Juan Martinez Castillo

Expediente 406/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
406/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Martinez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaría del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al que acompaña el diverso signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, a través del cual, autoriza el acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 809/2020 de su índice, dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante determinación de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Martínez Castillo, a través del cual desahoga el requerimiento de seis de mayo de dos mil veintiuno, en atención a su contenido se provee: Examinada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso particular, por lo que toca al referido acto reclamado, éste órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma así, porque del contexto hasta aquí reseñado se obtiene con claridad que el cambio de la jornada laboral que desempeña realizado por la autoridad responsable, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implica propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, una conducta derivada como consecuencia de una relación laboral entre una institución gubernamental que se desprende de su carácter de autoridad y un trabajador de aquélla, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional. Luego, si el acto reclamado se hace consistir en el cambio de la jornada laboral que desempeña realizado por la autoridad responsable, es incuestionable que dicho acto deriva de la relación jurídica existente entre el ahora Juan Martínez Castillo y la autoridad responsable que evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo. En esa medida, y por las consideraciones expuestas, es innegable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso dispositivo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Martínez Castillo. Sin que sea óbice a lo anterior, que dentro del oficio reclamado el quejoso también destaque la omisión de brindar equipo de protección para evitar que se contagie del virus SARS COV 2, pues, como se desprende del escrito aclaratorio de demanda, tal acto es materia de reclamo en los diversos juicios de amparo 809/2020 y 357/2021 ambos del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado; por lo que, en lo atinente a dicho reclamo se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; de ahí que, aun considerando de manera destacada dicho acto, resulte improcedente la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Martínez Castillo, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar o Asilo para ancianos Dr. Nicolás Aguilar, por las consideraciones ya expuestas. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Martínez Castillo, a través del cual desahoga el requerimiento de seis de mayo de dos mil veintiuno, en atención a su contenido se provee: Examinada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso particular, por lo que toca al referido acto reclamado, éste órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma así, porque del contexto hasta aquí reseñado se obtiene con claridad que el cambio de la jornada laboral que desempeña realizado por la autoridad responsable, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implica propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino, una conducta derivada como consecuencia de una relación laboral entre una institución gubernamental que se desprende de su carácter de autoridad y un trabajador de aquélla, en la cual, los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse vía el juicio constitucional. Luego, si el acto reclamado se hace consistir en el cambio de la jornada laboral que desempeña realizado por la autoridad responsable, es incuestionable que dicho acto deriva de la relación jurídica existente entre el ahora Juan Martínez Castillo y la autoridad responsable que evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo. En esa medida, y por las consideraciones expuestas, es innegable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso dispositivo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Martínez Castillo. Sin que sea óbice a lo anterior, que dentro del oficio reclamado el quejoso también destaque la omisión de brindar equipo de protección para evitar que se contagie del virus SARS COV 2, pues, como se desprende del escrito aclaratorio de demanda, tal acto es materia de reclamo en los diversos juicios de amparo 809/2020 y 357/2021 ambos del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado; por lo que, en lo atinente a dicho reclamo se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; de ahí que, aun considerando de manera destacada dicho acto, resulte improcedente la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Martínez Castillo, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar o Asilo para ancianos Dr. Nicolás Aguilar, por las consideraciones ya expuestas. Notifíquese personalmente al promovente.

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