Juan Maximino Velazquez Cerón
Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2018
Partes del expediente
- Juan Maximino Velazquez Cerón
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por Juan Maximino Velázquez Cerón, con la que se da cuenta, regístrese la demanda bajo el número 164/2018-V-B. DESECHAMIENTO En principio, es menester destacar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Ahora bien, el quejoso señala en esencia como acto reclamado: El proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, y su aplicación. En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ocurre a esta instancia constitucional alegando tener interés legitimo toda vez que la Ley que se combate por este medio otorga dicho interés a todo ciudadano del Estado Mexicano en su primer artículo, puesto que refiere que es de observancia obligatorio para todo el territorio mexicano y de interés general. Ahora bien, este juzgado federal considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que a juicio de este órgano jurisdiccional, no se advierte que dicho acto reclamado, afecte su interés jurídico o legítimo, por las razones que a continuación se explican. La jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se advierte de forma patente y absolutamente clara; mientras que lo "indudable" consiste en tener, desde luego, la certeza y convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una diversa conclusión. Pues bien, como se anunció, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente carece de interés jurídico y legítimo para impugnar los actos reclamados. Conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Al respecto, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Por lo que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso carece de interés legítimo en función de su situación particular frente al orden jurídico cuya declaración de inconstitucionalidad pretendía generar a través de este juicio de amparo; lo anterior, ya que el peticionario de garantías sostiene en el apartado relativo a los conceptos de violación del acto reclamado, que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, incluso su sola entrada en vigor, le genera un perjuicio, lo que al parecer hace depender del hecho de que dicha norma transgredería sus derechos de libertad de expresión, de reunión, asociación individual, derecho a la consulta previa, entre otros. Sin embargo, es posible concluir, desde este momento, que el promovente guarda una situación genérica no especial frente al orden jurídico en cuestión (la Ley de Seguridad Interior), es decir, tal acto no afecta el interés legítimo del quejoso, habida cuenta de que no le genera un agravio diferenciado al resto de los demás habitantes a nivel nacional, estatal y municipal, y que tal agravio sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos que impugna ante una eventual concesión de amparo, le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futura, pero cierta. A tal conclusión se arriba pues el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que se enteró de la entrada en vigor y aplicación de la Ley de Seguridad Nacional los actos de que se duele en esta vía, por los mensajes difundidos en los canales televisivos y en el canal oficial de YouTube de la oficina de la Presidencia de México de ahí que el quejoso con sus manifestaciones no acredite que sufre una afectación individual o colectiva a partir de una situación actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, ni tampoco aduce cual sería el beneficio que en lo particular obtendría con la concesión del amparo. Aunado a lo anterior, el promovente señala que tiene el temor "fundado" de no tener claro los conceptos de los términos de seguridad interior, amenaza a la seguridad interior, uso ilegitimo de la fuerza, inteligencia para la seguridad interior y acciones de seguridad interior, expresadas en la ley que tilda de inconstitucional. Además, que se contravienen con dicha ley las labores de seguridad que son competencia de las fuerzas civiles, pues el artículo 129 de la Constitución General de la República, establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tenga exacta conexión con las disciplina militar. No obstante, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos del quejoso; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio del accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. Lo anterior, se pone de relieve cuando el propio peticionario de amparo manifiesta en su demanda que la ley impugnada afecta directamente a todas las personas y todo ciudadano que habite en el país. En tal caso, a pesar de que a todos los habitantes de esta república les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías, porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el territorio nacional, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En conclusión, la parte quejosa no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. No obstante lo anterior, es menester dejar asentado que las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se deben distinguir por el concepto de individualización incondicionada, la cual, conforme al actual artículo 107 constitucional, puede proyectarse en dos espacios de afectación posible, a saber, el de interés jurídico y el de interés legítimo. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos, ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. El artículo 107, fracción I, constitucional establece que el interés legítimo se puede generar por una afectación indirecta, generada por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico, lo que implica que para constatar un interés legítimo no es necesario que las normas impugnadas tengan como destinatarios directos a los quejosos, sino que pueden ser terceros que resienten la afectación indirecta, por una irradiación colateral de los efectos de la norma. Así, el análisis de este apartado requiere una evaluación no sólo de la relación de la ley y sus destinatarios, sino también de un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, el quejoso no debe ser destinatario directo de la ley impugnada, sino que es suficiente que sea tercero que resienta una afectación incondicionada. Así pues, las normas autoaplicativas en el contexto del interés legítimo sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación que reúne las características de jurídicamente relevante, cualificado, actual y real. La afectación debe estar garantizada por el derecho objetivo y, en caso de concederse el amparo, el quejoso podrá obtener un beneficio jurídico; Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar el quejoso como destinatario de la norma, sino tercero de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, el quejoso resentirá algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa en grado suficiente para ser personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, cuya comprobación pasa por verificar que, en caso de otorgarse el amparo, el quejoso obtendría un beneficio jurídico; y/o Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación, para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. De la anterior narración se colige que la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita en primera instancia, que el Presidente de la República, o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Luego, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el precepto impugnado carácter de heteroaplicativo. Además cabe precisar que en el caso, no se advierte que el quejoso forme parte de un grupo vulnerable o exista una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, con la ley impugnada para reconocer el interés legítimo, sin esperar al acto de aplicación. Ello es así pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, esto es la oposición a la norma. Pues para que exista un interés legítimo para impugnar una norma por razón de una afectación de estigmatización, es necesario reunir los siguientes requisitos: 1) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente -aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas. 2) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1 constitucional, del cual, se insiste, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos -origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 3) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje. Lo cual en el caso no acontece, motivo por el cual se procede en los términos antes apuntados. Así las cosas, y en estricto acatamiento de los criterios emitidos, debe establecerse de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda de amparo promovido por Juan Maximino Velázquez Cerón, por propio derecho. No pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. De tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, pues no se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Juan Martín Vázquez Plata981/2015
- Juan Martín Zarate Chávez1477/2015
- Juan Martínez Reyes1267/2022
- Juan Martínez Ruíz256/2023
- Juan Martínez Silverio1621/2023
- Juan Martinez Vargas638/2014
- Juan Mendoza García1332/2018
- Juan Miguel Barragán Elizondo y Otros.539/2022
- Juan Miguel Jurado Zarzosa y Otros.269/2015
- Juan Miguel Jurado Zarzoza181/2018
- Juan Miguel Jurado Zarzoza623/2018
- Juan Miguel Jurado Zarzoza1673/2016