Juan Miguel Arreola Mendoza

Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1150/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Miguel Arreola Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda que promueve Homero de Hoyos Nagay, en representación de Juan Miguel Arreola Mendoza contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Rio Grande de Piedras Negras. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1150/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia citada expone que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la protección constitucional contra la autoridad y actos siguientes: i) Autoridad responsable. La parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Rio Grande de Piedras Negras. ii) Actos reclamados: A la autoridad responsable reclama: i) La resolución que se quiere confirmar la prisión preventiva justificada que se debatirá y resolverá en audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal ********************, señalada para el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a las once horas, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Rio Grande de Piedras Negras, Coahuila, en la que se pretende ratificar la medida de prisión preventiva justificada impuesta contra el aquí quejoso Juan Miguel Arreola Mendoza, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, impuesta el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, al encontrarse vinculado a proceso por los delitos de violación y violencia familiar, en agravio de Luz Aida Berdin Villacencio, dentro de la citada causa penal. ii) La omisión de aplicar la jurisprudencia con número de registro 2026999, en la resolución que pretende confirmar la prisión preventiva justificada que se debatirá y resolverá en la audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se pretende revocar o levantar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso. 3.2 Antecedentes. La parte quejosa relata como antecedentes del acto reclamado, que el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras Coahuila, dentro de la causa penal ********************, decretó vinculación a proceso en contra del quejoso directo Juan Miguel Arreola Mendoza, por los delitos de violación y violencia familiar en agravio de Luz Aída Berdin Villacencio, quedando recluido en el Centro Varonil de Reinserción Social de Piedra Negras, bajo prisión preventiva oficiosa. Luego, la anterior defensora particular de Juan Miguel Arreola Mendoza solicitó la revisión de medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa a alguna otra diversa menos gravosa. En atención a lo anterior, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras Coahuila, celebró audiencia de revisión de medida cautelar el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que le impuso prisión preventiva justificada. El once de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a los promoventes del amparo, designados como nuevos defensores particulares del quejoso, dentro del procedimiento penal de origen. El siete de noviembre de este año, se solicitó la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso al quejoso directo; por lo que el juez de control señalado como autoridad responsable programó la audiencia correspondiente para las once horas de esta fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Sin embargo, la parte quejosa presume que la autoridad responsable pretende confirmar la medida de prisión preventiva justificada que se debatirá y resolverá en esa audiencia programada para esta fecha, es decir, con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo. De modo que, de acuerdo a su narrativa realizada bajo protesta de decir verdad, se entiende que, por una parte se reclama la medida de prisión preventiva justificada impuesta el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; y por la otra, la omisión de aplicar la jurisprudencia con número de registro 2026999, en la resolución que pretende confirmar la prisión preventiva justificada que se debatirá y resolverá en la audiencia de revisión de medida cautelar a celebrarse en esta fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Lo que en su concepto se traduce en la posible ratificación o no modificación de la prisión preventiva justificada que hasta hoy rige sobre la situación legal del quejoso directo, que presumen pudiera ocurrir en la audiencia de revisión de medida cautelar a celebrarse en esta fecha. 4. Causales de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XIV y XXIII, esta última fracción en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. 4.1 Oportunidad de la presentación de la demanda. De conformidad con la citada fracción XIV, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. En ese sentido, con la finalidad de sostener la actualización de la causal de improcedencia en cita, es menester hacer referencia que los numerales 17 y 18 de la Ley Amparo. De estos numerales se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la citada ley, que por regla general es la siguiente: i) A partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, consideró que conforme al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, correlativo ahora al numeral 18 de la legislación vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o, bien, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 115/2010 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se precisó la intención clara del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio biinstancial, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo cual se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, porque basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para que aplique. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso existe prueba fehaciente de que el justiciable conoció el acto reclamado. Así entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado sea consentido por el quejoso tácitamente, entendiéndose por esto, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, los actos reclamados no entrañan un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, tampoco involucran actos relacionados con las diversas hipótesis enumeradas, por ende, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en este numeral, debido a que el acto reclamado emana de un procedimiento en materia penal en el cual la parte quejosa tiene el carácter de imputado vinculado a proceso; lo cual conduce a determinar que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días. 4.1.1 Presentación extemporánea. En ese contexto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo en el caso que nos ocupa respecto del acto reclamado, tiene lugar cuando éste no se promovió dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida), no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que, al narrar los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, así como en sus conceptos de violación, de manera puntual se indica que la medida cautelar de prisión preventiva justificada señalada como acto reclamado fue emitido durante la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************. En ese contexto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones personales, entre otras formas, se practican en la misma audiencia, surtiendo efectos al día siguiente de que fueron practicadas. Por tanto, si la prisión preventiva justificada que se reclama fue emitida en audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, inobjetablemente en esa fecha quedó notificado el quejoso y su defensa de ese acto. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el ocho de noviembre de esta anualidad, resulta inconcuso que, sin necesidad de llevar a cabo una operación aritmética, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya había transcurrido, por lo que es evidente que no se presentó dentro del plazo que permite la ley, sino que se hizo de manera extemporánea. 4.2 Actos futuros e inciertos. En otro orden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, esta última fracción en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo; se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo que acontece con el acto reclamado identificado por la parte promovente con el número 2 del capítulo IV titulado ACTO RECLAMADO, consistente en la omisión de aplicar la jurisprudencia con número de registro 2026999, en la resolución que pretende confirmar la prisión preventiva justificada que se debatirá y resolverá en la audiencia de revisión de medida cautelar a celebrarse en esta fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Situación que en su concepto se traduce en la posible ratificación o no modificación de la prisión preventiva justificada que hasta hoy rige sobre la situación legal del quejoso directo, que presumen pudiera ocurrir en la audiencia de revisión de medida cautelar a celebrarse en esta fecha. En ese sentido, es dable considerar que la narrativa expuesta en la demandara refleja que, respecto del acto que se analiza en este punto, se insta este juicio de amparo bajo el argumento de que en la audiencia de revisión de medida cautelar a celebrarse este día nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el juez de control con su decisión podría generar contra una posible afectación a los derechos del quejoso directo bajo los argumentos que se reseñan en los dos párrafos que anteceden. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no acontece, debido a que las consideraciones de hecho y derecho que el juez señalado como autoridad responsable pudiera exponer en la audiencia de revisión de medida cautelar se desconocen plenamente, sin que se puedan presumir bajo las premisas señaladas en el párrafo anterior, dada la propia naturaleza y características de la audiencia a celebrarse. De modo que, la circunstancia de que se aduzca que el juez responsable pretende confirmar la medida de prisión preventiva justificada, no implica, que esa autoridad haya realizado los actos que les reclama, menos aún poder afirmar que así lo va a realizar. Sin embargo, de ser así, en todo caso, una vez que se conozca su decisión, de ser contraria a sus intereses y de ser su intención, deberán controvertirse las nuevas consideraciones en que sustente su determinación, hasta que se tenga conocimiento de las mismas, no antes de ello, como ahora se pretende realizar. De ahí que, se considera que el acto analizado en este punto, resulta de naturaleza futura e incierta, al no existir dato objetivo alguno que genere la certeza clara y fundada de que al momento de la presentación de la demanda, este acto exista o pueda llegar a existir en los términos que se plantea. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección constitucional a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en el caso. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas o consideraciones subjetivas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. Entonces, se debe concluir que este acto, al momento de la presentación de la demanda, no le causan un daño o perjuicio actual, real y directo en sus derechos por ser actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, porque no son inminentes, al no existir certeza de que se vayan a ordenar y menos ejecutar en esos términos. 4.2.1 Criterios aplicables. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis. 5. Desechamiento. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos invocados, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas. 6. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 7. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica al solicitante con nombre de usuario ******************** vinculado al correo electrónico abogadohomerodehoyosnagay@outlook.com, para consulta el expediente digital en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.1 Instrucción al Oficial Judicial A. Se instruye a la Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese en términos de ley.

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