miguel Castillo Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y un tomo de pruebas; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, el original del incidente de suspensión, oficio de cuenta y testimonio de referencia; de igual forma, acúsese recibo de estilo correspondiente y en mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio que no ampara ni protege, ha causado ejecutoria. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Miguel Castillo Zamora, contra los actos precisados y las autoridades señaladas en el resultando primero de esa ejecutoria." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que el expediente principal es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Por otra parte, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión, es depurable en igual término al haberse concedido la medida cautelar provisional y definitiva, previa conservación de la demanda y las resoluciones respectivas, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno. En razón de lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, remitió como apoyo a su informe justificado, el juicio ejecutivo mercantil 347/2016-II, y dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, remítase a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 355/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 1349/2017 el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con domicilio en Chilpancingo, Guerrero, remitió por incompetencia por razón de grado a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad de Acapulco, la demanda de amparo directo que promovió Juan Miguel Castillo Zamora, por derecho propio, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y anexos; demanda que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Octavo de Distrito, y en la que se demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Del C. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo la indebida, ilegal, informal, falta de certeza e inconstitucional diligencia de notificación de la demanda, emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, realizada con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, misma que deviene irregular y debe dejarse sin efectos toda vez que no fue realizada con apego a las formalidades que dispone el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Del C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo la infundada, inmotivada, incongruente inexhausta sentencia definitiva de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, vulnerándose gravemente los derechos humanos y procesales del suscrito quejoso, situación que se argumentará en los conceptos de violación." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo indirecto. Por acuerdo de diez de abril de dos mil diecisiete, este juzgado federal tuvo por recibido el oficio a que se alude en el resultando primero que antecede, por lo que se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno correspondiente con el número 355/2017, sin que se requiriera a la autoridad responsable rindiera su informe justificado en virtud de que el mismo ya obraba en autos; asimismo, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; ordenó notificar a la tercera interesada Norma Patricia Garibay Ochoa, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que el acto reclamado proviene de un juicio del orden mercantil en el que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, y que se tramita por autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia el emplazamiento efectuado el siete de septiembre de dos mil dieciséis en el juicio ejecutivo mercantil número 347/2016, y como efecto reflejo todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia definitiva y su ejecución, promovido en su contra por Victorio Robles Catalán, Onan Robles Benítez y Luís Alberto Ramírez Gallardo, en su carácter de endosatarios en procuración de la aquí tercera interesada Norma Patricia Garibay Ochoa, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. TERCERO. Certeza del acto reclamado. SON CIERTOS los actos reclamados al Juez y al Secretario Actuario, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, pues así lo reconocieron expresamente al rendir sus informes con justificación, lo que basta para tener como plenamente acreditados tales actos; certeza que además se robustece con las constancias que como sustento a su informe allegó el primero y que hizo suyas el segundo, consistentes en las actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil número 347/2016 (tomo I de prueba), a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. CUARTO. Desestimación de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, la tercera interesada aduce que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XIX del artículo 61 de la ley de la materia, sin embargo, su afirmación se estima inatendible, en razón de que no manifiesta los motivos por los cuales considera que operan las causales invocadas, pues se limita a citar las disposiciones que estima aplicables sin aducir argumento alguno que justifique o motive las circunstancias por las que pondera el sobreseimiento en este juicio constitucional, pese a ser una obligación de su parte, más aún, no se observa que dichas causales sean de obvia y objetiva constatación, pues basta imponerse de las constancias que obran en autos, en confrontación con el contenido de las fracciones aludidas, para concluir que no se advierte que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ni tampoco se observa que se haya consentido expresamente el mismo, máxime que la determinación de que el llamamiento a juicio del quejoso se hizo o no, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, implica el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Al no operar las causales de improcedencia invocadas, ni este Juzgador de oficio advierte la operancia de alguna diversa, lo conducente es examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada. De las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 347/2016 (tomo I de prueba), las cuales fueron valoradas en el considerando tercero, se desprende en lo que interesa, los siguientes datos: 1) Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, Victorio Robles Catalán, Onan Robles Benítez y Luís Alberto Ramírez Gallardo, en su carácter de endosatarios en procuración de la aquí tercera interesada Norma Patricia Garibay Ochoa, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandado del aquí quejoso Juan Miguel Castillo Zamora, el pago de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, que ampara el documento basal que al efecto exhibieron y otras prestaciones. 2) Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda antes indicada, la registró con el número 347/2016 y la admitió a trámite, por lo cual proveyó auto de mandamiento en forma para efecto de que la parte demandada fuera requerida de pago y en su caso, se embargaran bienes de su propiedad y se le emplazara a juicio. 3) El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario Actuario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora para que tuviera lugar el emplazamiento de la demandada, entendiendo la diligencia directamente con el aquí quejoso. 4) Por acuerdo de veintiséis de septiembre del año pasado, el Juez natural tuvo por acusada la rebeldía en que había incurrido la parte demandada al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra, con las consecuencias que ello trae consigo. 5) Seguido que fue el trámite del juicio ejecutivo mercantil, el doce de enero de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil; que la actora probo su acción, mientras que el demandado se constituyó en rebeldía y se condenó a este último al pago de cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas, resolución que le fue notificada directamente al quejoso el ocho de febrero pasado. 6) Finalmente, en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, a solicitud expresa de la parte actora, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva. Luego, como motivo de disenso el quejoso aduce que se violaron en su perjuicio, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no habérsele emplazado en el domicilio donde habita siendo éste el identificado como Andador Gardenias, casa J, 1-A, fraccionamiento La Ceiba, en esta ciudad, como se advierte de la copia simple de su credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral que anexó a su demanda, pues de la diligencia de notificación se desprende que el fedatario se constituyó en un domicilio diverso identificado como Condominio Río Hondo, número 27, fraccionamiento Rinconada del Mar, en esta ciudad. Aunado a ello, sostiene que los puntos descriptivos y de convicción del domicilio en la razón de notificación de siete de septiembre de dos mil dieciséis, no se encuentran debidamente señalados, ya que el fedatario omitió precisar el municipio, área, ciudad y estado en que realizó la diligencia, asimismo no hizo referencia ni describió a la persona que encontró en la caseta de vigilancia que refiere encontró al llegar al domicilio, además que si bien manifestó encontrar dentro del domicilio al directo quejoso, no asentó en el acta que lo voceó para que saliera o que tocó algún timbre ni hizo una descripción de su media filiación. Por último, que el fedatario asentó que el quejoso se identificó con su credencial para votar con clave de elector C52MJN76090509H700, lo cual es incorrecto ya que de su credencial se advierte que es CSZMJN76090509H700, por lo que aquella pertenece a persona diversa. Resultan infundados los motivos de disenso hechos valer, por los motivos que enseguida se exponen. Contrario a lo que aduce el quejoso, el Actuario adscrito al Juzgado responsable, sí ajustó su proceder a las formalidades esenciales que regulan el procedimiento que debe seguirse en tratándose del emplazamiento. A efecto de abordar el estudio del concepto de violación atinente al emplazamiento de la parte quejosa al juicio ejecutivo mercantil 347/2016, es de precisarse que, el marco legal aplicable supletoriamente al Código de Comercio respecto al llamamiento a juicio, lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, y sólo en el caso de que no regule suficientemente la institución de que se trate, entonces deberá acudirse al código adjetivo civil del Estado de Guerrero, según lo dispone el artículo 1054 del primero de los ordenamientos en cita. Establecido lo anterior, tenemos que los artículos 1393 y 1394, del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Por su parte, los diversos numerales 327, 304, 305, 309, fracción I; 310, 311, 312, 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa de su numeral 1054, a la letra establecen: "Artículo 327. De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia. Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el término de emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente." "Artículo 304. La resolución en que se mande hacer una notificación, citación o emplazamiento, expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las personas con quienes ésta deba practicarse." "Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial." "Artículo 309. Las notificaciones serán personales: I. Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio; (.)." "Artículo 310. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo." "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." "Artículo 312. Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador." "Artículo 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio." De los preceptos legales transcritos, particularmente del numeral 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el diverso 1393 del Código de Comercio, se obtiene que la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo, así como de emplazamiento, deberá primeramente entenderse directamente con el demandado, y sólo en el caso de no encontrarlo presente, deberá dejarse citatorio para que espere al actuario en fecha y hora posterior dentro de las siguientes seis y setenta y dos horas posteriores, so pena que de no hacerlo, tanto la diligencia de embargo como el emplazamiento, se entenderá con quien se encuentre en el domicilio, haciéndose esto último mediante instructivo que se entregue a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en dicho lugar, poniendo como condición para ello que el fedatario se cerciore que efectivamente el domicilio en que actúa sea el del demandado, imponiéndole la obligación de exponer los medios por los que verificó lo anterior. Luego, como se dijo, sólo en el caso de que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regule suficientemente la institución que deba aplicarse supletoriamente -en este caso lo relativo al emplazamiento-, debe acudirse a lo que disponga la legislación local; por ende, es necesario tener presente el contenido de los artículos 146, 147, 151, 153, 154, 155 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que literalmente establecen lo siguiente: "Artículo 146. Forma de las notificaciones. Las notificaciones se harán en forma personal, por cédula, por lista, por edictos, por correo, por telégrafo y por cualesquier otro medio idóneo diverso a los anteriores que estime conveniente el juzgador." "Artículo 147. Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia." "Artículo 151. Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: La primera resolución que se dicte en el procedimiento; El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; La primera resolución que se dicte cuando: Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; Las sentencias definitivas; En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; Tratándose de incidentes, la primera notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio principal, y para el caso, de que haya resolución firme o ejecutoriada o haya inactividad procesal por más de tres meses, se practicará en el lugar en el que resida la parte demandada incidentista; y Los demás casos en que la ley lo disponga." "Artículo 153. Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: El nombre y apellido del promovente; El tribunal que mande practicar la diligencia; La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; La fecha y hora en que se deja; El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación." "Artículo 154. Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. "Artículo 155. Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial." "Artículo 162. Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." En los preceptos legales transcritos atinentes al código adjetivo civil de esta Entidad Federativa, se encuentran las formalidades que deben acatarse al realizarse el emplazamiento de la parte demandada y las notificaciones personales y, como se puede ver, el numeral 151 señala cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal, entre otras, el emplazamiento; en tanto que, el diverso numeral 153 establece precisamente los lineamientos que se deben seguir tratándose de las notificaciones personales, pues al respecto refiere que las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello, y que en caso de que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, la cual deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y, f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Por su parte, el precepto 155 expresamente autoriza al fedatario notificador para que, si durante la diligencia del emplazamiento no encontrare el demandado, le haga la notificación por cédula, misma que podrá entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado, a quien también se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, así como copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. Ahora bien, de los lineamientos expuestos con antelación destaca el hecho de que tanto en la legislación federal como en la local no se encuentra establecido con precisión cuál es el procedimiento a seguir si el emplazamiento se entiende directamente con el demandado, ya que los únicos dispositivos que tratan directamente el tema de la formalidad del emplazamiento son los numerales 310 y 311 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero y 155 de la legislación local; empero, dichos numerales son claros únicamente en la parte donde dicen que si no se encuentra al demandado se le hará la notificación por cédula, pero nada dicen en la hipótesis contraria, esto es, en el supuesto de que se encuentre al demandado en el domicilio señalado para que tenga lugar el emplazamiento. Por tanto, de una interpretación armónica a los preceptos transcritos en párrafos precedentes, y tomando en consideración que el emplazamiento a juicio es una diligencia solemne y trascendental porque tutela directamente la garantía de audiencia, debe concluirse que una diligencia de tal naturaleza que se entiende directamente con la parte demandada, es correcta, siendo respaldada esta postura por el criterio que se contiene en la jurisprudencia VI.2o.C. J/15 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que aparece publicado en la página 2242, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar." En el mismo tenor, debe decirse que el fedatario judicial responsable, al haber practicado el emplazamiento en cuestión no estaba obligado a cerciorarse de que, efectivamente, la persona con quien entendió la diligencia realmente era ella. La razón por la que se da tal situación, radica en que si el notificador entendió el emplazamiento con una persona que dijo ser el demandado y que precisamente encontró dentro del domicilio que el actor del juicio natural señaló para el emplazamiento -lo que así aconteció-, no era necesario que se cerciorara de su identidad, ya que en la legislación procesal que regula la materia de la que deriva el acto reclamado, no existe disposición alguna que obligue al fedatario a exigir identificación a la persona con quien entiende la diligencia, ni tampoco que se cerciore por otros medios sobre su identidad; no obstante, basta imponerse del acta que al efecto levantó el fedatario para advertir que la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento le exhibió su credencial de elector para identificarse. Es aplicable al caso por las razones que la informan, la jurisprudencia 3a./J. 34/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 195, Tomo VI, Primera Parte, Junio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia." Sin que obste lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el fedatario asentó de manera incorrecta la clave de elector que se consigna en su credencial para votar, ya que del análisis que se realiza a la diligencia respectiva se advierte que el fedatario asentó como tal el número CSZMJN76090509H700, que corresponde al mismo que obra en la credencial de elector que el quejoso anexó en copia simple a su demanda. Por lo que hace a su argumento en el sentido de que los puntos descriptivos y de convicción del domicilio en la razón de notificación de siete de septiembre de dos mil dieciséis, no se encuentran debidamente señalados, pues el fedatario omitió precisar el municipio, área, ciudad y estado en que realizó la diligencia, asimismo no hizo referencia ni describió a la persona que encontró en la caseta de vigilancia que refiere encontró al llegar al domicilio, además que si bien manifestó encontrar dentro del domicilio al directo quejoso, no asentó en el acta que lo voceó para que saliera o que tocó algún timbre ni hizo una descripción de su media filiación, resulta infundado, ello en razón de que se advierte que la autoridad responsable cumplió con lo establecido expresamente por los aplicables artículos 153 y 155 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, antes transcritos, pues se considera que habiendo encontrado a la persona buscada, resultaba innecesario recabar más datos de identificación del domicilio, pues la finalidad de poner en conocimiento a la ahora quejosa del juicio instaurado en su contra, se cumple cabalmente al entender la diligencia directamente con ella. En este sentido, como se ha dicho, la actuación del Secretario Actuario se presume válida mientras no se pruebe lo contrario y en el presente caso, el quejoso no aportó medio probatorio alguno para desvirtuar la presunción legal respecto a su emplazamiento a juicio. Además, destaca el hecho de que el actuario responsable asentó los motivos por los cuales la persona buscada se negó a firmar la notificación, de modo que sobre el particular colmó los lineamientos que al efecto establecen los artículos 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 162 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero; por ello, al gozar de fe pública el funcionario judicial que llevó a cabo la citada diligencia de emplazamiento, resulta indiscutible que todos y cada uno de los datos que se encuentran asentados a manera de circunstanciación del acta levantada el siete de septiembre de dos mil dieciséis deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o. J/4 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 265, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Por tanto, contrario a lo alegado por el quejoso, si bien sostiene que tiene su domicilio en Andador Gardenias, casa J, 1-A, fraccionamiento La Ceiba, en esta ciudad, la circunstancia de que en el acta de emplazamiento sujeta a examen aparezca que el fedatario se constituyó en el domicilio que al efecto proporcionó la parte actora en su escrito de demanda, siendo este el identificado como Condominio Río Hondo, número 27, fraccionamiento Rinconada del Mar, en esta ciudad, no revela la infracción a alguna de las formalidades esenciales que deben guardarse al efectuarse el emplazamiento a juicio del gobernado. Lo anterior es así, porque al haberse realizado la diligencia de emplazamiento directamente con el interesado, lo que de suyo destaca el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, se hace patente que el objetivo primordial de dicha actuación se colmó, en tanto que de la cédula y razón relativas se deriva el pleno conocimiento de la existencia del juicio entablado en su contra y de sus particularidades, ya que en la propia acta de emplazamiento se hizo constar que además de la cédula de notificación se le corrió traslado con copia sellada y cotejada de la demanda y su anexo (documento basal), previniéndole para que dentro del término de ocho días hiciera el pago de las prestaciones reclamadas, se opusiera a la ejecución si tuviere excepciones para ello y señalara domicilio procesal para recibir notificaciones. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el quejoso hubiere anexado a su demanda copia simple de su credencial de elector en la que aparece como su domicilio el indicado en Andador Gardenias, casa J, 1-A, fraccionamiento La Ceiba, en esta ciudad, sin embargo, dicho documento por obrar en copia simple carece de valor probatorio, máxime que la credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona, sino que debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que el oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; pero no excluye legalmente la posibilidad de que se tenga otro domicilio. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.1o.C. J/26 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada a página 986, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." También queda de relieve el hecho de que se puso en conocimiento del demandado la identidad del demandante (Norma Patricia Garibay Ochoa) del órgano jurisdiccional que mandó practicar la diligencia, concretamente, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares; de la determinación que se mandó notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó, pues al respecto, en la cédula aparece como fecha de radicación de la demanda el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis y que se trata del juicio ejecutivo mercantil número 347/2016. De ahí que ante el cumplimiento que se dio a los específicos requisitos legales que son aplicables a la diligencia de emplazamiento controvertida, resulta procedente estimar que el referido llamamiento a juicio que a su vez motiva los diversos actos de que se duele el impetrante, no puede ser violatorio de las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, siendo en ese sentido infundados los argumentos que sostienen tal aserto. En mérito de lo expuesto, al devenir infundados los conceptos de violación esgrimidos por el inconforme, lo que procede es negarle la protección federal que solicita; consideración que se hace extensiva respecto a los actos consistentes en todas las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil de origen, en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento combatido. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Miguel Castillo Zamora, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diez de agosto de dos mil diecisiete, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio juzgado que autoriza. Doy fe.-

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