Juan Martín Mendoza Ramírez

Expediente 1112/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1112/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Martín Mendoza Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, para que compareciera a este juzgado a recoger los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado Marco Antonio González Piña, sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo como tercero interesado al citado González Piña, ordenándose su emplazamiento en diversos domicilios. Sin embargo, la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional no lo pudo emplazar en dichos domicilios, por los motivos expuestos en las razones levantadas, todas de veintisiete de noviembre del pasado; por lo que en acuerdo de veintiocho del mismo mes y año, se requirió a la parte quejosa para que informara el domicilio actual del nombrado tercero interesado, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar domicilio alguno para emplazar a Marco Antonio González Piña, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. En consecuencia, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se giraron oficios a diversas dependencias, para que proporcionaran el domicilio de la referida parte; sin que se hubiere podido emplazar a Marco Antonio González Piña, en los domicilios proporcionados por las autoridades correspondientes. Asimismo, la parte quejosa no desahogó la vista formulada en proveído de catorce de enero del presente año. Tomando en cuenta lo anterior, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de Marco Antonio González Piña, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndolo para que compareciera a este juzgado a recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que lo hubiera hecho, o hubiese manifestado algo al respecto. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar al tercero interesado Marco Antonio González Piña. Es evidente que el emplazamiento de la parte tercera interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No es inadvertido el escrito signado por Saúl Aguilera Romero, autorizado de la parte quejosa, presentado -vía electrónica- ante este juzgado el seis de diciembre del pasado año, por el que solicita se realice un estudio socioeconómico al quejoso Juan Martin Mendoza Ramírez, a efecto de demostrar la imposibilidad para cubrir el costo de los edictos a fin de emplazar al nombrado tercero interesado González Piña. Sin embargo, no ofertó prueba alguna que justificara su afirmación, ni existe obligación de este juzgado para actuar como lo solicitó; máxime que la tesis que citó es un criterio aislado y por ende, no vincula para quien esto resuelve. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que obran en autos no se advierte que el quejoso carezca de recursos económicos para cubrir el costo de los edictos, además, no está acreditada en el juicio de amparo alguna condición personal del promovente del amparo que le impida cubrir el costo de la publicación de edictos para emplazar al tercero interesado. Por ende, y toda vez que no está acreditada en autos la insolvencia económica de la parte quejosa, ni derivan del expediente indicios que permitan colegir lo anterior; quedó a su cargo, por tanto, el pago para la publicación de edictos con el fin de emplazar al presente juicio a su contrario, cuestión con lo cual no cumplió en el sumario. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento del tercero interesado Marco Antonio González Piña, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b, segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NP

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 4 DE MARZO DE 2019 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, para que compareciera a este juzgado a recoger los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado Marco Antonio González Piña, sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo como tercero interesado al citado González Piña, ordenándose su emplazamiento en diversos domicilios. Sin embargo, la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional no lo pudo emplazar en dichos domicilios, por los motivos expuestos en las razones levantadas, todas de veintisiete de noviembre del pasado; por lo que en acuerdo de veintiocho del mismo mes y año, se requirió a la parte quejosa para que informara el domicilio actual del nombrado tercero interesado, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar domicilio alguno para emplazar a Marco Antonio González Piña, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. En consecuencia, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se giraron oficios a diversas dependencias, para que proporcionaran el domicilio de la referida parte; sin que se hubiere podido emplazar a Marco Antonio González Piña, en los domicilios proporcionados por las autoridades correspondientes. Asimismo, la parte quejosa no desahogó la vista formulada en proveído de catorce de enero del presente año. Tomando en cuenta lo anterior, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de Marco Antonio González Piña, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndolo para que compareciera a este juzgado a recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que lo hubiera hecho, o hubiese manifestado algo al respecto. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar al tercero interesado Marco Antonio González Piña. Es evidente que el emplazamiento de la parte tercera interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No es inadvertido el escrito signado por Saúl Aguilera Romero, autorizado de la parte quejosa, presentado -vía electrónica- ante este juzgado el seis de diciembre del pasado año, por el que solicita se realice un estudio socioeconómico al quejoso Juan Martin Mendoza Ramírez, a efecto de demostrar la imposibilidad para cubrir el costo de los edictos a fin de emplazar al nombrado tercero interesado González Piña. Sin embargo, no ofertó prueba alguna que justificara su afirmación, ni existe obligación de este juzgado para actuar como lo solicitó; máxime que la tesis que citó es un criterio aislado y por ende, no vincula para quien esto resuelve. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que obran en autos no se advierte que el quejoso carezca de recursos económicos para cubrir el costo de los edictos, además, no está acreditada en el juicio de amparo alguna condición personal del promovente del amparo que le impida cubrir el costo de la publicación de edictos para emplazar al tercero interesado. Por ende, y toda vez que no está acreditada en autos la insolvencia económica de la parte quejosa, ni derivan del expediente indicios que permitan colegir lo anterior; quedó a su cargo, por tanto, el pago para la publicación de edictos con el fin de emplazar al presente juicio a su contrario, cuestión con lo cual no cumplió en el sumario. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento del tercero interesado Marco Antonio González Piña, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b, segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NP"

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Saúl Aguilera Romero, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido se provee: Dígase a la citada parte que se esté a lo acordado en auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve.

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