Juan Miguel Beltran Santos

Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
226/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Miguel Beltran Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se le tiene designando autorizados sólo para oír y recibir notificaciones a quienes menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se le tiene ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, analizadas las constancias que se agregan, se obtiene que se anexó copia certificada del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", a nombre de los quejosos ******************** y ********************. Por tanto, ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación y posible traslado a diversa estación migratoria. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que los quejosos fueron detenidos por autoridades migratorias y alojados temporalmente en la estación migratoria de esta ciudad; también es cierto que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, consistente en copias certificadas del "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas" a nombre de los quejosos ******************** y ********************; a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés se otorgó a la parte quejosa un documento que le permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de las determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos migratorios: ******************** ******************** ******************** ********************Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se permitió a la parte quejosa continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojada en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba la parte quejosa respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés sustituyó la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de los quejosos y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veintiuno de febrero del año en curso, se requirió a la autoridad migratoria responsable con residencia en esta ciudad, para que remitiera de manera completa el informe en relación con la suspensión de plano decretada en autos, para lo cual se generó el oficio 5265/2023, sin embargo, este fue remitido vía acelerada Estafeta a la autoridad migratoria con sede en Tijuana, Baja California, como se desprende de la constancia de envío que obra en autos. Por tanto, requiérase a la autoridad migratoria con sede en esta ciudad, a fin de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, informe el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este asunto y rinda el informe requerido por este Juzgado, en los términos ordenados, es decir, refiera cuál es la situación legal que guardan los quejosos Juan Miguel Beltrán Santos, Aida Suero y Riny René Taveras Javier, a saber: a) La hora, fecha y lugar de su detención. b) El motivo de su detención y las circunstancias particulares del caso concreto. c) Si se inició algún procedimiento migratorio en su contra y su estado procesal. Bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir con su conducta.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el telegrama remitido por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en representación de la Gerencia de Servicios a Usuarios en la Ciudad de México y, en atención a su contenido, se le tiene informando los actos realizados a fin de dar cumplimiento al fallo protector. No obstante, de su contenido se advierte que la autoridad en cita manifiesta nuevamente que se han venido atendiendo las etapas procesales que se requieren para dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa, sin especificar cuáles son esas etapas, es decir, las actuaciones que estén pendientes de realizarse para tal finalidad, así como el tiempo que, conforme a la legislación aplicable, se prevé para realizar cada uno de los actos, tal como se le requirió en auto de treinta y uno de enero del presente año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Gerente de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente: 1. Las actuaciones que estén pendientes de realizarse para dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa. 2. El tiempo que, conforme a la legislación aplicable, se prevé para realizar cada uno de los actos. En el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias que soporten la información que proporcione. Con el apercibimiento que de no demostrar lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo expuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que, en su momento, podrán ser remitidos los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, tal y como lo establece el numeral 192 de la Ley de la materia.

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