Juan Miguel Barrueta Robles
Expediente 503/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Miguel Barrueta Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, así como la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Miguel Barrueta Robles; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 503/2022-2, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el buzón judicial el cuatro de abril de dos mil veintidós, recibido el siete siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el ocho de abril del presente año, Juan Miguel Barrueta Robles, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "La OMISIÓN DE DICTAR ACUERDO EN RELACIÓN AL ESCRITO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal el 02 de febrero de 2022; La OMISIÓN DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN, misma que fue suspendida mediante Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 01 de febrero de 2022; La FALTA DE TURNO DEL EXPEDIENTE AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN para la debida y legal notificación a las partes del acuerdo donde se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia Incidental de Liquidación; La FALTA DE SEGUIMIENTO RELATIVO A LAS NOTIFICACIONES que deberá efectuar el Actuario de la adscripción para la notificación a las partes del acuerdo donde se señale fecha y hora para la celebración de la Audiencia Incidental de Liquidación; La Inejecución del laudo DE FECHA 07 DE JULIO DE 2020; La FALTA DE APLICACIÓN Y DICTADO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y APERCIBIMIENTOS DE LEY PARA LA DEBIDA Y LEGAL EJECUCIÓN DEL LAUDO; La DILACIÓN PROCESAL derivada de todas y cada una de sus actuaciones en detrimento de los DERECHOS HUMANOS del quejoso." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El once de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, registrada bajo el expediente 503/2022-2; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito presentado ante éste, el dos de febrero de dos mil veintidós, en el expediente laboral 200/2015. La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación. La falta de turno del expediente laboral al actuario. La falta de seguimiento y notificación al acuerdo que recayera en razón del escrito presentado ante la responsable el dos de febrero del presente año. La falta de aplicación de las medidas de apremio para la ejecución del laudo. La inejecución del mismo. La dilación procesal en detrimento de los derechos humanos al quejoso TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL SIETE EN EL ESCRITO DE DEMANDA. Son inexistentes los actos reclamados consistentes en la falta de turno del expediente laboral al actuario, así como la falta de seguimiento y notificación al acuerdo que recayera en razón del escrito presentado ante la responsable el dos de febrero del presente año, toda vez que los mismos se tratan de omisiones, por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar el acuerdo al referido acto omisivo por ser inexistente. Ahora, las autoridades responsables fueron omisas en pronunciarse en relación a los actos reclamados consistentes en la falta de aplicación de las medidas de apremio para la ejecución del laudo, la inejecución del mismo, así como la dilación procesal en detrimento de los derechos humanos al quejoso. Sin embargo, no ha lugar a tener por presuntivamente ciertos tales actos que se les reclama, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba fehaciente que corroborara su existencia. En efecto, el impetrante de amparo reclama la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y su Presidente, de hacer efectivas las medidas de apremio para la ejecución del laudo, así como la falta de ejecución del mismo, en el expediente laboral 200/2015, de su índice. En ese tenor, si bien es cierto, que tales actos que por esta vía se reclama les reviste la característica de ser negativos y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención, también lo es que, tratándose de actos donde se reclame una conducta negativa u omisiva a la autoridad, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa a efecto que la autoridad ejercite sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente al gobernado al que le corresponde probar que efectivamente llevó a cabo, o cumplió, con el trámite correspondiente a fin de exigir la actuación de la autoridad. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal haber elevado alguna petición a la autoridad responsable en relación a los aludidos actos reclamados es inconcuso que la omisión que reclama no existe, para efectos de este medio de control constitucional; por consiguiente, se tiene plenamente probada la inexistencia de los mismos. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2ª. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA OMISIÓN DE ACORDAR EL ESCRITO PRESENTADO EL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Pleno y del propio Tribunal, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte actora el dos de febrero del presente año, en el juicio laboral de origen; sin embargo, de las documentales que adjuntó al mismo, consistente en copia certificada del acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el que sustancialmente señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación en el expediente laboral 200/2015 de su índice, se advierte su existencia. Constancia a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con la documental precitada. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, se advierte la copia certificada del acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual el tribunal responsable acordó el escrito de uno de febrero de dos mil veintidós, presentado por el apoderado legal de la parte actora -aquí quejoso- en el expediente laboral 200/2015, de su índice, el dos del citado mes y año; con el cual solicitó se señalara nueva fecha para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación en el citado expediente, así como autorizó a las personas que indicó en su ocurso para consulta y revisión de los autos y solicitó la autorización de fijaciones fotográficas; en tal razón, el tribunal responsable proveyó favorablemente respecto a las autorizaciones de mérito y señaló las doce horas del trece de septiembre del presente año para el desahogo de la audiencia incidental de liquidación y turnó los autos al actuario de su adscripción, para su notificación en el expediente laboral de origen. Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el cuatro de abril de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había acordado el escrito de uno de febrero de dos mil veintidós, presentado por el apoderado legal de la parte actora, aquí quejoso, en el expediente laboral 200/2015, de su índice; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Incidental
Enseguida la Secretaria procede a hacer relación de las constancias de autos consistentes en copia simple de la demanda de amparo, y acuerdo de once de abril del presente año, con el cual se aperturó el presente incidente, se señaló fecha y hora para la audiencia incidental. Asimismo, con el informe previo rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, quien rinde por sí y en representación de la citada Institución y de su Pleno, residente en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, recepcionado en la Oficialía de Partes de este juzgado el veinte de los actuales, registrado con el folio 5946. A lo que la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta y por rendido el informe previo de la autoridad responsable, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda. La Secretaria en funciones de Jueza acuerda: En términos del artículo 144 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales exhibidas por la parte quejosa y se declara cerrada dicha fase. Por otro lado, la Secretaria certifica que las partes no formularon alegatos y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. La Secretaria en funciones de Jueza acuerda: No habiendo pruebas pendientes por desahogar, ni promoción pendiente dirigida al presente expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 503/2022-2; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO: El once de abril de dos mil veintidós, se aperturó el presente incidente de suspensión, en virtud de la demanda de amparo promovida por Juan Miguel Barrueta Robles, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otras autoridades, con sede en esta ciudad, se pidió informe previo a las referidas autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, celebrándose al tenor del acta que antecede, actos que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS La omisión de acordar el escrito de uno de febrero de dos mil veintidós, y de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación. La falta de turnar el expediente al Actuario adscrito al tribunal responsable, y sus notificaciones. La inejecución del laudo de siete de julio de dos mil veinte. La falta de aplicación y dictado de las medidas de aprecio y apercibimientos de ley para la debida y legal ejecución del laudo. Dilación procesal, todos relativos al expediente laboral 200/2015. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, quien rinde por sí y en representación de la citada Institución y de su Pleno, residente en esta ciudad. Admite los actos reclamados C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, quien rindió por sí y en representación de la citada Institución y de su Pleno, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés suspensional y la afectación; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte quejosa con su ejecución. La naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar, esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para el quejoso. Así, la suspensión sólo es susceptible de otorgarse contra actos futuros que aún no se han ejecutado, pues de ésta manera se impide que puedan irrogar perjuicio al impetrante del amparo. Aplicando los anteriores lineamientos al caso que nos ocupa, se establece que los requisitos de procedencia para otorgar la suspensión, parten del supuesto de que el acto que se reclame sea susceptible de suspenderse, de lo contrario, por más que se surtan esos requisitos no podría concederse la medida cautelar ante la presencia de un acto que por su naturaleza no pueda ser suspendido. Lo anterior, salvo aquéllos casos en que el otorgamiento de la suspensión sea necesaria para mantener viva la materia del juicio o cuando los efectos del acto se prolongan en el tiempo. Ahora bien, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados con antelación; considerando que se trata de actos omisivos y dada su naturaleza no es susceptible de suspenderse, ya que no es dable que con motivo de la concesión de la medida cautelar se ordene a la autoridad responsable abandonar su conducta omisiva, pues de ser así se estarían dando efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio principal del que deriva el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.3 K (10a), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Luego, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada respecto de los actos reclamados. Tiene aplicación la tesis XXI.2.II K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO: Se niega a Juan Miguel Barrueta Robles, la suspensión definitiva que solicitó, por las autoridades señaladas en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.
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