Juan Martín Morales Barrera

Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Martín Morales Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    "....Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido.."

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda presentado por Juan Martín Morales Barrera, contra actos del Jefe del Departamento de Personal PEP, Poza Rica, por violación a los derechos humanos previstos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 295/2021-V-A. DESECHAMIENTO En efecto, si bien el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, el cual se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México es parte, no puede soslayarse que a través del mismo solo es factible reclamar actos u omisiones que provengan de "autoridad". Ahora bien, de los autos del juicio de amparo indirecto se desprende que, en relación con el acto reclamado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Personal PEP, Poza Rica, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, interpretado en sentido contrario, y 217 párrafo tercero, todos de la vigente ley de la materia y 103, fracción I, de la Constitución Federal, que es: "Artículo. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De las transcritas normas se colige, por una parte que la improcedencia del juicio de amparo puede determinarse por criterio definido de jurisprudencia emitido, como en el caso, por un Tribunal Colegiado, y por la otra, cuando los actos que se reclamen no provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. En efecto, en el caso en comento, se conjugan ambas causas de improcedencia, como se expone a continuación. Ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Las anteriores reflexiones están sustentadas en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado con el número 2a. CCIV/2001, en la página treinta y nueve, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Así las cosas, se estima que el juicio de amparo resulta improcedente por reclamarse actos que no provienen de autoridad, en estricto apego al criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L, que resulta de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO SON LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCOV2, QUE CAUSA LA ENFERMEDAD COVID-19, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas, reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder, controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señalaron como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados los constituyen, en esencia, la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto. No es obstáculo a lo antes determinado, el hecho de que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Porque a su decir, no basta estimar que el acto reclamado violenta los derechos fundamentales del quejoso, para considerar que fue emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ya ha sostenido el criterio de que para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, resulta claro que los actos atribuidos al Jefe del Departamento de Personal PEP, Poza Rica, no es equiparable a uno de autoridad para efectos del amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dicho ente, se insiste, es evidente que al reanudar las labores y cesar el resguardo domiciliario estricto, no actúan en un plano superior al del peticionario de amparo, ni la consideraron como gobernada, sino que ese acto lo realizan en su calidad de patrón; que por ello, resulta evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajador; por lo que no se está en el caso de tener a aquélla como responsable para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. En tales términos, sobre los actos reclamados al Jefe del Departamento de Personal PEP, Poza Rica, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, interpretado en sentido contrario, y 217 párrafo tercero, todos de la vigente ley de la materia y 103, fracción I, de la Constitución Federal; por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cinco de Mayo , número novecientos once, código postal 93210 entre calles Chapultepec y las Flores, colonia las Vegas de esta ciudad. De igual forma, se tienen los correos electrónicos jmartin.morales.barrera@gmail.com y delarosa_alcocer@hotmail.com a fin de que se le notifique por ese medio los proveídos dictados en el presente juicio de amparo que así lo ameriten, por el periodo que dure la contingencia. Asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios, conforme lo dispone el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel De la Rosa Alcocer, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como los diversos previstos en los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, que reforman el similar 13/2020, en concordancia con el diverso Acuerdo General 12/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a Miguel Ángel De la Rosa Alcocer presentar promociones, recibir notificaciones y consultar el presente juicio de amparo bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, conforme el usuario "MDELAROSA"; asimismo, se precisa que las notificaciones se tendrán por practicadas en la misma fecha y por la misma vía, además la constancia que al efecto se obtenga servirá como acuse de la notificación practicada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena al Secretario que lleve el trámite, supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario que lleve el trámite supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 278 del código procesal supletorio, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, las que podrán obtener y recoger en cualquier día hábil, en uno horario de diez horas a doce horas con treinta minutos, por conducto de la persona autorizada para ese efecto, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos, siempre y cuando la materia y el caso concreto lo permitan. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios. En otro orden, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdos General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Por último, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano