Juan Mendez Flores
Expediente 163/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/02/2017
Partes del expediente
- Juan Mendez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, y remite copia certificada del expediente laboral J/O/711/2015 de su índice. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º . Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la dilación y/o omisión de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a juicio a la parte demandada. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que generan la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto, han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo la autoridad responsable 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, el diecisiete de enero del año en curso, la responsable de mérito se constituyó en el domicilio de la parte demandada ubicado en Boulevard Belisario Domínguez Oriente Número 360, Colonia José Castillo Tielmans, en esta ciudad, viéndose imposibilitado en llevar a cabo la notifición y emplazamiento a juicio de la parte demanda por los motivos expuestos en la razón actuarial que obra en las constancias que remite la diversa autoridad 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, (foja 65), de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque el quejoso reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de las citadas autoridades, consistente en la dilación y/o omisión de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a juicio a la parte demandada. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa, no obstante que no se haya podido llevar a cabo la diligencia de emplazamiento ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto era la omisión de llevar a cabo tal diligencia, sin importar el sentido de ella, toda vez que respecto al resultado obtenido, la parte quejosa tiene expedito su derecho para promover lo que a sus intereses legales convengan dentro del juicio de origen. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la constancia que remitió la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado resulta insuficiente para resolver el presente juicio de garantías; toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado la dilación procesal y omisión de emplazamiento a juicio a la parte demandada en el juicio de origen; en consecuencia, requiérase las autoridades responsables 1. Presidente y 2. Actuario adscrito, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído remitan copia certificada y legibles de la totalidad del expediente generador del acto reclamado ya que son necesarias para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, con fundamento en el artículo 75 en relación con el 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta oportuno invocar la tesis aislada número I.16o.A.10 K, pronunciada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2684 del Tomo IV, Agosto de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA REQUERIR LAS QUE NO OBREN EN EL SUMARIO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES PARA QUE CUENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA EMITIR SU SENTENCIA. Conforme al párrafo primero del artículo mencionado, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no deben admitirse ni tomarse en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Por su parte, acorde con su tercer párrafo, tratándose del juicio de amparo indirecto, el órgano jurisdiccional debe recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, de lo que deriva la facultad del Juez de Distrito de allegarse de dichas pruebas cuando advierta que requiere de documentos diversos a los que obran en el sumario; sin embargo, esa facultad le fue otorgada para que pueda contar con todos los elementos que estime necesarios para emitir su sentencia, no para pronunciarse en relación con la procedencia inicial de una demanda de amparo, pues el referido numeral es claro en señalar que las documentales que debe allegarse el juzgador son para emitir la resolución del asunto, y no en otro sentido. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 75, párrafo tercero, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona, que prioriza la interpretación más favorable al gobernado pues, de otra manera, se coartaría la oportunidad del quejoso de conocer las pruebas con base en las cuales el juzgador se pronunciaría respecto a la procedencia de la instancia constitucional intentada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con seis minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ambos con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la ********************ridad responsable 1. Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
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