Juan Mariano Valdez Godoy
Expediente 916/2012 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Mariano Valdez Godoy
- Almacenadora General S.A. Organización Auxiliar de Crédito
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el cuaderno de antecedentes en que se actúa se formó para prescribir a favor de la Tesorería de la Federación el billete número 371623 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C. por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos), toda vez que el expediente original se encuentra físicamente en el Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, de Apizaco, Tlaxcala, sin embargo, dicho trámite ya aconteció, puesto que el diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, se tuvo a la Tesorería acusando recibo de su recepción; por tanto resulta innecesario conservar el presente cuaderno en esta secretaría. En virtud de lo anterior, atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Joaquín de Jesús Mendoza Talavera Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Director para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual requiere a este órgano jurisdiccional para que proporcione la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, por lo que solicita se rinda informe respecto de los siguientes puntos: Verifique la existencia de la información. La clasificación de la información, en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La modalidad en que será entregada, tomando en consideración aquélla preferida por el solicitante, y de no ser procedente otorgarla en la modalidad requerida, indique el motivo de ello. En razón a lo anterior, debe decirse que en lo referente al punto 1) la información solicitada sí existe; por lo que ve al punto 2) se estima que la resolución requerida, en sí misma, no se considera información reservada, ya que no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. "Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. Sin embargo, por lo que ve al contenido inmerso en la resolución solicitada, debe decirse que sí es información confidencial, toda vez de que en ella se expresan datos personales de las partes; entendiéndose como tales, los previstos por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone: "Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales." Además, en términos del artículo 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicha información puede ser entregada a su solicitante, merced de que este Juzgado advierte que en la resolución solicitada; es decir, la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil trece, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, si fue recurrida y causó ejecutoria por ministerio de ley, con el testimonio de la resolución emitida el ocho de mayo de dos mil trece; asimismo, no obra en el expediente alguna oposición de las partes respecto de la publicación de sus datos personales. Se arriba a esta medida, en virtud de que este resolutor adopta el criterio sostenido por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al resolver en el recurso 2/2006, que en lo medular dice: ".es obligación del Poder Judicial de la Federación hacer públicas todas sus resoluciones, tanto sentencias definitivas como resoluciones intermedias, para lo cual deviene indefectible que se encuentren ejecutoriadas o hayan causado estado, según sea el caso." En ese contexto, cuando se solicite acceso a una sentencia definitiva dictada en un expediente del índice de un órgano jurisdiccional, éste debe verificar que se encuentre ejecutoriada, posteriormente debe analizar si obra en el expediente alguna oposición a la difusión de datos personales, a fin de determinar si la misma surte efectos, de ser así, se entregará al módulo que haya recibido la solicitud, una versión de la resolución en la cual se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, siempre y cuando no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Debe puntualizarse que aun cuando no exista oposición de las partes, si se advierte que en la sentencia existe información que tiene carácter confidencial o reservado, se entregará una versión impresa o electrónica, en términos similares a los señalados en el párrafo precedente." Por lo que respecta al punto 3), dígasele que la información solicitada (sentencia de dos de octubre de dos mil doce) será remitida en modalidad electrónica dado que este resolutor no advierte ningún impedimento legal o material para que por ese medio se proporcione dicha información. En virtud de lo antes expuesto, remítase mediante oficio al Director para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil trece, por correo electrónico; se solicita de la manera más atenta al oficiante que de no tener inconveniente legal alguno, acuse recibo de estilo correspondiente.
- Principal
A sus autos la copia certificada del oficio signado por el Director del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual, remite los juicios de amparo 746/2012 y 916/2012, en calidad de préstamo. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que obra en la caja de valores de este Juzgado el certificado de depósito número N371623, que ampara la cantidad de seis mil pesos ($6,000.00), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, exhibido por la parte quejosa para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional concedida en el incidente formado con motivo del juicio de amparo número 916/2012. Atento a lo anterior, en virtud de que ha transcurrido el término de dos años previsto en los artículos 36 y 45 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que la promovente del amparo haya solicitado la devolución del aludido certificado, no obstante estar en condiciones de hacerlo desde que transcurrieron los seis meses a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de ocho de mayo de dos mil trece, en que se ordenó el archivo del presente asunto; esto es, a partir del trece de noviembre de dos mil trece, por lo que con apoyo en los preceptos legales en cita y además en los artículos 38 y 48 de la Ley de referencia, se declara prescrito a favor del erario federal del mencionado certificado de depósito; con transcripción de este proveído, envíese dicho documento transferido al Tesorero de la Federación; solicítese que acuse recibo. Finalmente, en su oportunidad, devuélvase el presente expediente al Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Apizaco, Tlaxcala.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que aún obra en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito número N371623, que ampara la cantidad de seis mil pesos (6,000.00) exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional concedida en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 916/2012. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de amparo 916/2012, se encuentra físicamente en el Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Apizaco, Tlaxcala, lo que se constata a través del acta de expedientes remitidos a dicho Centro en data treinta de marzo de dos mil dieciséis, y a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente respecto al citado billete de depósito, solicítese al director de dicha institución para que a la brevedad posible remita a este juzgado federal el juicio de amparo en comento en calidad de préstamo, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Por lo anterior, fórmese cuadernillo provisional para glosar el presente acuerdo.
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