Juan Martínez Porraz
Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Martínez Porraz
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del treinta de agosto del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Por otra parte, se advierte que este expediente obra un documento exhibido por la parte quejosa en su escrito de demanda. Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger el documento referido, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la peticionaria de amparo deberá ingresar al micrositio denominado "Agenda OJ", del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual tendrá que generar cita en el horario establecido a fin de llevar a cabo la actuación respectiva. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el proveído del treinta de agosto de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 836/2021-I. El quejoso reclama la determinación del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el cuadernillo de pruebas del juicio 97/2021, del índice del juez responsable, por el que se inadmite el diverso medio de convicción consistente en el reconocimiento de contenido y firma de la demanda, origen del expediente antes mencionado. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se obtiene que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Conforme a lo expuesto, el acto combatido en estudio por su naturaleza no es irreparable, al traducirse en una violación de índole procesal relacionada con el tema de inadmisión de una prueba ofrecida por el promovente Juan Martínez Porraz, que está siendo controvertida por su parte en el curso del procedimiento y antes de dictada la sentencia de primera instancia, ya que sus efectos podrán o no trascender al resultando de la sentencia definitiva del juicio natural; e incluso, podrá estar en la posibilidad de reclamarlo hasta el amparo directo que en su caso y oportunidad se llegue a promover en contra de la sentencia que haya resuelto en definitiva el señalado juicio de origen, en caso de que dicha sentencia sea adversa a sus intereses, al así estar establecido en los diversos preceptos 171, primer párrafo y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado por lo que se tiene la lista electrónica para tales efectos; sin embargo por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que se indica, y notifique este proveído a la parte quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la citada legislación. Por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que se precisa, en la inteligencia que para el caso de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 836/2021-I. El quejoso reclama la determinación del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el cuadernillo de pruebas del juicio 97/2021, del índice del juez responsable, por el que se inadmite el diverso medio de convicción consistente en el reconocimiento de contenido y firma de la demanda, origen del expediente antes mencionado. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se obtiene que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Conforme a lo expuesto, el acto combatido en estudio por su naturaleza no es irreparable, al traducirse en una violación de índole procesal relacionada con el tema de inadmisión de una prueba ofrecida por el promovente Juan Martínez Porraz, que está siendo controvertida por su parte en el curso del procedimiento y antes de dictada la sentencia de primera instancia, ya que sus efectos podrán o no trascender al resultando de la sentencia definitiva del juicio natural; e incluso, podrá estar en la posibilidad de reclamarlo hasta el amparo directo que en su caso y oportunidad se llegue a promover en contra de la sentencia que haya resuelto en definitiva el señalado juicio de origen, en caso de que dicha sentencia sea adversa a sus intereses, al así estar establecido en los diversos preceptos 171, primer párrafo y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado por lo que se tiene la lista electrónica para tales efectos; sin embargo por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que se indica, y notifique este proveído a la parte quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la citada legislación. Por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que se precisa, en la inteligencia que para el caso de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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