Juan Martín Hidalgo Alfaro

Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
773/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Martín Hidalgo Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veinticuatro de junio del año en curso, en el que se sobreseyó, el juicio en que se actúa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º., se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto, el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral número 622/E/2018, de su índice. Al efecto se acuerda: Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que tornan sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral 622/E/2018. Por su parte, con las constancias que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que en proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, señaló las catorce horas del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación dentro de los autos del expediente laboral de referencia; evidenciándose con ello que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos. Lo anterior es así, pues si el acto reclamado lo constituía precisamente la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral 622/E/2018; y de acuerdo a lo antes narrado se evidenció que la autoridad responsable señaló fecha y hora para la citada audiencia de conciliación, queda entonces manifiesto que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, ya que con la emisión del proveído de doce de junio del año en curso, éste fue destruido en forma total e incondicional. Máxime que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se aprecia que la citada diligencia se llevó a cabo en la data y temporalidad fijadas. Por lo tanto, dicha situación se equipara a la restitución al peticionario de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con quince minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. SE PIDE CUMPLIMIENTO En consecuencia, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia, Jefe de Grupo y/o Encargado de la Comandancia de la Policía Especializada en Ocosingo, Jefe de Grupo y/o Encargado de la Comandancia de la Policía Especializada en Ocosingo, Zona Indígena, residentes en Ocosingo, Chiapas; Comandante Regional de la Policía Especializada de la Comandancia Regional Zona Indígena, Comandante Regional Zona Altos, residentes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Comandante Regional Zona Centro, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas; Comandante Regional Zona Selva y elementos a su mando, con residencia en Palenque, Chiapas; Director General de la Policía Especializada, Subdirector General de la Policía Especializada, Comandante Regional de Distrito Metropolitano, Encargado del Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión y Encargado del Grupo Táctico de Intervención y Unidad Canina, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo no mayor de tres días contados a partir de que sean notificados del presente proveído, se sirvan dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo, del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un Juez del orden penal. Lo anterior, sin perjuicio de proceder en términos del artículo 193, de la ley de la materia.

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