Juan Marcos Arroyo Tapia

Expediente 1300/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1300/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Marcos Arroyo Tapia
  • Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Hago constar que notifico la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, a los terceros interesados Licenciada Xóchitl Gabriela Malpica Rodríguez, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de Tlaltizapán, Morelos, que intervino en el toca penal 40/2015-18- 13-TP, René Bahena Ocampo, ofendido en la causa penal 87/2001-1 y la Asesora Jurídica Diana Lizette Román Calzadilla, que intervino en el toca penal 40/2015-18-13-TP; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, el estado procesal que guardan los autos y las constancias que obran en el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional advierte que en los presentes autos ha sobrevenido un motivo de improcedencia que reúne las características de notoriedad suficientes para que se dicte el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser este un motivo manifiesto e indudable; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Ahora bien, de las actuaciones se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la sentencia de veintitrés de junio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal ..., en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y la Asesora Jurídica adscrita al juzgado de origen, en contra de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil quince, pronunciada en la causa penal ... En consecuencia, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, la que se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, atento a lo dispuesto por los numerales 17 y 62 de dicha ley, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en el precepto 61 de la Ley de Amparo; luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir, el de quince días. Por otra parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, contiene las reglas generales de temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, cuyo cómputo depende de la forma en que la quejosa se haya impuesto de los actos reclamados: "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y en caso de no ejercer dicho derecho dentro de ese plazo, aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido; lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable, así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede desprenderse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, así como aquellos en que suspendan las labores de los órganos jurisdiccionales, determinados por el Consejo de la Judicatura Federal, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de ésta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando este se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en preceptos 17 y 18 de la Ley de la materia; luego el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días. De lo anteriormente narrado y en relación al informe que rindió la autoridad responsable se advierte, que la entonces Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ahora Sala del Circuito Único en Materia de Justicia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado con sede en la Ciudad de Jojutla, Morelos dictó una resolución de veintitrés de junio de dos mil quince, dictada dentro del toca penal 40/2015-18, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y la Asesora Jurídica adscrita al juzgado de origen, en contra de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil quince, pronunciada en la causa penal 87/2001-1, en la que determina lo siguiente: ".II.- la resolución materia de la alzada es del tenor literal siguiente: PRIMERO.- SE DECLARA PROCEDNETE EL PRESNETE INCIDENTE, promovido por el sentenciado JUAN MARCOS ARROYO TAPIA, esta causa penal, conforme a los razonamientos y fundamentos de derecho vertidos en esta resolución en consecuencia se declara LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DE EJECUTAR EL PAHO DE LA MULTA Y LA REPARACIÓN DE DAÑO.- SEGUNDO.- Hágase saber a las partes el derecho y termino que es de TRES DÍAS para apelar la presente resolución en caso de estar inconformes con su contenido y resultado.- TERCERO.- en consecuencia de lo anterior se ordena remitir copia de la presente resolución al director del centro de reinserción social "Morelos", para que le sirva de notificación en forma y para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE." La que fue instruida en contra de la parte quejosa como responsable de la comisión de delito de secuestro cometido en agravio de Rene Bahena Ocampo. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento bajo protesta de decir verdad como lo precisa en su demanda de amparo que fue el seis de agosto de dos mil quince. Ese sentido, se parte de la premisa de que tuvo conocimiento del acto de molestia el seis de agosto de dos mil quince, por lo que su término legal de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo transcurrió en exceso; en tales consideraciones, se entiende que a partir de ese momento y hasta el día en que interpuso la demanda de amparo, esto es, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ha transcurrido en exceso el término legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; entonces, es evidente que la demanda de amparo que se estudia, en cuanto al acto reclamado es notoriamente extemporánea. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con registro digital 163172, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda degarantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por tanto, al acreditarse que la presentación de la demanda fue extemporánea, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, se decreta el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de ese ordenamiento legal. Con base en lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada dentro de este juicio de amparo. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala del Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia con sede en Jojutla, Morelos, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene de remitir las constancias que le fueron requeridas a través de auto de seis de julio de dos mil veintitrés, por los siguientes motivos: Por tanto, se tienen por hechas las manifestaciones de la autoridad responsable respecto de la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a lo solicitado en autos, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista las piezas postales que anteceden, con número de oficios 18609-23 y 19023-23, registrados bajo el número de guía (RA028314619MX y RA028314826MX), respectivamente, las cuales fue imposible entregarlas por periodo vacacional. Atento a lo anterior, previa copia de las piezas antes referidas, devuélvanse a la Actuaria adscrita a este juzgado federal para que de nueva cuenta las envié a las autoridades que ahí se indican, con el fin de que las autoridades correspondientes den cumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día en que se actúa, toda vez que, no obran las constancias solicitadas en proveído de seis de julio del año en curso, al Magistrado Presidente de la Sala de Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia con sede en Jojutla, Morelos, así como el acuse de recibo del oficio 19023/2023, con el que fue requerido; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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