Juan Martin Juarez Ortega

Expediente 100/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
100/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Martin Juarez Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de abril de dos mil veintiuno. I. PRONUNCIAMIENTO. Vista la cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de las acciones realizadas por el juez responsable en observancia al fallo protector; por tanto, resulta procedente realizar la calificación correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En sentencia dictada en audiencia constitucional de diecisiete de julio de dos mil veinte, se precisaron como actos reclamados, en el presente juicio: "(.) a) La orden de aprehensión emitida el diez de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa judicial, por la Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Funciones de Juez de Control. b) La detención y retención llevada a cabo con motivo de la orden de aprehensión dictada dentro de la causa judicial .. c) La calificación de detención realizada en la carpeta de investigación.. d) El auto de vinculación a proceso emitido el doce de enero de dos mil veinte, en la causa judicial., relativa a la carpeta de investigación con número único de causa ., por el delito de robo específico a casa habitación, previsto y sancionado por el artículo 182 Ter, en relación con el 182 y 14 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de.. (.)" En dicha sentencia, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer., bajo el amparo en revisión penal., cuyos Magistrados integrantes, mediante sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, resolvió: "(.) Primero. Se modifica la resolución recurrida. Segundo. Se sobresee en el juicio en los términos precisados en la sexta consideración jurídica de esta determinación. Tercero. La justicia de la Unión ampara y protege a. , contra los actos reclamados al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro en funciones de Juez de Control, consistentes en la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, emitidos en la audiencia inicial de fecha doce de enero de dos mil veinte, por los motivos y para los efectos precisados en la última y penúltima consideración jurídica de esta ejecutoria. (.)" "(.) Séptima. Efectos del amparo. De conformidad con lo que establece el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los efectos del amparo son para que el Juez de control responsable: a) Deje insubsistentes las resoluciones reclamadas consistentes en la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso, emitidos en la audiencia inicial de fecha doce de enero de dos mil veinte. b) Reponga el procedimiento hasta antes de que resuelva sobre la situación jurídica del imputado, en el entendido de que, conforme a lo determinado en la presente ejecutoria, llevará a cabo una audiencia de saneamiento, exclusivamente en relación con el tema relativo a la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de la persona que fungió como defensora del quejoso en la audiencia inicial, en la que incluso, oficiosamente deberá cuestionar al oficial de Sala respecto de que si la cédula profesional y los documentos que sirvieron para identificar a la profesionista fueron cotejados, siendo imperativo que quede registrado en la videograbación correspondiente el número de esa cédula, el número de registro ante el órgano judicial, y la forma en que se cerciora que pertenecen a la persona que intervino en el juicio, en términos de lo establecido a lo largo de esta ejecutoria. Audiencia, que de manera oficiosa deberá celebrar, en la que podrán desahogarse las pruebas que ofrezcan las partes (si es el caso), exclusivamente en relación con el tema relativo a la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional de la persona que fungió como defensora del quejoso. c) Dicte las medidas necesarias para verificar plenamente la calidad de licenciado en derecho con cédula profesional debidamente registrada ante la instancia correspondiente, de la persona que fungió como defensora del quejoso, lo cual podrá hacer, de manera enunciativa y no limitativa: requiriendo esa información a las partes, al aparato judicial, al órgano jurisdiccional de primera instancia, girando oficios a las dependencias de gobierno respectivas. A saber, la Dirección General de Profesiones, e incluso certificando la consulta en la base de datos públicas que se encuentran en las páginas de internet oficiales de esas instituciones; desde luego teniendo en cuenta que en la hipótesis de que la cédula profesional o la información obtenida no cuenten con fotografía que permita identificar a la persona a favor de la cual fue expedido el citado documento, también deberá instruir lo pertinente para clarificar plenamente esa correspondencia entre el individuo que compareció a la audiencia y la cédula profesional que autoriza el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, requiriendo al mismo sujeto mencionado u otros organismos, la credencial de elector para votar, el pasaporte o cualquier otro documento que le permita corroborar ese dato; en todo momento privilegiando la solución pronta y expedita del conflicto. Debiendo reflejarse oralmente el resultado de la investigación oficiosa que llevó a cabo, dando la posibilidad de ejercer el contradictorio, en términos de lo analizado a lo largo de esta ejecutoria. d) Determine si se vulneró o no, el derecho de defensa adecuada del imputado, en el entendido que de no advertirlo, deberá resolver sobre la situación jurídica del imputado con base en lo expuesto en la audiencia inicial ya desahogada, para lo cual deberá volver a notificar esa determinación al quejoso a efecto de que esté en posibilidad de impugnarla, y en caso de advertir que no se puede dar el saneamiento por la existencia de una violación al derecho de defensa del imputado, deberá llevar a cabo nuevamente la audiencia inicial, en la que deberá vigilar que el imputado cuente con una defensa adecuada. e) Una vez hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda. Concesión que se extiende al acto reclamado atribuido a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. (.)" Por auto de veintitrés de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria citada, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma, de la autoridad señalada como responsable. Mediante oficio., agregada en autos el tres de marzo del año en curso, el juez de control responsable, remitió un disco compacto certificado que contiene la videograbación de la audiencia de veinticinco de febrero del año en curso, relativa a la sentencia dictada en procedimiento abreviado, emitida en la carpeta judicial ., con número único de causa., así como copia certificada de la versión impresa de la misma. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como del disco compacto que aportó el juez responsable, se advierte lo siguiente: Que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, fue celebrada la audiencia relativa a la solicitud de procedimiento abreviado, en la cual, en lo que aquí interesa, se declaró al aquí quejoso penalmente responsable de la comisión hecho que la ley señalad como delito de robo específico a casa habitación, previsto y sancionado por el artículo 182 Ter, en relación con el 182 y 14 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de. , y le fue impuesta la pena y multa descritas en la misma; asimismo, al concluir la audiencia de mérito, las partes se conformaron con dicha determinación, dando como consecuencia que causara ejecutoria la sentencia emitida; ello, como se advierte de la siguiente impresión digital: Documental que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En cuanto al disco versátil digital también se le concede valor probatorio pleno en términos de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época con registro: 2004362 de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese orden de ideas, con motivo de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado solicitado en la causa judicial.., relativa a la carpeta de investigación con número único de causa., han quedado superados procesalmente, los actos señalados como reclamados, consistentes en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso, su ejecución, la calificación de la misma y el auto de vinculación dictado en su contra, por lo que la responsable, no está en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, precisamente para que llevara a cabo una audiencia de saneamiento con relación a la inicial de doce de enero de dos mil veinte, al haber quedado superadas con la sentencia condenatoria antes precisada, dictada en el procedimiento abreviado. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por el quejoso, en el sentido de que al haber sido uno de los efectos de la sentencia de amparo, dejar sin efectos el auto de vinculación dictado en su contra, no era posible que se emitiera una sentencia en el procedimiento abreviado, pues señala que al no encontrarse vinculado a proceso, no era posible que se emitiera una sentencia en su contra. Lo anterior, es inatendible. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en donde no existe valoración probatoria pues el acusado acepta su participación en la comisión del delito que se le atribuye y a que se dicte sentencia con los medios de convicción que obran en la carpeta de investigación. Que en ese sentido, la aceptación para ser sentenciado con los antecedentes recabados en la investigación, tal como han sido presentados por el Fiscal, constituye un pacto frente al cual el juzgador sólo tiene el deber de verificar que la aceptación sea libre, voluntaria e informada. Que el procedimiento abreviado excluye la posibilidad de que los datos de prueba sean valorados y de que éstos tengan eficacia probatoria, como sí lo tendrían para efectos de sentencia las pruebas desahogadas en el juicio oral, pues el fundamento de la sentencia en tal procedimiento es el acuerdo entre las partes, no así los datos de prueba mismos. De ahí que, si en lugar de ello el quejoso eligió de manera libre, voluntaria e informada ser sentenciado en un procedimiento abreviado, con esto ejerció una renuncia expresa para controvertir la calificación de la detención, así como que los medios de convicción derivados de ella sean sometidos al contradictorio en el juicio oral y a la consecuente valoración probatoria por parte del juzgador. Por lo que, además, si el aquí quejoso, a través del procedimiento abreviado llevado a cabo en la carpeta judicial de la que derivan los actos que en esta vía reclamó, aceptó totalmente los hechos materia de la acusación y, por tanto, renunció a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria, no puede desconocer ahora, los alcances de la aceptación que manifestó en la audiencia relativa. Por lo que, si como se vio en la audiencia de procedimiento abreviado, el quejoso manifestó haber entendido los alcances y beneficios del procedimiento abreviado, así como saberse informado de su derecho a un juicio oral, y pese a ello, renunció al mismo, consintiendo la aplicación del procedimiento abreviado, además de que aceptó su responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito materia de la acusación y a ser sentenciado con base en los medios de convicción expresados por la fiscalía, las manifestaciones que en esta vía expone, son inatendibles a fin de atacar la emisión de la sentencia condenatoria en procedimiento abreviado. Apoya lo anterior, el criterio 1a. XLIV/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 872, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, décima época, registro 2014102, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LA FORMA DE DETENCIÓN EN AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a las tesis aisladas 1a. CCX/2016 (10a.) y 1a. CCXII/2016 (10a.), (1) de rubros: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONSIDERACIONES QUE PUEDEN SER MATERIA DE CUESTIONAMIENTO CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL." y "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CONNOTACIÓN Y ALCANCES DEL PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE 'EXISTEN MEDIOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA CORROBORAR LA IMPUTACIÓN', PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", determinó que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en donde no existe valoración probatoria pues el acusado acepta su participación en la comisión del delito que se le atribuye y a que se dicte sentencia con los medios de convicción que obran en la carpeta de investigación. En ese sentido, la aceptación para ser sentenciado con los antecedentes recabados en la investigación, tal como han sido presentados por el Fiscal, constituye un pacto frente al cual el juzgador sólo tiene el deber de verificar que la aceptación sea libre, voluntaria e informada. Por ello, no pueden ser motivo de estudio en el juicio de amparo directo promovido por aquél, los planteamientos relativos a cuestionar su forma de detención, debido a que el procedimiento abreviado excluye la posibilidad de que los datos de prueba sean valorados y de que éstos tengan eficacia probatoria, como sí lo tendrían para efectos de sentencia las pruebas desahogadas en el juicio oral. El fundamento de la sentencia en tal procedimiento es el acuerdo entre las partes, no así los datos de prueba mismos, por lo que será la audiencia de control de detención el momento procesal oportuno para controvertir la legalidad de la detención y en caso de que tal determinación sea contraria a sus intereses acudir al recurso legal correspondiente, o bien, al juicio de amparo. De ahí que, si en lugar de ello el quejoso eligió de manera libre, voluntaria e informada ser sentenciado en un procedimiento abreviado, con esto ejerció una renuncia expresa para controvertir la calificación de la detención, así como que los medios de convicción derivados de ella sean sometidos al contradictorio en el juicio oral y a la consecuente valoración probatoria por parte del juzgador." Así como el criterio 1a. CCXI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 785, Libro 33, Abril de 2016, Tomo II, décima época, registro 2012315, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA ACEPTACIÓN TOTAL DEL IMPUTADO DE LA ACUSACIÓN, EN LOS TÉRMINOS EN QUE LA FORMULA LA FISCALÍA O EL MINISTERIO PÚBLICO, TIENE UNA CONSECUENCIA JURÍDICA TRASCENDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). En el procedimiento abreviado es el acusado quien, con la asistencia jurídica de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación y, por tanto, renuncia a tener un juicio oral en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria; esta circunstancia tiene una consecuencia jurídica trascendental en la apertura del procedimiento abreviado, porque en la posición en la que se coloca voluntariamente el acusado, debidamente asistido por un defensor licenciado en derecho, e informado sobre el alcance y las consecuencias jurídicas de aceptar la acusación en los términos en que la formulan la fiscalía o el Ministerio Público, excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ya no estará a debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado, mediante elementos de prueba, sino que las partes convienen en tener estos presupuestos como hechos probados a partir de los medios de convicción en los que se sustenta la acusación, con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia. En ese sentido, la aceptación de culpabilidad por el acusado en el procedimiento abreviado no es gratuita, sino que deriva de un juicio de ponderación de los elementos de defensa con los que se cuenta para hacer frente a la acusación. Entonces, ante un grado óptimo de probabilidad de que el juicio oral concluya con el dictado de una sentencia condenatoria, con la asesoría jurídica de su defensor, el acusado decide voluntariamente aceptar su participación en el delito, mediante la admisión de la acusación, así como los hechos en que ésta se sustenta, con la finalidad de que proceda el mecanismo anticipado de conclusión del proceso, a cambio de tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad. En este escenario procedimental, que parte de tener por admitidos los hechos materia de la acusación, no existe una etapa de presentación y desahogo de pruebas, pero lo que sí sucede, en términos de los artículos 421 y 422 del Código Procesal Penal del Estado de Durango, es que una vez que el juez acepta la apertura del procedimiento abreviado, mediante la aplicación de un test estricto de verificación de presupuestos, en la audiencia respectiva se le otorga la palabra al Ministerio Público para que exponga la acusación, además de mencionar las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentan, lo que implica que las partes prevén la posibilidad de conciliar en la aceptación de los hechos que sustentan la acusación, a partir de los medios de convicción que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no hayan obtenido el rango de prueba, por no haberse desahogado en juicio oral; sin embargo, se aceptan como elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación y es a través del acuerdo que tiene el acusador con el acusado, sobre la aceptación de los hechos materia de la imputación y del procedimiento abreviado, como se solicita que se dicte la sentencia respectiva." II. Archivo definitivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de marzo de dos mil veintiuno. I. Escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual, desahoga la vista otorgada en auto de tres de marzo del año en curso, respecto de la imposibilidad manifestada por el juez responsable para dar cumplimiento al fallo protector, lo que se tomará en consideración al momento de calificar el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de marzo de dos mil veintiuno. I. Informa imposibilidad para dar cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez responsable, mediante el cual informa que una imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, en virtud de que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se desahogó la audiencia en la que se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, la cual causó ejecutoria en la misma fecha, circunstancias que acredita al tenor de las documentales y disco compacto que contiene audio y video de la referida audiencia, que acompaña a su oficio. II. Informa. Por otra parte, agréguese a los autos el diverso oficio proveniente de la Dirección de la Policía de Investigación del Delito, mediante el cual informa en lo que a su esfera competencial corresponde, el cumplimiento al fallo protector. II. Vista a las partes. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido de los oficios de mérito y su anexo, a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se dictará la resolución la determinación que conforme a derecho corresponda, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personal a las partes.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto, y se registró bajo el amparo en revisión 167/2020. Lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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