Juan Mejía Cerano
Expediente 860/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Mejía Cerano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Jueza y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, rindiendo informe previo, con vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES JUSTIFICADOS. Agréguense los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse a las autoridades responsables Jueza y Actuaria adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, rindiendo informe justificado, con vista a las partes. PRUEBA DOCUMENTAL. Por otro lado, en relación a las documentales que remite la jueza responsable en un tomo, consistentes en los autos del juicio sumario civil 107/2020, de donde derivan los actos reclamados; con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. TOMO DE PRUEBAS. A fin de facilitar el manejo de este expediente, fórmese por separado un tomo de pruebas, respetando folios, rubricas y entresellos, el cual se denominará como tomo I. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2023-VI; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3 en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo; sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído; en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial. En el entendido de que, el Juez señalado como responsable, en su informe justificado, deberá especificar de manera detallada el estado procesal en que se encuentra el juicio de donde deriva el acto que le es reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de teléfono, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCEROS INTERESADOS. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de la materia, ténganse como terceros interesados en el presente juicio, a ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, por ser los actores en el juicio de donde derivan los actos reclamados; quienes según lo expuesto por el quejoso pueden ser localizados en calle ********************, de esta ciudad. EMPLAZAMIENTO. Consecuentemente, comisiónese a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción para que emplacen a este juicio a los referidos terceros interesados, realizando lo siguiente: Entregue copia simple de la demanda y del auto admisorio, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo; Los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que sean notificados de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se les harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo; Les informe la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional; Les mencione que a partir de que queden debidamente emplazados y notificados, podrán ofrecer pruebas en términos del artículo 119 de la Ley de amparo, formular alegatos, de conformidad con el diverso 124 de la legislación invocada y todos aquellos derechos procesales inherentes a la adecuada defensa de sus intereses; y, Finalmente, le haga del conocimiento que los informes justificados pueden ser consultables en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, que contiene una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; para que en el caso de estimarlo conveniente manifiesten lo que a su interés legal convenga; esto con la finalidad de evitar una violación a las leyes del procedimiento que amerite su reposición. REQUIERE CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, parte quejosa y tercero interesada, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que, en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su naturaleza jurídica, las documentales exhibidas con el escrito de la demanda, para los efectos legales correspondientes; sin perjuicio de su relación, en su caso, en la celebración de la audiencia constitucional. COMPULSA. Realícese la compulsa de las documentales que anexa el promovente a su ocurso de demanda, para que obren en el incidente de suspensión. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163758, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES". DEVOLUCIÓN. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las pates, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con una copia de la demanda. CAPTURA. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, la secretaria encargada de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. AUTORIZADOS. Por otra parte, ténganse como personas autorizadas con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ******************** y ********************; al tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción del citado ********************, de quien, al realizar una consulta en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se obtuvo que cuenta con la cédula profesional ********************expedida en su favor y que lo acredita como licenciado en derecho. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que no se encuentre registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que éste es un registro de control interno para dichos tribunales y, el contenido de la aludida página oficial tiene efectos públicos, por lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1188, Novena Época, con registro digital 175204, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia XX.2º. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 168124 y rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." DOMICILIO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle ********************, de esta ciudad. HORARIO. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; y, por oficio a las autoridades responsables; emplácese a los terceros interesados.
- Incidental
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo tramítese como expediente único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 860/2023-VI, promovido por Juan Mejía Cerano, por su propio derecho, contra actos del contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otra autoridad. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresen si es o no cierto el acto que se les reclama, además, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance para estar en aptitud de resolver en definitiva sobre la medida cautelar solicitada, tales como la naturaleza del juicio de origen, los nombres de las partes que conforman la litis, las prestaciones reclamadas y el estado procesal en que se encuentra el expediente, así como los demás datos que permitan al órgano jurisdiccional establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. A la par de lo anterior, se les hace saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirá cierto el acto que se les atribuye, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 142 de la nueva Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por la citada vía, por lo que resultará innecesario que lo hagan también por oficio ordinario original. INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE. En aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe previo proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. COMPULSA. Como está ordenado en autos del juicio principal del cual deriva el presente cuaderno incidental, agréguese copia certificada de las documentales que se compulsaron y que fueron allegadas por la parte quejosa a su escrito de demanda, para los efectos legales procedentes. PRUEBAS. Con base en el precepto 143 de la Ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su naturaleza jurídica, las documentales exhibidas con la copia de la demanda de garantías, para los efectos legales procedentes; sin perjuicio de su relación, en su caso, en la celebración de la audiencia incidental. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan, en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." CUESTIONES PREVIAS SOBRE LA MATERIA DE SUSPENSIÓN. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama: El emplazamiento realizado dentro del juicio sumario civil 107/2020, que sobre cumplimiento de contrato escrito de compraventa de inmueble, promovieron en su contra Pablo y Artemio, ambos de apellidos Mejía Cerano. Todo lo actuado dentro del referido juicio, resuelto en definitiva, dentro del cual, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria, se ordenó la protocolización notarial y el otorgamiento de la escritura de la parte alícuota que defiende respecto del predio rústico denominado "EL POTRERO Y LAS CUCHILLAS", ubicado en el Rancho de Apúndaro, municipio de Tancítaro, Michoacán. Lo anterior, sin que el quejoso hubiese sido oído ni vencido en el procedimiento de origen y sin que tuviera conocimiento de ello hasta el seis de noviembre del presente año, según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad. EFECTOS PARA LOS QUE ES SOLICITADA LA MEDIDA CAUTELAR. El promovente solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y por consiguiente, no se lleve a cabo la protocolización notarial del juicio de donde emana el acto reclamado, mediante el otorgamiento de la escritura a favor de los actores; lo cual se tomará en consideración en párrafos ulteriores, aunado a que este Juzgado de Distrito emprenderá el análisis de la suspensión en función de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. En principio, debe establecerse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor literal: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Del contenido de los preceptos transcritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva, el juzgador de amparo debe atender a los siguientes requisitos: 1) que lo solicite el agraviado; 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, por cuanto hace a la primera de las exigencias, prevista por la fracción I del dispositivo normativo invocado, se estima que esta se encuentra satisfecha en sus extremos, toda vez que es la propia demandante de la protección federal quien solicita el otorgamiento de la suspensión contra los efectos de los actos reclamados. En otro orden, por cuanto ve a lo dispuesto por la fracción II, del invocado ordinal 128, tendente a ponderar que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debe decirse que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, lo cierto es que al momento de ponderar sobre la procedencia de la medida cautelar es necesario atender su existencia en los casos concretos de que se trate; para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se contravienen disposiciones de orden público como lo es, que con la concesión de la medida cautelar se ocasionen perjuicios a la sociedad. Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3°A. J/16, consultable en la página trescientos ochenta y tres, Tomo y, Enero de 1997, de Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". Lo mismo que la tesis consultable en la página 516, del Tomo III, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN.' Por tanto, se estima que en el caso a estudio, también se encuentra satisfecho a cabalidad dicho requisito, pues con su otorgamiento no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio y, por el contrario, se estima que de no concederse la suspensión se privaría a la parte quejosa de sus derechos fundamentales, vinculados con los bienes patrimoniales que conforman el caudal hereditario. Aunado a lo anterior, la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña por equiparación al procedimiento de origen, es decir, asegura no fue debidamente oída ni vencida en juicio, además, acredita presuntivamente su interés suspensión al ser parte en el contradictorio de donde emanan los actos reclamados. Lo anterior encuentra sustento, por analogía jurídica, en la tesis de jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 4/2009 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167346 1 de 1 Primera Sala Tomo XXIX, Abril de 2009 Pag. 515 Jurisprudencia(Común) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, SE CONCEDE la suspensión provisional del acto reclamado, para el único efecto de que, dentro del juicio sumario civil 107/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que sobre cumplimiento de contrato de compraventa promovieron Pablo y Artemio, ambos de apellidos Mejía Cerano, frente al ahora quejoso; por el momento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y por consiguiente, el promovente no sea desposeído del predio rústico denominado "EL POTRERO Y LAS CUCHILLAS", ubicado en el Rancho de Apúndaro, municipio de Tancítaro, Michoacán, ni se proceda a su desocupación o entrega a la parte actora del juicio, como tampoco sea inscrito o transferido a nombre de terceras personas. Lo anterior, respecto de la parte alícuota del 33% que defiende y que acredita su titularidad indiciariamente con la copia cotejada ante Notario Público de la Escritura Pública número 308, de diecisiete de junio de dos mil nueve, aportada con el escrito de demanda. Medida cautelar que surte efectos desde luego, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución en que se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando los actos por los que se otorga a la fecha no hayan sido ejecutados o provengan de diversas autoridades a las precisadas como responsables por el promovente, pues en tal caso, se considerarán como actos consumados, para los efectos legales conducentes. Cobra aplicación al respecto la siguiente jurisprudencia. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 253749 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Volumen 90, Sexta Parte Pag. 183 Jurisprudencia(Común) "SUSPENSIÓN. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La suspensión a que se refieren los artículos 124 y relativos de la Ley de Amparo conforme a la jurisprudencia ya establecida, no sólo puede concederse respecto de actos ya dictados o actualizados, sino también respecto de actos futuros inminentes (tesis numero 19 visible en la página 50 de la Sexta Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, que con el mismo número aparece en la página 36 de la Octava Parte del Apéndice 1917-1975). Y junto con estos últimos actos pueden comprenderse, en principio, no sólo aquéllos actos que tendrán que dictarse necesariamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente, o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquellos actos esté condicionada a la existencia legal de éste, si tales actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban, o a causar perjuicios de difícil reparación. Pues la suspensión podría hacerse nugatoria si las autoridades quedaran en posición de ejecutar actos futuros, derivados del existente o condicionados a la validez de éste, cuyas consecuencias fueran a hacer imposible o dificultar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que es el efecto propio de la sentencia que concede el amparo (artículo 80 de la Ley de Amparo), cuya materia debe preservar la suspensión." VIGENCIA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 20006797 y de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE." GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la procedencia de la presente medida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, la parte quejosa no exhibe garantía en favor de este juzgado por la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), en efectivo, a través de certificado de depósito, el que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca y Desarrollo, antes Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito); o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; cantidad que servirá para garantizar los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con el decretamiento de esta medida suspensional, en caso de no obtener resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que lleguen a aportar las autoridades responsables. Cantidad que se fija de manera discrecional, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, considerando que del escrito inicial de demanda y de las manifestaciones realizadas por el promovente, bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el quejoso no fue debidamente oído ni vencido, dejándosele en estado de indefensión al no comparecer a deducir sus derechos, además, se desconoce el valor actual del inmueble materia del litigio. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia III. 3º, C.J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 571, tomo III, mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor literal: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es lógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera". En la inteligencia de que, no se fija garantía por lo que a daños se refiere, en razón de que éstos se encuentran garantizados con el propio inmueble que conforma el caudal hereditario y que se relacionan con los actos reclamados. Resulta aplicable por analogía jurídica, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Tomo XI, febrero de 1993, página 335, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. MONTO DE LA FIANZA CUANDO EXISTEN BIENES EMBARGADOS. Cuando existen bienes embargados que alcancen a cubrir la suerte principal, el monto de la fianza que se fije para que surta efectos la suspensión solo debe responder de los perjuicios que se pudiera causar al tercero perjudicado, calculados por los intereses respectivos al tipo legal y durante el tiempo probable de resolución del amparo. En tal virtud, si la responsable fija como caución para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, consistente en la sentencia definitiva del juicio ejecutivo mercantil seguido en contra del quejoso, el importe de la suerte principal y de los intereses convencionales moratorios materia de condena en el acto reclamado, es incorrecta dicha caución de existir bienes embargados, pues aquella debe comprender únicamente los intereses legales calculados sobre la cuantía de la suerte principal y por el término de seis meses, estimado como lapso probable para fallar el amparo." Por lo que, para que surta efectos desde luego la suspensión provisional del acto reclamado que se solicita, deberá otorgar la garantía fijada, en razón de que el invocado artículo 132, párrafo primero, de la ley de la materia, establece que cuando sea procedente la medida cautelar solicitada pero puedan ocasionarse daños o perjuicios a terceros interesados y ésta se conceda, la parte quejosa deberá otorgar garantía para la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que se causaren, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo al que esta incidencia corresponde. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 883 y 889 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, si la garantía se constituye a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá contener: I. La leyenda: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". II. La leyenda: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos". III. Deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijen y, de ser el caso, también por separado respecto de cada quejoso. IV. Deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo de la parte quejosa. V. El concepto dirá: "Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión 860/2023-VI". VI. Como autoridad: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan. De no estar requisitado el documento valioso en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin tener por exhibida la garantía. REQUERIMIENTO. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que informen dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de esta resolución, el cumplimiento que den a dicha medida suspensional. A quien se le hace saber lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)." CONSIDERACIÓN FINAL. En ese orden, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien están obligadas a acatar la suspensión desde este momento en que se concede, también lo es que están obligadas a revocar su actuación considerando el instante en que se otorgó la suspensión y deben componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Tesis: 1ª./J. 34/2014 (10ª) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006796 1 de 1 Primera Sala Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 430 Jurisprudencia "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUELLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN." NOTIFICACIÓN TERCEROS INTERESADOS. Se advierte que en auto de esta fecha, dictado en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia, se tuvo como terceros interesados a Pablo y Artemio, ambos de apellidos Mejía Cerano, quienes según lo expuesto por el quejoso pueden ser localizados en calle Emiliano Zapata, número 89, colonia Revolución, de esta ciudad. En ese sentido, comisiónese a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción para que notifique el presente proveído a los citados terceros interesados. AUTORIZADOS. Por otra parte, ténganse como personas autorizadas con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabino Vargas Carrillo, Miguel Ángel Torres Cruz, Adrián Alejandro Casco Hernández y Leobardo Sánchez Figueroa; al tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción del citado Adrián Alejandro Casco Hernández, de quien, al realizar una consulta en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se obtuvo que cuenta con la cédula profesional 4142903, expedida en su favor y que lo acredita como licenciado en derecho. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que no se encuentre registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que éste es un registro de control interno para dichos tribunales y, el contenido de la aludida página oficial tiene efectos públicos, por lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1188, Novena Época, con registro digital 175204, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia XX.2º. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 168124 y rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." DOMICILIO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Galeana, número 24, letra "A", planta alta, colonia Morelos, de esta ciudad. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. HORARIO. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este incidente; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de esta incidencia en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a los terceros interesados.
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