Juan Martín Zapata Loredo

Expediente 1076/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1076/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
02/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Martín Zapata Loredo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio y anexo signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, enviado vía fax, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ******* de su índice, derivado del diverso ******* este a su vez del juicio de amparo ******* del índice de este juzgado, acúsese recibo de estilo y dese de baja en el libro de gobierno que corresponda, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por la tesis 1ª. XXXII/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 277, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo del 2001, de rubro siguiente: CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por otra parte, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Ejecución Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en Turno, residente en Reynosa, para que por su conducto comisione personal a su cargo a fin de que se constituya en el Centro de Ejecución Sanciones y notifique al quejoso el presente acuerdo, debiéndole hacer entrega de la copia autorizada que de la misma se le envía, mediante el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo *******, promovido por ******* u *******, contra actos del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el doce de agosto de dos mil dieciséis, y turnado en la misma fecha al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ******* u ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, que hizo consistir en el acuerdo de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado por ese órgano, en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******, que declaró improcedente la solicitud formulada de ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas. SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y, por último, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en la que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio y ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en Ciudad Juárez. CUARTO. Declaración de competencia. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Federal, donde mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se rechazó la competencia declinada. No conforme, el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas denunció el conflicto competencia respectivo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, quien mediante sentencia de nueve de marzo del actual, declaró que la competencia para conocer del asunto correspondía a este Juzgado de Distrito. QUINTO. Avocamiento. Mediante acuerdo de quince de marzo del actual, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, declaró la validez de la audiencia constitucional, ordenó la notificación a las partes y ordenó el dictado de la resolución correspondiente, la cual se emite en los siguientes términos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que se materializó en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama: El acuerdo de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******, que declaró improcedente la solicitud formulada para que el quejoso sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas. Para la fijación del acto se atiende a la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de ejecución *******, relativa a la causa penal *******, de la que se advierte que el veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictó la resolución reclamada; constancias que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por lo tanto son aptas para demostrar fehacientemente la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, este órgano resolutor considera que de los hechos sobre los que se dieron fe en la razón actuarial de diecisiete de marzo del año en curso, se advierte la actualización de una causal de improcedencia que amerita sobreseer en este asunto, habida cuenta que aun subsistiendo el acto reclamado en el juicio de amparo (negativa de ordenar el traslado del quejoso), ya no puede surtir efecto legal o material alguno sobre la persona del quejoso, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, habida cuenta que el impetrante del amparo fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, como pretendía, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...) Para explicar el contexto de la actualización de la aludida causa de improcedencia, conviene citar el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, de abril de 1998, materia común, página 241, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de Autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción transcrita (XXII), el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de Autoridad cuya ilegalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de Autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Para una mejor explicación del asunto, con relación a la invocada causa de improcedencia, se estima conveniente señalar que en la tesis aislada 2a. XCVIII/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, materia común, página 358, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el siguiente criterio: ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse. Asimismo, se invoca la diversa tesis 2a. XCIX/2000, sostenida por la citada Segunda Sala, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, materia común, página 357, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Los anteriores razonamientos resultan aplicables al caso, pues de conformidad con las constancias de autos, se advierte que el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el aquí quejoso, en su carácter de sentenciado, promovió el incidente no especificado de traslado, ante del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******, con el propósito de ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se encontraba en aquella época, al diverso Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, donde actualmente se encuentra. Mediante acuerdo de veintidós de julio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, se negó a dar trámite a la solicitud de traslado, argumentando que carecía de facultades legales para ordenar ese tipo de mandamientos judiciales, respecto de internos que se encontraran fuera del Estado de Tamaulipas. No obstante, al avocarse al conocimiento del presente asunto, este Juzgado Federal ordenó notificar al quejoso la radicación del asunto y mediante razón actuarial de diecisiete de marzo del año en curso, la Actuaria Judicial dio fe de que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, el licenciado Ángel Diaz, personal jurídico de esa dependencia, le hizo saber que el nueve de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, al diverso Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, como pretendía. Lo reseñado por la Actuaria Judicial patentiza la actualización de la causa de improcedencia anunciada, porque, en la especie, a pesar de que el acuerdo de veintidós de julio de dos mil dieciséis, en el que el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, se negó a dar trámite a la solicitud de traslado, argumentando que carecía de facultades legales para ordenar ese tipo de mandamientos judiciales, respecto de internos que se encontraran fuera del Estado de Tamaulipas, ya no puede tener efecto legal o material alguno en contra del quejoso, en la medida que el objeto materia del mismo fue satisfecho, con motivo del traslado del quejoso al Centro de reclusión al que pretendía ser trasladado. En efecto, una vez que al quejoso se le trasladó al Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas -como lo pretendía-, dejó de tener efecto jurídico el acto reclamado, pues se cumplió con la materia que lo motivó y, por ende, sus efectos jurídicos, ya no pueden ser materializados en la esfera jurídica de la parte quejosa, porque la negativa de ser trasladado dejó de tener vigencia, con motivo de haber sido enviado al centro de reclusión donde actualmente se encuentra. En esa medida, dado que se restituyó en el goce del derecho que se estimó transgredido y no podrá concretarse en lo futuro con relación al acto reclamado, el acto reclamado ya no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, por lo que, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por otra parte, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Calle Toluca, número 215, local 4, esquina con Aguascalientes, de la Colonia Rodríguez, de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y el directo quejoso se encuentra recluidos en el Centro de Ejecución Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en Turno, residente en Reynosa, para que por su conducto comisione personal a su cargo a fin de que se constituya en los citados domicilio procesal y Centro de Ejecución Sanciones y notifiquen al quejoso la presente sentencia, debiéndole hacer entrega de la copia autorizada que de la misma se le envía, mediante el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 61, 63, 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******* u *******, en los términos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese, al quejoso, por medio del exhorto que al efecto se expide. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio ******* y anexo consistente en copia certificada del testimonio relativo al conflicto competencial *******, que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, en relación con la declaratoria formulada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por *******, contra el acuerdo de veintidós de julio de dos mil dieciséis, emitido en la carpeta de ejecución *******, por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. SEGUNDO. Remítase testimonio de la presente resolución a los jueces de distrito que intervinieron en el conflicto competencial y el juicio de amparo promovido por *******, a la autoridad que se determinó legalmente competente para conocerlo. Atento a lo anterior, se acepta la competencia del presente asunto, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******* contra actos del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Por lo que, se reconoce la validez de las etapas de pruebas y alegatos celebradas ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas y se ordena continuar en la etapa procesal correspondiente, por lo que, procédase a emitir el engrose de la respectiva resolución, observando para ello las exigencias de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, sin necesidad de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./J.36/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009, materia común, página 43, de rubro y texto siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento. Notifíquese; personalmente al quejoso, en el lugar en que se encuentra internado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa en audiencia constitucional de nueve de diciembre del año en curso, determinó que carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo ******* que promovió ******* por considerar que los actos que reclamó el quejoso tienen ejecución material en Juárez, Chihuahua, de manera que, esa competencia, desde su óptica, se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, según lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo *******. En atención a la determinación que se acuerda no se acepta la competencia declinada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. La competencia es la facultad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. En relación con ese tópico, el artículo 37, de la Ley de Amparo establece: 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica, se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) La primera está contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) El segundo párrafo, más que una regla diversa, es un matiz de la contenida en el primer parágrafo, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último párrafo del precepto en cita, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esta última regla de competencia fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el texto del párrafo tercero del arábigo en comento debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad, consideraciones que sostuvo en la jurisprudencia 17/2014, de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la demanda de amparo se advierte que ******* señaló como autoridad responsable al Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado Tamaulipas, con sede en Reynosa, en la causa penal *******, de quien reclamó la determinación por la cual negó la solicitud de traslado del lugar donde se encuentra recluido (Centro Federal de Reinserción Social Número Nueve "Norte" con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua) al Centro de Ejecución de Sanciones de aquélla entidad y negó aplicar en favor del accionante la acción de inconstitucionalidad aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el delito por el que se le condenó a una pena de prisión. El juez declinante para decretar su legal incompetencia estimó que el acto impugnado es de carácter negativo con efectos positivos, dado que repercute en la libertad del quejoso que se encuentra recluido en esta ciudad, es decir, consideró que si el accionante seguirá detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número Nueve, quien debe conocer y resolver el amparo es un juez federal que ejerza jurisdicción en esta ciudad. Tal determinación no se comparte, pues el acto reclamado es la resolución en la que se negó al quejoso ******* ser traslado de un centro penitenciario a otro y la omisión a aplicar una acción de inconstitucionalidad. Tal acuerdo constituye un acto negativo, de naturaleza meramente declarativa, pues no es debido a esa resolución que el quejoso esté privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número Nueve de esta ciudad; de ahí que el acto reclamado no tiene ejecución directa e inmediata. En efecto, se estima que en cuanto al juicio de amparo en estudio al tratarse de un acto negativo, no hay acto de ejecución material, por lo que, se surte el supuesto de competencia previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De manera que, no se surte la incompetencia legal que el juez oficiante aduce. Además, de considerar que el acto que endilga el quejoso al juzgador responsable es de los que traen aparejada ejecución material que se traduce en que el sentenciado continúe privado de su libertad, entonces debemos estar a la regla establecida en el segundo párrafo del 37 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En esa medida, es competente el juez declinante, si se tiene en cuenta que el traslado es un acto de tracto sucesivo porque -como lo manifestó el quejoso en su demanda y lo anotó la responsable- inicialmente se encontraba recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, y fue hasta el dos de octubre de dos mil doce, que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública ordenó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte, en esta localidad. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.15o.A.1 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 5, enero de dos mil doce, Materia Común, visible en la página 4311, de registro 200 0066, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en los artículos 37, tercer párrafo y 48, de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada y previo cuaderno de antecedentes se ordena devolver los autos al Juez declinante, para los efectos precisados en este auto, solicitándole acuse de recepción. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica en su demanda, toda vez que no se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; esto es sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos dentro del presente juicio de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Por otra parte y toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******* en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con sede en Reynosa, para que comisione a quien corresponda notifique el presente proveído al quejoso, y lo requiera para que en el plazo de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo las comunicaciones derivadas de este juicio, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado, con base en lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese y cúmplase Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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