Juan Martínez Valdez
Expediente 596/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Martínez Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintisiete de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo número 596/2016-3; asimismo, que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; de igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por separado, que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino; y que no existe tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, conforme a la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, se hace constar que en el presente asunto las partes no allegaron algún documento de los que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características deba ser devuelto; asimismo, que no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino y que no existen pruebas pendientes por devolver a las autoridades responsables. Por último, la anterior circunstancia hágase del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 15335, con anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 596/2016-3, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 378/2016-II; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintinueve de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; así como un disco que contiene el indicado fallo. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JOSÉ DE JESÚS PACHECO HERNÁNDEZ, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b); DE LA LEY DE AMPARO: En cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 15335, con anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 596/2016-3, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 378/2016-II; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintinueve de agosto del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; así como un disco que contiene el indicado fallo. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis. SENTENCIA DE 29 DE AGOSTO DE 2016. Vistos los autos relativos al juicio de amparo 596/2016, promovido supuestamente por Juan Martínez Valdez contra actos de la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, supuestamente Juan Martínez Valdez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis lo radicó bajo el expediente 596/2016 de su índice; tuvo como tercero interesado a José de Jesús Pacheco Hernández y previno al quejoso para que señalara domicilio donde emplazarlo a juicio; el veintiuno de abril siguiente el supuesto inconforme dio cumplimiento a la prevención, por lo que el veintidós de ese mismo mes y año la Juez auxiliada admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló el pedimento 470/2016 y señaló día y hora para la audiencia constitucional. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el Secretario encargado del despacho del Juzgado auxiliado tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público Contra Robo de Vehículos, y en proveído de doce de mayo del año en curso ordenó requerir al quejoso para que manifestará si era su deseo ampliar su demanda respecto de la autoridad denominada Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Capital, quien por escrito presentado el dieciocho de mayo siguiente amplió su demanda respecto a la referida autoridad, a quien se solicitó su informe justificado. Finalmente, el catorce de julio de dos mil dieciséis tuvo verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 596/2016 de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 378/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman unos actos de unas autoridades de la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda y del informe justificado, en términos de lo dispuesto por los numerales 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: De la Procuradora General de Justicia, de la Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y del Subprocurador de Investigaciones y Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Zacatecas, se reclaman los siguientes actos: La omisión de dictar resolución en la averiguación previa 193/I/2005, seguida en contra de Juan Martínez Valdez, por el delito de robo de vehículos; Las consecuencias de tal omisión, como son: El no declarar prescrita o extinta la acción penal en la referida indagatoria; y, El no dejar sin efectos el acuerdo de investigación y el aseguramiento del vehículo afecto a aquélla. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables Procuradora General de Justicia y Subprocurador de Investigaciones y Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, ambos del Estado de Zacatecas -informes justificados visibles a fojas treinta y seis y treinta y ocho del sumario en que se actúa-, en virtud de que las mencionadas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 284 localizable en la página 236, Tomo VI, Común, de la Sexta Época del Apéndice 2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos que se atribuyen a dichas autoridades, tal y como lo expuso el fiscal federal adscrito al Tribunal auxiliado en su pedimento 470/2016 (foja 208), lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos del Estado de Zacatecas -informe justificado visible a foja setenta y cinco del sumario de amparo en que se actúa-, ya que al rendir su informe con justificación admitió la certeza de los actos que se le atribuyen. Resulta aplicable a lo antes considerado, la jurisprudencia consultable en la página doscientos treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Quinta Época, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que se corrobora de manera fehaciente con las documentales exhibidas al sumario relativas a la averiguación previa 193/I/2005 de la estadística de la fiscalía responsable; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 226 consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia II.1o. J/5, perteneciente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, página 95, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de resolver la averiguación previa 193/I/2005, seguida en contra del supuesto quejoso por el delito de robo de vehículos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos tres últimos interpretados en sentido contrario, ante la inexistencia de la parte agraviada y, por ende, de legitimación para acudir ante esta instancia constitucional. Para evidenciarlo se estima conveniente insertar el contenido de los cardinales 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de nuestra Carta Magna, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas de materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa... En principio es preciso destacar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del numeral 61 de la ley de la materia sólo indican algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero éstos no son los únicos en los que dicho juicio puede estimarse improcedente, ya que existen otras causales previstas por algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Así, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra, el de instancia de parte agraviada, consagrado por el dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o el acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede los derechos reconocidos por la Constitución y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del referido precepto constitucional se advierte que existen tres reglas para acudir al juicio de amparo; una, de carácter general, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho; otra regla especial, que se dirige a un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto combatido vulnera los derechos reconocidos por la Constitución y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico y, finalmente, una tercera regla, cuando se trata de actos o resoluciones provenientes de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otro lado, el cardinal 6 de la Ley de Amparo consagra el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o el acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario. En esa medida, el presupuesto indispensable para la promoción y el seguimiento del juicio de amparo radica en la existencia del perjuicio que el gobernado resiente en su esfera de derechos con motivo del acto de autoridad; así, para efectos de la procedencia del juicio constitucional se entiende por parte agraviada el sujeto que sufre un perjuicio objetivo, entendido como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses, en su persona o en su patrimonio, por cualquier acto de autoridad. De modo que se requiere de un acto concreto que cause un perjuicio o agravio a los derechos o intereses del gobernado para que surja su legitimación para promover el juicio de derechos fundamentales, esto es, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 850, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, compilación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página 579, que es del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama. Respecto al tema del agravio personal y directo y su relación con el interés necesario para instar la acción de amparo es oportuno e ilustrativo citar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, cuyos rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así, de lo expuesto se deduce que quien concurre al juicio de amparo debe justificar fehacientemente la titularidad del derecho cuyo respeto exige, y que éste ha sido dañado por un acto de autoridad, ya que sólo así se puede estimar que el acto que reclama le ocasiona el referido agravio personal y directo. De la misma manera, se concluye que el juicio de amparo se torna improcedente al carecer del principio de parte agraviada que consagra que únicamente quien sea titular de un derecho subjetivo o que tenga interés legítimo en un asunto en concreto será quien pueda instar el juicio de amparo, lo cual en el caso no acontece. Se dice lo anterior ya que en el sumario se puso de manifiesto que el supuesto quejoso falleció el tres de febrero de dos mil dieciséis, esto es, antes de la presentación de la demanda de amparo que fue el dieciocho de abril del año en curso, lo cual quedó debidamente demostrado con la copia certificada del acta de defunción que remitió el Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas (foja 201); documental que cuenta con valor probatorio de acuerdo a los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, al ser emitida por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 226 consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo rubro es: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.. En efecto, del acta de defunción ochenta y ocho, que obra en el libro uno, foja ochenta y ocho, del Archivo General del Registro Civil de Zacatecas, Zacatecas, de tres de febrero de dos mil dieciséis, que se encuentra glosada en la foja doscientos uno del presente sumario se advierte que Juan Martínez Valdez falleció el tres de febrero del año en curso por broncoaspiración postalcoholismo y alcoholismo crónico. Además, se atiende al hecho de que el supuesto promovente del juicio biinstancial al declarar ante el Agente del Ministerio Público Instructor contra Robo de Vehículos el veintidós de enero de dos mil siete, como sus generales manifestó las siguientes (foja 106): Tener por nombre Juan Martínez Valdez, de veintisiete años de edad; de nacionalidad mexicana; originario y vecino de Zacatecas, Zacatecas; con domicilio en calle Real de Minas número cuatrocientos once, de la colonia Minera y de ocupación comerciante. Por otro lado, del acta de defunción agregada en autos se advierte que Juan Martínez Valdez al momento de la defunción contaba con las siguientes generales: nacionalidad mexicana; treinta y seis años de edad; estado civil soltero; domicilio en calle Real de Minas número cuatrocientos once, de la colonia Minera en Zacatecas, Zacatecas, e hijo de Juan Martínez Guzmán y de María Guadalupe Valdez de Martínez. Luego, al existir identidad entre los datos proporcionados por el supuesto quejoso ante la autoridad persecutora de los delitos y aquellos que obran en el acta de defunción que obra en autos debe concluirse que se trata de la misma persona y que efectivamente aquél falleció. En consecuencia, si quedó debidamente probado que la presentación de la demanda que nos ocupa se realizó después del deceso del presunto quejoso no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien supuestamente acudió a solicitar la protección de la Justicia Federal y, en ese supuesto, se actualiza la improcedencia del presente juicio, en términos de lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 5 y 6, todos de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que si al momento de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa el supuesto inconforme ya había fallecido se concluye que no existe instancia ni legitimación de parte agraviada, toda vez que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente afectado en la promoción del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis VI.2o.C.215 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XX, Noviembre de 2004, página 2025, Materia Común, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII y 4o., ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada. Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido a nombre de Juan Martínez Valdez contra los actos reclamados a la Procuradora General de Justicia, a la Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y al Subprocurador de Investigaciones y Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Zacatecas, conforme a lo establecido en el tercero y quinto considerandos de la presente sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 378/2016 de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Gladis Lobo Inzunza, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de agosto dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
En diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 11461, con un anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado el catorce del mes y año en curso, remite copia certificada del registro de defunción de JUAN MARTÍNEZ VALDEZ; documental que deberá tenerse en consideración en el momento procesal correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a Juan Martínez Guzmán y Ma. Guadalupe Valdez de Martínez, quienes en el acta de defunción antes descrita aparecen como padres de JUAN MARTÍNEZ VALDEZ, para que dieran cumplimiento a lo solicitado mediante auto de uno de junio de la presente anualidad; por tanto, requiéraseles de nueva cuenta para que dentro del término de tres días informen por escrito a este órgano jurisdiccional si efectivamente el promovente del amparo es o no la misma persona a que se refiere el indicado documento; debiendo para tal efecto hacerles entrega de copia simple. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A JUAN MARTÍNEZ GUZMÁN Y MA. GUADALUPE VALDEZ DE MARTÍNEZ, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Juan Manuel Valdez Campos130/2023
- Juan Manuel Villegas Marquez570/2022
- Juan Manuel Vital Santos853/2018
- Juan Manuelk González Álvarez1092/2023
- Juan Márquez Sánchez793/2021
- Juan Martín García Rodríguez1104/2018
- Juan Mauricio Pérez Varela1293/2022
- Juan Medina Alvarado337/2021
- Juan Medina Alvarado336/2021
- Juan Menchaca Guerrero1201/2014
- Juan Miguel Delgado Gutiérrez589/2015
- Juan Miguel Esquivel Tapia4180/2014