Juan Mendoza Duarte

Expediente 718/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
718/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Mendoza Duarte

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Luego, uno de esos principios es precisamente el de definitividad, el cual estatuye que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento indispensable, por virtud del cual deben agotarse previamente, todos los medios ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, en esencia, reclama la abstención u omisión de las autoridades que señala como responsables de realizar diversas acciones tendentes al pago de la pensión a la cual refiere tiene derecho. Por tanto, previamente al juicio de amparo, debió promoverse la nulidad de dicho acto, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del citado ordenamiento legal. Se estima lo anterior, toda vez que el quejoso no se ubica en la excepción al principio de definitividad en materia administrativa, pues si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también es verdad que dicha hipótesis únicamente se actualiza cuando sólo se plantean ese tipo de violaciones, no así cuando el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 61 en su fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Mendoza Duarte, por propio derecho. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete: "ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Luego, uno de esos principios es precisamente el de definitividad, el cual estatuye que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento indispensable, por virtud del cual deben agotarse previamente, todos los medios ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, en esencia, reclama la abstención u omisión de las autoridades que señala como responsables de realizar diversas acciones tendentes al pago de la pensión a la cual refiere tiene derecho. Por tanto, previamente al juicio de amparo, debió promoverse la nulidad de dicho acto, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del citado ordenamiento legal. Se estima lo anterior, toda vez que el quejoso no se ubica en la excepción al principio de definitividad en materia administrativa, pues si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también es verdad que dicha hipótesis únicamente se actualiza cuando sólo se plantean ese tipo de violaciones, no así cuando el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. En tal virtud, con fundamento en el artículo 61 en su fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Mendoza Duarte, por propio derecho. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.".

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a ******, por propio derecho, contra actos de "PENSION ISSSTE" (sic) y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 718/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto a la procedencia de la demanda, de conformidad con el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracción III y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito, y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Aclare la o las autoridades que señala como responsables, tomando en consideración que resulta insuficiente que en el apartado respectivo, haya manifestado que designa con tal carácter a "PENSION ISSSTE" (sic), "MET LIFE AFORE", "CONDUSEF", y "CONSAR (COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO", dado que es un hecho notorio para este tribunal federal que dentro de dichas dependencias existen diversos funcionarios titulares de diferentes cargos. SEGUNDO. Precise cuál es el acto que desea reclamar. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa, que en el caso de no dar cumplimiento a la prevención, con fundamento en el numeral 114 de la Ley invocada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho, mientras que por lo que hace a las diversas personas que refiere se tienen como autorizados en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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