Juan Martin Angeles Hernandez

Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Martin Angeles Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se agrega oficio para efectos de control. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos solo para constancia el oficio de cuenta y anexo, que remite la presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual allega copia autógrafa de la audiencia celebrada el veintitrés de octubre del año en curso, en el contradictorio laboral de origen. Lo anterior, en virtud de que mediante proveído de treinta de octubre de la presente anualidad, se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Cúmplase.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que de la constancia que remitió la presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la cual se tuvo por recibida en proveído de nueve de octubre del año en curso (foja 29), se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión del Pleno de la Junta responsable en realizar las gestiones correspondientes a fin de que se designe perito tercero en discordia en materia de caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, en el expediente laboral 2869/2020/E1/CD/IND, de su índice, así como en señalar fecha para el desahogo de la prueba pericial en las aludidas materias; ahora, de la documental remitida por la autoridad responsable (fojas 27 y 28), se advierte que mediante comparecencia levantada el cinco de octubre de la presente anualidad, se tuvo a Jaqueline Martínez Cortés (quien fue designada perito tercera en discordia por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato), aceptando y protestando el cargo de experta tercera en discordia en caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, que le fue conferido en el contradictorio laboral de origen y, en consecuencia, señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada en dicho asunto; constancia a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con la cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión del Pleno de la Junta responsable en realizar las gestiones correspondientes a fin de que se designe perito tercero en discordia en materia de caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, en el expediente laboral 2869/2020/E1/CD/IND, de su índice, así como en señalar fecha para el desahogo de la prueba pericial en las aludidas materias; pues, mediante comparecencia levantada el cinco de este mismo mes y año, la Junta responsable tuvo a la perito tercera en discordia designada por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato, aceptando y protestando el cargo de experta tercera en discordia en caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, que le fue conferido en el contradictorio laboral de origen y, en consecuencia, señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada en dicho asunto. Se afirma lo anterior, pues si bien al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, -fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional- existía el acto reclamado, cierto es que dejó de existir el cinco de octubre del año en curso, dado que la referida Junta responsable tuvo a la perito tercera en discordia designada por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato, aceptando y protestando el cargo de experta tercera en discordia en caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, que le fue conferido en el contradictorio laboral de origen y, en consecuencia, señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada en dicho asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente de este Juzgado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública correspondiente al presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que de la constancia que remitió la presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la cual se tuvo por recibida en proveído de nueve de octubre del año en curso (foja 29), se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión del Pleno de la Junta responsable en realizar las gestiones correspondientes a fin de que se designe perito tercero en discordia en materia de caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, en el expediente laboral 2869/2020/E1/CD/IND, de su índice, así como en señalar fecha para el desahogo de la prueba pericial en las aludidas materias; ahora, de la documental remitida por la autoridad responsable (fojas 27 y 28), se advierte que mediante comparecencia levantada el cinco de octubre de la presente anualidad, se tuvo a Jaqueline Martínez Cortés (quien fue designada perito tercera en discordia por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato), aceptando y protestando el cargo de experta tercera en discordia en caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, que le fue conferido en el contradictorio laboral de origen y, en consecuencia, señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada en dicho asunto; constancia a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con la cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión del Pleno de la Junta responsable en realizar las gestiones correspondientes a fin de que se designe perito tercero en discordia en materia de caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, en el expediente laboral 2869/2020/E1/CD/IND, de su índice, así como en señalar fecha para el desahogo de la prueba pericial en las aludidas materias; pues, mediante comparecencia levantada el cinco de este mismo mes y año, la Junta responsable tuvo a la perito tercera en discordia designada por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato, aceptando y protestando el cargo de experta tercera en discordia en caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, que le fue conferido en el contradictorio laboral de origen y, en consecuencia, señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada en dicho asunto. Se afirma lo anterior, pues si bien al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, -fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional- existía el acto reclamado, cierto es que dejó de existir el cinco de octubre del año en curso, dado que la referida Junta responsable tuvo a la perito tercera en discordia designada por la Dirección General del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Guanajuato, aceptando y protestando el cargo de experta tercera en discordia en caligrafía, grafoscopía, grafología y documentoscopía, que le fue conferido en el contradictorio laboral de origen y, en consecuencia, señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada en dicho asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente de este Juzgado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública correspondiente al presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Autoridad informa y remite constancia. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite la presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual allega copia autógrafa de la diligencia de cinco de octubre pasado, de la que se advierte que la perito tercero en discordia Jaqueline Martínez Cortés, aceptó y protestó el cargo que le fue conferido dentro de la controversia laboral de la que emana el acto reclamado. De lo que se toma debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza, la documental que se anexa al oficio de cuenta, respecto de la cual hágase relación en la audiencia constitucional.

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