JUAN MARIO RODRIGUEZ WENCES y Otros.
Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUAN MARIO RODRIGUEZ WENCES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años contados a partir del dictado del presente acuerdo- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, por derecho propio, contra actos del agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia de la Primera Mesa de trámite con sede en Huauchinango, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 565/2022. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que tenga un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En los preceptos antes trascritos está previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma de los promoventes, o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su sustanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo presentada por Juan Mario Rodríguez Wences, carece de evidencia criptográfica conforme a la certificación secretarial de cuenta. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de Juan Mario Rodríguez Wences, para acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, con la evidencia criptográfica, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta al utilizar un medio electrónico se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, en atención a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada en reproducción digital. Se precisa que las promociones que carecen de firma, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se está avalando mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgador está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de dicho libelo. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tales condiciones, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa y electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido para quien provee, que la demanda de cuenta tenga la evidencia criptográfica de ***, en virtud de que es una persona diversa al directo quejoso, máxime que de la lectura integral del escrito de demanda *** adujo acudir a esta instancia por derecho propio, y no así por conducto de una diversa persona, no obstante que del proemio de la demanda que se provee se advierta que ésta haya sido autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que de la evidencia criptográfica del citado libelo se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signada no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, careciendo de validez tal designación ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve, por lo cual la existencia de esta no es suficiente para admitir a trámite el escrito inicial de demanda, pues como se dijo corresponde a una persona diferente al solicitante de amparo, y por ende, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación de la persona que se menciona en la demanda. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario -josemiguelquintana-. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, impriman la constancia que genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Se autoriza el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario - josemiguelquintana -. Por cuanto hace a su manifestación para que se le permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción digital de las constancias que integran el presente juicio, en virtud de que no existe disposición legal que prohíba el uso de éstos, autorizando para tal efecto a las personas que refiere en su ocurso de cuenta; quienes deberán identificarse a satisfacción de este Juzgado; para lo cual, deberán concertar cita en la "Agenda OJ" situada en la página web del Consejo de la Judicatura Federal, en el micrositio de Servicios Jurisdiccionales, atendiendo a las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus Covid-19. Se tiene autorizado a ***, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere por así haberlo solicitado. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado y prorrogado mediante Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, se destaca que a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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