Juan Martínez Mendoza

Expediente 1056/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1056/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Juan Martínez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se negó el amparo y protección de la justicia Federal en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial XIX, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los tomos de pruebas que se formaron con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1056/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el catorce de noviembre de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, la parte quejosa Juan Martínez Mendoza promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 4-65). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de noviembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; llevar a cabo el emplazamiento a la tercero interesada, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 66-70). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 101) las constancias de notificación respecto del emplazamiento a la tercera interesada Karelia Angélica Gamez Leal (fojas 117-118) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución (fojas 139-140) y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. De la lectura integral de la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable es: "La resolución de veintitrés de octubre del dos mil veintidós, dictada en el incidente de libertad de desvanecimiento de datos 4/2022 relativo a la causa penal 341/2005 por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la cual se declaró improcedente dicho incidente instruida en contra del aquí quejoso Juan Martínez Mendoza como probable responsable del delito de violación cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada e identificada con las iniciales K.A.G.L." (fojas 44-51 Tomo II). Así pues, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 100). Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe (en el Tomo II de prueba) pues de éstas se advierte la existencia del acto reclamado (fojas 44-51 del mismo). A la referida documental se le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de un documento público expedido por un servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En la especie, no se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. La parte quejosa reclama la resolución de veintitrés de octubre del dos mil veintidós, dictada en el incidente de libertad de desvanecimiento de datos 4/2022 relativo a la causa penal 341/2005 por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la cual se declaró improcedente dicho incidente instruida en contra del aquí quejoso Juan Martínez Mendoza como probable responsable del delito de violación cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada e identificada con las iniciales K.A.G.L. En la especie, se estima que los conceptos de violación de la parte quejosa, no destruyen el sustento de la resolución reclamada. Lo anterior impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán de respaldo para dar solución al asunto, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Por otra parte, existe indebida fundamentación cuando el acto de autoridad invoca preceptos legales, pero los mismos no aplican al asunto en concreto por las características específicas de éste; y, existe incorrecta motivación, en el supuesto en que la autoridad sí indica las razones que tomó en consideración para emitir el acto, pero dichas razones no concuerden con la norma legal que aplicó en el caso. Así, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de la cita de normas en que se apoya una resolución o acto y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero los mismos no son aplicables al caso en concreto, y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no concuerdan con el caso específico, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos que invoca la autoridad y las normas que aplicó. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.3º.C. J/47 que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." Por su parte, la motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y 0b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; e 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión de la autoridad no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. Ilustra a lo anterior la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO." Asimismo, es importante precisar que en el Estado de Veracruz, el incidente de libertad por desvanecimiento de datos lo establecen los artículos 364, 365 y 366 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, dichos numerales son del tenor siguiente: "Artículo 364. En cualquier estado de la instrucción, el inculpado o su defensor podrán solicitar la libertad por desvanecimiento de datos, la que se tramitará con audiencia del Ministerio Público." "Artículo 365. La libertad por desvanecimiento de datos procede cuando: I. Aparezcan pruebas indubitables que desvanezcan las que sirvieron para tener por comprobado el cuerpo del delito; o II. Sin haber aparecido datos posteriores de responsabilidad, se desvanezcan por pruebas indubitables los que fueron tomados en cuenta en el auto de formal prisión, para tener al inculpado como probable responsable. "Artículo 366.- Para resolver el incidente de referencia, hecha la petición por el interesado el tribunal citará a una audiencia dentro del término de cinco días, en la que oirá a las partes y sin más trámite dictará la resolución que proceda dentro de setenta y dos horas. I. Aparezcan pruebas indubitables que desvanezcan las que sirvieron para tener por comprobado el cuerpo del delito; o II. Sin haber aparecido datos posteriores de responsabilidad, se desvanezcan por pruebas indubitables los que fueron tomados en cuenta en el auto de formal prisión, para tener al inculpado como probable responsable" De tales dispositivos se desprende que el incidente de libertad por desvanecimiento de datos es un procedimiento encaminado a determinar, ante los tribunales ordinarios, si las pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisión anulan o destruyen de manera directa y plena las pruebas que sirvieron de base para acreditar el cuerpo del delito o bien, la probable responsabilidad, ello con la finalidad de extinguir el proceso por vía anticipada cuando en el curso de la instrucción desaparezcan los fundamentos que justifican su objeto. Además, el incidente no consiste medularmente en valorar simplemente las pruebas que durante el desarrollo de la instrucción se ofrezcan por el procesado o su defensor, y que pudiesen eventualmente favorecer los intereses de aquél, sino que los medios convictivos aportados deben ser de una fuerza jurídica tal, que por sí solos sean aptos para anular o destruir de manera indubitable el valor de aquellos que sirvieron para decretar la formal prisión, pues no basta que los datos novedosos favorezcan en alguna medida al inculpado; de tal manera que si las pruebas recabadas no destruyen completamente las que sirvieron de sustento para resolver la situación jurídica del encausado, aun cuando lo favorezcan, serán materia de estudio en la sentencia definitiva, sin que sirvan para considerar desvanecidos los fundamentos de hecho de la prisión motivada. En ese tenor, al respecto es conveniente precisar nuevamente que la naturaleza jurídica y la finalidad del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, es extinguir el proceso antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando en el curso de la instrucción desaparecen los fundamentos de derecho constitucional y sustantivo penal que justifican su tramitación, como lo son el cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del procesado, puesto que es evidente que si se desvanecen estos supuestos jurídicos materiales que sirvieron de soporte para la emisión del auto de formal prisión, carece de razón jurídica su continuación, por lo que el proceso debe concluir al momento en que se advierta que las pruebas se esfuman o pierden su calidad de demostración y persuasión. Lo anterior es así, dado que el auto de formal prisión que se dicte en contra de una persona determinada, implica el inicio del proceso penal, ya que con dicho acto se apertura el periodo de instrucción en el que se afecta la libertad del procesado por estimarse surtidos los elementos del artículo 19 de la Carta Magna, esto es, por estar plenamente demostrado el cuerpo del delito cuya comisión se atribuye a aquél y considerar la existencia de datos que hacen probable su responsabilidad. De tal suerte que en dicho periodo se abarcan las diligencias practicadas ante y por los tribunales, con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que se hubiese cometido y las peculiaridades del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad de éste. Por ello, el objeto del incidente en mención se constriñe esencialmente en determinar si las pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisión, destruyen de manera directa y plena las que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito y/o para tener al procesado como probable responsable, o bien, si ya se desvanecieron o perdieron su valor demostrativo para tales efectos. Por identidad de razón sirve de apoyo a lo comentado la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que señala: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, NO COMPRENDE EL EXÁMEN SOBRE LA LEGALIDAD DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN EL. El incidente de libertad por desvanecimiento de datos no entraña examen sobre la legalidad del auto de formal prisión en sí mismo y, por ende, no son materia de análisis en el propio incidente los requisitos de fondo y forma que debe satisfacer aquel proveído, pues dicho procedimiento no tiene otra finalidad que establecer si nuevos datos constituyen prueba plena indubitable capaz de desvanecer los que sirvieron como fundamento de aquella resolución. Verificar si estos últimos son suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito o delitos a que se contrae el auto y la probable responsabilidad del inculpado, así como estudiar si ha sido correctamente clasificada la conducta y exactamente aplicada la ley, son cuestiones propias de la apelación, como recurso ordinario, o del juicio de amparo, cuando sea ésta la vía elegida por el interesado." Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Previo al análisis de los conceptos de violación, es pertinente destacar las razones por las cuales el Juez responsable estimó declarar improcedente el incidente por desvanecimiento de datos con base en las siguientes consideraciones: a).- El Juez responsable aduce que el incidentista argumenta que las pruebas que sirvieron para la emisión del auto de formal prisión dictado en su contra, se han desvanecido totalmente ya que durante la instrucción se recabaron las declaraciones de Víctor Sayas Muñoz el catorce de enero de dos mil veintidós y de la Doctora María Eugenia Melo Toto, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, quien fue interrogada por la defensa sobre el examen médico de colposcopía, exponiendo las razones por las cuales considera que dichas pruebas son aptas para desvirtuar las que se tomaron en cuenta para el dictado del auto de bien presos, solicitando se declarara procedente y dejarlo en libertad. Empero, el Juez de origen impuesto del escrito incidental y de dichas probanzas, adujo que las mismas son insuficientes para desvanecer las pruebas que fueron tomadas en cuenta en el auto de formal prisión, para tener a Juan Martínez Mendoza como probable responsable del delito de Violación previsto y sancionado por el numeral 182, párrafo primero y segundo, en relación con el 184 fracción IV del Código Penal Vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de la persona de identidad reservada e identificada con las iniciales K.A.G.L., tal como lo establece el artículo 365 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. b).- Sosteniendo el resolutor de origen, que si bien el testigo Víctor Sayas Muñoz acudió ante ese órgano jurisdiccional el catorce de enero de dos mil veintidós y ratificó su declaración ministerial de fecha ocho de septiembre de dos mil cinco, quien al ser interrogado por la defensa, contestó a las preguntas 2 y 4 (sic) dijo: ".2.- Que diga el declarante que la supuesta víctima dice que sufrió el ataque sexual, al cuatro para la una del día tres de septiembre de dos mil cinco y él la vio en la calle a esa hora.- R.- Pues eso no es cierto pues a esa hora yo la vi esa hora a las doce cuarenta y cinco caminando en la calle de telecom. 3.- Que diga el declarante si sabe el motivo por que la supuesta agraviada acusa de violación a mi defendido Juan Martínez.- R.- Porque la señorita K.A.G.L., pretendía tener una relación con el señor Juan Martínez Mendoza y el señor Juan la rechazaba, porque decía que él tenía su familia y pues no podía tener una relación con otra persona, que ese fue el motivo principal, que quería tomar alguna represalia contra el señor Juan por despecho." Deposición con la cual el incidentista aduce se desvirtúa el señalamiento que realizó persona de identidad reservada e identificada con las iniciales K.A.G.L en contra de Juan Martínez Mendoza. Sin embargo, aduce el Juez de origen que dicha apreciación es aislada, e insuficiente para desvirtuar el señalamiento de la víctima directa, toda vez que el delito que se le atribuye al incidentista es de los denominados de realización oculta, en los cuales los accionantes buscan realizarlos en ausencia de testigos, como en el caso aconteció, aunado a que el declarante indicó de forma clara que el día de los hechos, sí vio a la víctima en el lugar de los hechos y que fue él quien se fue de ese lugar dejándola sola con el sujeto activo. Otorgándole el resolutor de origen a dicho testimonio valor en términos del artículo 277 fracción VII del Código de Procedimientos Penales, al estimar que el testigo ubica en lugar, modo y tiempo a la pasivo en las oficinas de Telecom telégrafos, y que en ese lugar se quedó con Juan Martínez Mendoza, lugar del que se retiró al haber terminado su turno, quedándose la pasivo y el incidentista solos en ese lugar, y de acuerdo a lo expresado, este se localizó fuera de las oficinas citadas, y aun cuando aseguró que vio a la pasivo salir de ese lugar, no es menos cierto que indicó que no puedo apreciar las condiciones en las que ésta salió del lugar; por lo que su simple afirmación no está convalidada con alguna otra probanza, con la que se logre debatir la afirmación de la sujeto pasivo de haber sido atacada sexualmente por el incidentista. Sosteniendo además el Juez de origen que resulta insuficiente que el testigo asegure que el horario era distinto cuando vio salir a la pasivo, máxime que éste indicó que se ausentó de esas oficinas y se fue a las de su dependencia IPAX a reportarse, sin existir constancia alguna que apoye dicha versión; aunado a que en su primera declaración dijo que la pasivo le pidió que no la dejara sola porque el activo la "molestaba", misma fue ratificada ante ese órgano jurisdiccional, además de que en dicha declaración el testigo informó a la Fiscalía, que la pasivo en varias ocasiones le pidió que no la dejara sola con el procesado exponiendo que éste la molestaba; lo que advirtió el Juez de origen existe una retractación, cuando en su deposición reciente cuando afirma que era la pasivo quien por coraje y porque Juan Martínez Mendoza, no quiso una relación y es porque lo está involucrando en estos hechos, argumento que no encuentra asidero jurídico en ningún medio de prueba, aunado a que en autos no existe probanza alguna de la que se desprenda que la persona de identidad reservada identificada con la iniciales K.A.G.L, se conduzca con mendacidad o animadversión en contra del incidentista, con el fin de incriminarlo en los hechos que denuncia. Aunado a que el Juez resolutor, adujo que en el término constitucional dictado en la Causa Penal número 341/2005, el señalamiento categórico que realizó la víctima se robusteció con la fe de lesiones que realizó el personal de la Fiscalía y los dictámenes médicos y psicológico que se recabaron en autos, los cuales que con la simple afirmación del testigo de que era la victima quien quería tener una relación con el activo, y "por despecho", es que lo acusa de ese delito, no está robustecida, por lo que concluye que esa simple afirmación aislada en nada la ejecución del delito de violación. Apoyando lo anterior, el Juez de origen con las diversas tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c).- Por otra parte, el Juez resolutor adujo que tampoco es suficiente para desvirtuar el material de prueba que obra en los autos de la Causa Penal número 341/2005 de su índice que se tomó en cuenta para el auto de formal prisión dictado en contra del incidentista, la declaración que rindió la Doctora María Eugenia Melo Toto, el dieciocho de agosto del dos mil veintidós, en la que la defensa le realizó varios cuestionamientos, argumentando que del siguiente cuestionamiento: ".Pregunta.- Que diga la testigo técnico, la diferencia entre una ruptura himenial parcial y otra ruptura himenial completa.- responde.- la ruptura completa es cuando son varias las rupturas del himen hasta su base y se rompe completo y en esta es parcial, no llegó hasta la base del sitio del himen, por lo que fue intento de acoso o intento de penetración pero no completo.- pregunta.- que diga la testigo técnico, las causas que originan una ruptura himenial completa.- responde.- la penetración o coito completo." Se demuestra que no existió penetración o coito, que le reclamó la víctima, y con ello queda desvirtuado su señalamiento, además del resto del material probatorio que se tomó en consideración en su contra. Argumento que el Juez responsable no comparte, toda vez que la Doctora María Eugenia Melo Toto, precisó en qué consiste una ruptura himenal y que esta puede ser parcial o completa, pero en modo alguno estableció que la víctima K.A.G.L. no fuera objeto del ilícito del que se duele, porque para el tipo penal a estudio es suficiente que exista una introducción del miembro viril o cualquier otro objeto, por medio de la violencia física o moral, sin el consentimiento de la víctima, para que se actualice la figura del tipo penal, en este caso, violación, previsto y sancionado en 182 párrafo primero y segundo, en relación al 184 fracción IV del Código Penal Vigente en la época de la comisión de los hechos. Sosteniendo el Juez de origen que además resulta insuficiente para desvirtuar el dictamen emitido por la Doctora Linda Guadalupe Pérez Lázaro, quien al examinar a la víctima apreció: ". presenta lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, presenta borde himeneal de forma vellosa (múltiples entrantes y salientes en 2/3 partes superiores), eritema en la parte inferior, no se observan desgarros recientes y se sugiere colposcopias para corroborar la integridad del himen. No se observan datos clínicos de enf. Venérea ni síntomas de embarazo o aborto." Pruebas que aduce el Juez responsable que lejos de reñir entre sí, se complementan, ya que la, médico legista estableció que al examinar a la víctima, presentaba "eritema en la parte inferior, no se observan desgarros recientes y se sugiere colposcopias para corroborar la integridad del himen"; mientras que la Doctora María Eugenia Melo Toto, en el documento que ratificó, asentó: ".mediante colpofotografia a petición de familiares con colposcopia se visualiza vestíbulo vaginal encontrando himen coraliforme mínimo edema CON RUPTURA Himeneal a las 5 (cinco de acuerdo a la forma horaria del reloj, al parecer desfloración reciente)..". Concluyendo el Resolutor, que las alteraciones físicas que la víctima presentaba si son coincidentes con la mecánica que narra, donde sostuvo que se le introdujo el miembro viril del activo (pene) en su área vaginal, y el hecho de que con esa acción la parte de su himen no tenía ruptura completa, ello no es indicativo de que no se ejecutara, por el contrario, la propia Doctora María Eugenia Melo Toto, dijo que en ocasiones en esa área existe ruptura completa o incompleta; pruebas que se adminiculan a la fe de lesiones que realizó el personal de la Fiscalía a la víctima de identidad reservada de iniciales K.A.G.L., certificando que presentaba las siguientes lesiones: en su anatomía corporal, escoriación cubierta de costra en glúteo izquierdo, eritema en borde inferior del himen. Y se consideró también al Dictamen Psicológico con número de oficio 2392, signado por la perito psicóloga Martha Alicia Bremont Velasco psicóloga adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia, donde asentó: ".DX.- Con base en lo referido y de acuerdo al DSM-IV presenta un problema relacionado con el abuso o la negligencia: T74.2 abuso sexual del adulto, existe tensión en mencionar los hechos. Aunque los antecedentes alrededor del evento del abuso sexual referido y del hecho en sí, manifiesta una ambivalencia a nivel proyectivo en indicadores tales como: evasión, culpa, inseguridad, temor a la responsabilidad y angustia cuando sus deseos o necesidades son mal entendidas.". Medios de convicción que aduce el Juez responsable revelaron no solo las alteraciones, físicas sino emocionales que resintió la víctima, las cuales hasta esta etapa procesal no se han desvirtuado. Apoyando lo anterior con la tesis con número de registro digital: 2007050. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Penal. Tesis: XX.2o.1 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1329. Tipo: Aislada, del rubro y contenido siguiente: "VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA CONSIDERAR AGOTADO ESTE DELITO, BASTA LA INTRODUCCIÓN DEL OBJETO O INSTRUMENTO DISTINTO DEL PENE EN LA VÍCTIMA, VÍA VAGINAL O ANAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL HIMEN PERMANEZCA ÍNTEGRO, DE LA PROFUNDIDAD DE LA PENETRACIÓN O DE QUE ÉSTA SEA PARCIAL (ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LAS TESIS XX.2o.100 P Y XX.2o.101 P). Este tribunal sostuvo, por mayoría, las tesis aisladas XX.2o.100 P y XX.2o.101 P, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, páginas 1473 y 1445, de rubros: "VIOLACIÓN EQUIPARADA. NO SE CONFIGURA SI EL ACTIVO MANIPULA CUALQUIER PARTE DE LA VULVA, PORQUE ES UNA REGIÓN EXTERNA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO, DIFERENTE A LA VAGINA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." y "VIOLACIÓN EQUIPARADA. EN EL SUPUESTO DE QUE LA OFENDIDA SEA VIRGEN Y SE ACREDITE QUE EL HIMEN PERMANECIÓ ÍNTEGRO, SE PRESUME QUE NO HUBO INTRODUCCIÓN, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE ESA MEMBRANA ERA DE TIPO COMPLACIENTE LE CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", respectivamente. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de ambos criterios, para establecer, de manera unánime, que el tipo penal de que se trata exige únicamente como elemento integrador, la introducción del objeto o instrumento distinto del pene, vía vaginal o anal, para que se considere agotado el delito, no obstante que el himen permanezca íntegro, pues la interpretación de los términos "introducir" y "vía" no debe ser rigorista ni ajena a la lógica convencional con la que se afecta el bien jurídico tutelado por el tipo penal en cuestión, ya que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra "introducir" significa meter o hacer entrar algo en otra cosa, mientras que "vía" se considera a cada uno de los conductos por donde pasan en el organismo los fluidos, los alimentos y los residuos. Por tanto, el verbo introducir, debe interpretarse en su sentido literal y convencional, debido a que el vocablo es suficientemente preciso y cierto para delimitar cuándo el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido lesionado y, en consecuencia, de un correcto análisis, se contribuye a hacer respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal. Asimismo, el tipo penal en estudio alude a la vía, ya sea vaginal o anal, y no a la profundidad. En esas condiciones, el bien jurídico protegido resulta vulnerado por la mera invasión al cuerpo de la víctima por las vías o conductos supraindicados, ya que el legislador nada expresó en relación con la profundidad de la introducción una vez acreditado que se hizo por esa vía; por ende, si existen elementos suficientes para determinar que el activo introdujo uno de sus dedos en la víctima, vía vaginal o anal, ello basta para que el bien jurídico tutelado por la norma penal se vea lesionado, porque lo que se sanciona es la introducción en las vías indicadas y no la desfloración ni la penetración hasta determinado lugar, toda vez que el legislador no distinguió entre una entrada anterior o posterior al himen, sino que basta que en la vía (anal o vaginal) haya introducción, aunque sea parcial, para que se considere agotado el delito de que se trata." De lo expuesto concluye el Juez responsable, que en el delito de violación previsto y sancionado por el numeral 182 párrafo primero y segundo, en relación al 184 fracción IV del Código Penal Vigente en la época de la comisión de los hechos denunciados, el bien jurídico protegido resulta vulnerado por la mera invasión al cuerpo de la víctima por la vía vaginal, por ello, existen elementos suficientes para determinar que el sujeto activo, introdujo su órgano sexual en la víctima, vía vaginal sin su consentimiento, ello basta para que el bien jurídico tutelado por la norma penal se vea lesionado, porque lo que se sanciona es la introducción en la vía indicada, no que esa penetración fuera completa dañara de forma completa o incompleta el himen. Por lo anterior, sostiene el Juez de origen que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 364 del Código Procesal Penal, el Incidente de libertad por Desvanecimiento de Datos, tiene por objeto en considerar, si después de haber dictado el auto de formal prisión aparecieron plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad penal, constituyendo un medio de defensa. Por ello, aduce el Resolutor que las probanzas que alude el incidentista fueron recabadas en el período de instrucción (Víctor Sayas Muñoz, y Doctora María Eugenia Melo Toto) son insuficientes hasta este momento para restarle valor probatorio a las probanzas que se ponderaron en autos al dictarse el auto de formal prisión, de las que destacan: 1.- La denuncia de la persona de identidad reservada de iniciales K.A.G.L.; la declaración en ampliación rendida el día cuatro de septiembre del dos mil cinco, ante el personal ministerial; y la rendida en sede judicial el trece de agosto del dos mil veintiuno. 2.- Certificación realizada por el personal de la fiscalía, el tres de septiembre del dos mil cinco, donde al tener a la vista a la persona de identidad reservada de iniciales K.A.G.L., dieron fe y certificaron las lesiones que presentaba. 3.- Dictamen Médico Ginecológico Proctológico y de Lesiones número 2391/05 del día tres de septiembre del dos mil cinco signado por la doctora Linda Guadalupe Pérez Lázaro, quien examinó clínicamente a la pasivo de identidad reservada de iniciales K.A.G.L. 4.- Examen médico de Colposcopia signado por la Doctora Ma. Eugenia Melo De Toto, de fecha cinco de septiembre del dos mil cinco, realizado a la pasivo K.A.G.L. 5.- Dictamen Psicológico con número de oficio 2392, signado por la perito Psicóloga Martha Alicia Bremont Velasco Psicóloga Adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad y Delitos Contra la Familia, el día tres de septiembre del año dos mil cinco, se le practicó la valoración psicológica a la víctima. 6.- Declaraciones de los señores Rosalba Del Carmen Leal Caixba, Angélica Caixba Quino, Víctor Sayas Muñoz (nombre correcto) Benito Francisco Ferman González y Miguel Sánchez Torres. 7.- Diligencia de Inspección Ocular del Personal Ministerial Actuante de la Fiscalía, realizada el día cuatro de septiembre del dos mil cinco, quienes se trasladaron a las oficinas que ocupa TELECOM Telégrafos de esa ciudad, ubicado en la calle González Boca Negra sin número zona centro. 8.- Dictamen de Inspección Pericial número 2395 del día cinco de septiembre emitido por el Criminalista Dante Mancilla Perito de la Delegación Regional de Servicios Periciales. 9.- Declaración del indiciado Juan Martínez Mendoza. Pruebas que aduce el Juez responsable, en su conjunto sirvieron de base por dictado del término constitucional, y las cuales fueron valoradas en términos de los numerales 277, 214 y 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, con las que acreditó el delito y la probable participación de Juan Martínez Mendoza, resultando insuficientes las declaraciones rendidas por Víctor Sayas Muñoz y la Doctora María Eugenia Melo Toto, para desvanecer los datos incriminatorios que pesan en contra del referido procesado, ya que no son aptas para desvanecer la totalidad de las pruebas que sirvieron de base para el auto de término constitucional, mismo que fue impugnado y confirmado por los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal superior de justicia en la toca penal 245/2012. Finalmente, el Juez responsable concluye que es Improcedente el Incidente, dado los razonamientos vertidos en su resolución. Hasta aquí las consideraciones del Juez responsable. SUBSUNCIÓN Ahora bien, del análisis de las consideraciones vertidas por el Juez responsable en la resolución reclamada se observa que el punto toral que le sirvió para decantarse en el sentido en que lo hizo, lo fue precisamente la circunstancia relativa a que las declaraciones de Víctor Sayas Muñoz el catorce de enero de dos mil veintidós y de la Doctora María Eugenia Melo Toto, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, incriminatorios que pesan en contra del referido procesado, no son aptas ni suficientes para desvanecer la totalidad de las pruebas que sirvieron de base para el auto de término constitucional dictado en contra del incidentista aquí quejoso Juan Martínez Mendoza por el ilícito de violación previsto y sancionado por el numeral 182 párrafo primero y segundo, en relación al 184 fracción IV del Código Penal Vigente en la época de la comisión de los hechos. En la especie, se estima que la conclusión del Juez responsable se encuentra ajustada a derecho, al haberse emitido de manera fundada y motivada, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo que se sostiene tomando en cuenta que, efectivamente, los datos de pruebas aportados durante la instrucción consistentes en las declaraciones de Víctor Sayas Muñoz de catorce de enero de dos mil veintidós y de la Doctora María Eugenia Melo Toto, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, no son aptas ni suficientes para desvanecer la totalidad de las pruebas que sirvieron de base para dictar el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso Juan Martínez Mendoza En efecto, se coincide con el Juez responsable cuando consideró que resulta insuficiente que el testigo Víctor Sayas Muñoz asegure que el horario era distinto cuando vio salir a la pasivo, máxime que éste indicó que se ausentó de esas oficinas y se fue a las de su dependencia IPAX a reportarse, sin existir constancia alguna que apoye dicha versión; aunado a que en su primera declaración dijo que la pasivo le pidió que no la dejara sola porque el activo la "molestaba", misma fue ratificada ante ese órgano jurisdiccional, aunado a que en dicha declaración el testigo informó a la Fiscalía, que la pasivo en varias ocasiones le pidió que no la dejara sola con el procesado exponiendo que éste la molestaba; lo que advirtió el Juez de origen, existe una retractación, cuando en su deposición reciente afirma que era la pasivo quien por coraje y porque Juan Martínez Mendoza no quiso una relación, y es porque lo está involucrando en estos hechos; al respecto la autoridad responsable argumentó que no encuentra asidero jurídico en ningún medio de prueba, aunado a que en autos no existe probanza alguna de la que se desprenda que la persona de identidad reservada identificada con la iniciales K.A.G.L, se conduzca con mendacidad o animadversión en contra del aquí quejoso, con el fin de incriminarlo en los hechos que denuncia. Señalamiento de la víctima que como bien lo estima, el Juez de origen y comparte el suscrito Juzgador se robusteció con la fe de lesiones y los dictámenes médicos y psicológico que se recabaron en autos, los cuales que con la simple afirmación del testigo de que era la víctima quien quería tener una relación con el activo, y "por despecho", no está robustecida, por lo que concluye que esa simple afirmación aislada. En ese mismo sentido, es correcto que el Juez responsable desestimara la declaración que rindió la Doctora María Eugenia Melo Toto, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, principalmente lo relativo al cuestionamiento practicado por la defensa, con lo cual pretende demostrar que no existió penetración o coito, que le reclamó la víctima, y con ello quedó desvirtuado su señalamiento, además del resto del material probatorio que se tomó en consideración en su contra. Argumento que el Juez responsable desestimó, toda vez que la Doctora María Eugenia Melo Toto, precisó en qué consiste una ruptura himenal y que esta puede ser parcial o completa, pero en modo alguno estableció que la víctima K.A.G.L. no fuera objeto del ilícito del que se duele, porque para el tipo penal a estudio es suficiente que exista una introducción del miembro viril o cualquier otro objeto, por medio de la violencia física o moral, sin el consentimiento de la víctima, para que se actualice la figura del tipo penal, en este caso, violación, previsto y sancionado en 182 párrafo primero y segundo, en relación al 184 fracción IV del Código Penal Vigente en la época de la comisión de los hechos. Sosteniendo además el Juez de origen que lo anterior resulta insuficiente para desvirtuar el dictamen emitido por la Doctora Linda Guadalupe Pérez Lázaro, quien al examinar a la víctima apreció las lesiones de la víctima, argumento que comparte el suscrito juzgador. Pruebas que como bien lo aduce el Juez responsable, lejos de reñir entre sí, se complementan, concluyendo en las alteraciones físicas que la víctima presentaba, son coincidentes con la mecánica que ella misma narra, donde sostuvo que se le introdujo el miembro viril del activo (pene) en su área vaginal, y el hecho de que con esa acción la parte de su himen no tenía ruptura completa, ello no es indicativo de que no se ejecutara. Y al diverso dictamen Psicológico con número de oficio 2392, signado por la perito psicóloga Martha Alicia Bremont Velasco, medios de convicción que aduce el Juez responsable revelaron no sólo las alteraciones, físicas sino emocionales que resintió la víctima, las cuales hasta esta etapa procesal no se han desvirtuado, ni todas las probanzas que se tomaron en cuenta para el dictado del auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, lo cual fue acorde. Finalmente el quejoso en sus conceptos de violación aduce que el acto reclamado es violatorio a sus derechos humanos, a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y debido proceso al considerar que la resolución reclamada no se encuentra fundada y motivada, ya que las pruebas aportadas en el periodo de instrucción consistentes en las declaraciones de Víctor Sayas Muñoz y la Doctora María Eugenia Melo Toto, son suficientes para desvanecer los datos incriminatorios que pesan en su contra, ya que son aptas para desvanecer la totalidad de las pruebas que sirvieron de base para el dictado del auto de término constitucional en contra del quejoso. Empero, contrario a lo que alega la parte quejosa, las declaraciones desahogadas en el periodo de instrucción fueron valoradas correctamente por el Juez responsable, y las mismas no destruyen las pruebas que fueron tomadas en cuenta para el dictado de auto de formal prisión dictado en contra del quejoso de referencia por su probable responsabilidad en el delito de violación, lo cual el suscrito juzgador considera acertado y conforme a derecho. Por tanto, las consideraciones vertidas en párrafos precedentes resultan pertinentes para sostener la legalidad de la resolución reclamada y, por ende, la ineficacia de los conceptos de violación. Lo que además se estima acorde con los principios de presunción de inocencia y mínima intervención, bases fundamentales del sistema de justicia, contenidos en el Apartado B, fracción I, del precepto 20, primer párrafo del diverso 18, y segundo parágrafo del 19 todos de la Carta Magna; se desprende que el nuevo proceso penal busca afectar lo menos posible la libertad de las personas. Es por ello que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa en sus conceptos de violación, como se vio, la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable expuso las causas generales y razones particulares que le sirvieron para concluir como lo hizo, decisión que este órgano jurisdiccional comparte de manera respetuosa, a pesar del interés contrario de la parte quejosa en sus pretensiones. Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio y al ser ineficaces los motivos de disenso de la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Juan Martínez Mendoza, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha se notifica a la parte tercero interesada, por medio de lista, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que la secretaria de estudio y cuenta encargada del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir su informe justificado, no remitió completas las constancias relativas al acto reclamado. En mérito de la omisión anterior, se impone, requerir a la aludida autoridad responsable, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita copias certificadas, íntegras, legibles y completas de la diligencia de requerimiento al aquí quejoso ********************con fecha de siete de noviembre de dos mil veintidós, así como también el acuerdo que recayó de dicha diligencia; lo anterior para realizar el análisis de los actos reclamados y emitir la sentencia correspondiente. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido para el efecto, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta veces valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal de autos, se advierte que no se encuentra emplazada la autoridad Fiscal Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, parte tercero interesada en el presente juicio. Atento a lo anterior, con copia autorizada del escrito de demanda y del auto admisorio, mediante oficio emplácese a juicio a dicha representación social, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dejar a vista de la aludida parte tercero interesada, por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, con todo lo actuado e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para que manifieste lo que a su interés convenga. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para llevarla a cabo. Notifíquese en términos de ley.

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