Juan Martínez Román

Expediente 995/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
995/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Martínez Román

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Juan Martínez Román, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil de la capital, por violación a los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 995/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual, la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Civil de la capital, autoriza la Diligencia de Remate en Primera Almoneda, pública subasta y al mejor postor de un inmueble que el quejoso afirma ser de su propiedad. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. Manuela de Jesús Ahumada Fuentes, promovió juicio ordinario civil reivindicatorio contra Juan Martínez Román, respecto del inmueble consistente en el predio rustico denominado "El Cortijo", ubicado en la ex hacienda de Sauceda de la Borda, en Vetagrande, Zacatecas, ante el Juzgado Primero del Ramo Civil del estado de Zacatecas, mismo que fue registrado bajo el folio 238/2014. 2. Seguido el juicio por su secuela correspondiente, el veinticuatro de junio de dos mil quince, fue pronunciada sentencia definitiva, en cuyo resolutivo cuarto, condenó al demandado, ahora quejoso, a pagar los perjuicios ocasionados a la actora Manuela de Jesús Ahumada Fuentes, por diversa cantidad; por lo que el trece de julio de dos mil dieciséis, fue trabado embargo respecto del mencionado inmueble, propiedad del quejoso, para garantizar el pago de los perjuicios ocasionados a la citada actora. 3. Posteriormente, encontrándose el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Civil de la capital, autorizó la Diligencia de Remate en Primera Almoneda, pública subasta y al mejor postor de un inmueble que el quejoso afirma ser de su propiedad. Acto reclamado. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 238/2014, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital y dicho auto no es la última resolución dentro del citado procedimiento, entendiéndose por esta, aquélla que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado en el juicio de origen, para garantizar los perjuicios ocasionados a la parte actora natural, lo que en la especie no acontece; lo que incluso tiene sustento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Así, el quejoso estaría en aptitud de promover el amparo correspondiente contra la última resolución que al efecto se dicte en el procedimiento de origen, pudiendo combatir en ella las demás violaciones que se dieren, incluyendo lo que señala como acto reclamado; ello atendiendo a la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada en los autos del juicio de origen; de ahí que en el caso se surta de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en análisis. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 734, visible a foja mil doscientos cuatro, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Juan Martínez Román, por sus propios derechos, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil de la capital, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados del promovente, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Francisco Javier Trejo Basurto y María Guadalupe Hernández Noriega y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Avenida Cinco de Mayo, número cincuenta y cinco bis (55 bis), Interior dos (int. 2), colonia La Victoria, en Guadalupe, Zacatecas.

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