Juan Medina Sustaita
Expediente 832/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Medina Sustaita
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. SE ORDENA EL ARCHIVO.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegada de su parte a la persona que menciona. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de acordar el escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual la parte actora, aquí quejosa, solicitó se dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del auto dictado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio laboral 628/2017, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable acordó la promoción presentada el siete de mayo de dos mil diecinueve y despacho auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma en el juicio laboral referido. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
SE ADMITE DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALAN LAS NUEVE CON CUARENTA DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE PARA CELEBRACION DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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