Juan Martínez Rivera
Expediente 188/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 37 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Martínez Rivera
- Juez de Control de la Demarcación Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho Viejo.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por las consideraciones expuestas en los considerandos cuarto y sexto de este fallo SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando último de este fallo.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 188/2018 SE DICTÓ SENTENCIA QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 188/2018, se determina lo siguiente: 1. (.) TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Juez de Control de Xalapa, Veracruz, Fiscal General del Estado, Fiscal Décimo Cuarto de la Unidad de Procuración de Justicia del Distrito XI, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Coordinador del Sistema Estatal de Información y Enlace Informático y Titular de la Estación de la Policía Federal, todas con residencia en esta ciudad, así como Director General y Subdirector General de la Policía Ministerial, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz (fojas 181,14, 29, 27, 182, 46, 16 y 1, en ese orden respectivamente), respecto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, localización, presentación y citación girada por las autoridades responsables en contra del hoy quejoso ***, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa ofreciera prueba en contrario para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, como las negativas informadas por las responsables no fueron desvirtuadas por la parte quejosa, ni de autos se advierte constancia con la que se evidencie la existencia del acto que se les reclama; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, por lo que a dicha autoridad concierne, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. (.) CUARTO. Es cierto el acto que se le reclama a la autoridad responsable Fiscal Decimocuarta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con sede en esta ciudad, respecto del oficio de investigación, búsqueda, localización y aseguramiento de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación ***, del vehículo de motor ***, motor importando, con número de serie *** color negro, con número de placas de circulación número ***, pues así lo manifestó al momento de rendir su respectivo informe justificado (foja 14). (.) QUINTO. SE SOBRESEE EN ESTA OTRA PARTE DEL JUICIO DE AMPARO, TODA VEZ QUE, LA PARTE QUEJOSA NO ACREDITÓ SU INTERÉS JURÍDICO. Lo anterior es así, que este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y la diversa fracción I del artículo 5 ambos de la ley de la materia, cuyo tenor literal es el siguiente: El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: (.) Por su parte, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: (.) De lo expuesto, puede concluirse que el promovente del juicio de amparo debe necesariamente ser el titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos, ya sea en su patrimonio o en su persona. Lo anterior es así, si atendemos que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, que colma en esencia su objetivo con la nulificación de los actos de autoridad que se reclamen y que resulten violatorios del gobernado, que nuestra Carta Magna contiene en su favor, por lo que es evidente que para el logro de este objetivo específico, que tiene su fundamento precisamente en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es menester la demostración o acreditamiento de cuatro presupuestos fundamentales, a saber: a) La existencia del acto que se reclama; b) Que ese acto produzca una afectación; c) Que esa afectación incida en algún derecho subjetivo público del que es titular el quejoso; d) Que tal afectación contraríe las disposiciones contenidas en la Norma Fundamental. Traslado lo anterior al caso específico que nos ocupa, a consideración de quien resuelve, el tercero de los requisitos señalados no se encuentra acreditado. A efecto de demostrar lo anterior, es menester establecer que el solicitante del amparo, en el caso a estudio, señaló como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, de manera medular, la afectación a su derecho de propiedad, derivado del oficio 179/2018 de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitido por la Fiscal 14 de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ***, por el cual se solicitó la investigación, búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo de motor del cual aduce ser su legal titular. Luego si el peticionario promueve el juicio de amparo ostentándose como legítimo propietario y consecuente poseedor del vehículo asegurado dentro de la citada carpeta de investigación, es precisamente el carácter de propietario el que debe acreditar fehacientemente, porque de él e que hace derivar su afectación jurídica, pes para que la posesión de ese bien, sea objeto de protección a través del juicio de amparo, se necesita la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. El razón de lo anterior, en la especie, para demostrar el aludido interés jurídico, que la ley exige para poder acudir en este vía constitucional, estaba obligado a acreditar plenamente la titularidad del derecho que alega vulnerado; es decir, se requiere que de manera indudable demostrara ser el titular del derecho de propiedad y, por ende, de posesión, respecto de la unidad motriz asegurada por la autoridad responsable. No obstante, se estima que carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, debido a que no demostró en esta instancia constitucional ser el propietario del vehículo que defiende. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 118/2005, sostuvo que cuando los actos reclamados consisten en el despojo, secuestro o decomiso de un vehículo, entre otros de la misma naturaleza que implican una afectación o menoscabo del derecho de posesión derivado directamente de la propiedad -entre los que se encuentra el aseguramiento ministerial-, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Lo que se logra, a través de la factura que ampara la propiedad o posesión, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que aquél es el actual titular del vehículo, toda ce que si esa titularidad hace derivar el derecho de procesión que considera afectado, no es un simple derecho detentatorio en que defiende, sin o la posesión emanada de la propiedad, es decir, posesión originaria; de modo que es ésta la que tiene que acreditarse. El criterio obligatorio en cita, se localiza en la página 353, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y es del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, TRATÁNDOSE DEL DESPOSEIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRARLO UNA FACTURA CUYA FALSEDAD HA SIDO DECLARADA POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO LEGÍTIMO PROPIETARIO". Así, sobre la base del contexto normativo y jurisprudencial hasta ahora analizado, este juzgador considera que el quejoso carece de interés jurídico para combatir en sede constitucional, la investigación, búsqueda, localización y aseguramiento ordenada en el oficio 179/2018, de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación número ***, respecto del vehículo de motor ****. Ello es así, en virtud de que no ofreció ningún medio de convicción cuyo desahogo resultara eficaz y suficiente para evidenciar tal circunstancia, en la medida en que los medios de prueba que aportó no tienen el alcance demostrativo que pretende para acreditar tal extremo. Cierto, a fin de acreditar su interés jurídico respecto del vehículo en comento, exhibió: 1. (.) Sin embargo, dichas documentales no resultan idóneas para acreditar el extremo que pretende, esto es, el interés jurídico que le asiste para cuestionar el acto de las autoridades que aduce le afecta. De ahí que dichas documentales no resultan útiles para acreditar al menos indiciariamente, que el quejoso es propietario del automotor en cita; además de que el quejoso fue omiso adjuntar a su escrito de demanda o, en su caso, exhibir durante la tramitación de sumario, algún otro elemento de prueba del que pudiera colegirse la existencia del vehículo jurídico que le posibilitara reclamar los actos de molestia relacionados con el bien mueble de referencia. Bajo este panorama, es inconcuso que en caso que nos ocupa, la parte quejosa no probó que los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, causaron afectación a sus prerrogativas constitucionales de posesión y propiedad, por lo que, es dable concluir que carece de interés jurídico en la presente controversia constitucional. Sin que constituya obstáculo para concluir en este sentido, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que, como ha quedado establecido, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que los actos combatidos afectan directa o indirectamente sus derechos subjetivos públicos tutelados por la Ley Fundamental. Por lo antes expuesto, y al establecerse que la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I de la Ley de Amparo; y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, SE IMPONE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN V Y DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO. (.) Por lo expuesto y fundado .se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por las consideraciones expuestas en los considerandos cuarto y sexto de este fallo
- Principal
No ha lugar a celebrar audiencia constitucional prevista para el día de hoy, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
Quedan 33 actuaciones en este expediente
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