Juan Manuel Zuñiga Esquivel

Expediente 1791/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1791/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
29/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Zuñiga Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil diecisiete, por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En atención a lo anterior, mediante oficio, devuélvase a la autoridad responsable Juez de ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado (foja 30). En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1791/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Manuel Zúñiga Esquivel por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad siguientes: "III. La autoridad responsable Se señala a la jueza del juzgado de ejecución de sentencias del distrito judicial de Toluca estado de México maestra en administración de justicia THELMA GUZMÁN ROMERO IV. el acto reclamado Se hace consistir, en la resolución de fecha 9 de noviembre del 2016, relativa al recurso de reconsideración interpuesto por el hoy suscrito de fecha 31 de octubre del 2016, en contra del auto de fecha 24 de octubre del presente año." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los establecidos en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió su conocimiento, se registró con el número 1791/2016-III; previa aclaración, por auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete; se ordenó emplazar con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, México; y, se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Acontecido lo anterior, previos diferimientos la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por autoridad judicial del orden penal que afecta la libertad personal, la cual se ejecuta en el ámbito territorial en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: - La resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciséis pronunciada en el expediente de ejecución 131/2016, mediante la cual la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, México declara infundado el recurso de reconsideración hecho valer por el aquí quejoso Juan Manuel Zúñiga Esquivel. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, México (foja 30), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y, para sustentar la constitucionalidad del mismo exhibió copias certificadas del expediente de ejecución 131/2016 y el expediente criminológico del quejoso, a las cuales por ser documentos públicos, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por el suscrito, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de constitucionalidad de los conceptos de violación aducidos por el quejoso. Al no existir causa de improcedencia, se procede al estudio de los conceptos de violación que hace valer el amparista, a la luz de los motivos que expone en su líbelo, los que no se trascriben al no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164618, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, el quejoso aduce como concepto de violación esencialmente el siguiente: Que la responsable se niega a aplicar en su beneficio en forma retroactiva la reforma al artículo 106 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México de uno de abril de dos mil cuatro, la cual es más benéfica que la que se encontraba vigente al momento en que se verificaron los hechos el día siete de junio de dos mil tres. Al respecto, los conceptos de violación formulados por el peticionario de amparo, resultan infundados, por las consideraciones siguientes: El artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El precepto constitucional trascrito, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir situaciones jurídicas ya acaecidas. Interpretado en sentido contrario, el citado precepto otorga un derecho al individuo, consistente en que se le aplique de manera retroactiva una ley penal, cuando ello sea en su beneficio. Al establecer dicho artículo que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, limita las facultades señaladas, primordialmente, en cuanto a los perjuicios que se puedan provocar con la aplicación de una ley, a actos que tuvieron verificativo con anterioridad a su vigencia. Este principio, es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, pero, se presenta de una manera diversa cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse a actos que no se concretizan en un solo momento. Entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente en el momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el momento de concretarse) debe aplicarse al caso concreto en cuanto le beneficie. Ahora, el problema que se suscita en este juicio constitucional se refiere a la aplicación de una ley, en forma ultractiva en beneficio del procesado, cuando habiéndose realizado una conducta infractora, durante su procesamiento surge y fenece aquélla. La base fundamental de la prohibición que establece el párrafo primero, del artículo 14 constitucional, radica en que la regulación, por parte del Estado, de la actuación de los individuos, a través de las leyes y de su aplicación, debe dirigirse a los hechos ocurridos durante su vigencia y no aplicarse en perjuicio de persona alguna. Con base en este principio, debe considerarse que no existe la prohibición de la aplicación retroactiva de una norma que establece sanciones, cuando con ello se logra un beneficio a los individuos que habían observado conductas similares a las reguladas con una sanción menor y que, por la naturaleza compleja del acto de que se trata, es posible aplicar. Es decir, si la posición jurídica en que se encuentra un particular, en igualdad de circunstancias que otro, pero, en una etapa distinta de realización del mismo acto, le permite beneficiarse de una regulación nueva en materia de sanciones, debe entenderse que la aplicación de ésta no atenta contra los principios de seguridad jurídica que consagra el mencionado artículo 14 constitucional, pues, no se actualiza el perjuicio a que se refiere dicho precepto, como elemento de la prohibición. Por ello, la aplicación retroactiva en beneficio de los individuos debe entenderse derivada, tanto de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional, como de lo establecido en el artículo 1o. de la propia Constitución, ya que entre los principales fundamentos de nuestro sistema jurídico se encuentra el de la igualdad ante la ley, lo que necesariamente implica que los problemas de conflictos de leyes en el tiempo, cuando se trata de imposición de sanciones, deban resolverse de la manera que resulte más benéfica para los individuos, que son los que encomiendan el ejercicio del gobierno a las autoridades, de manera representativa. Así, la teoría de los derechos adquiridos, que ha sido rectora del criterio de interpretación de la irretroactividad de las normas, contempla sólo la posibilidad de que las nuevas leyes se apliquen cuando no existe un derecho adquirido bajo la vigencia de la ley anterior, que seguirá rigiéndose por las normas anteriores, a diferencia de las expectativas de derecho, que constituyen sólo la posibilidad de que se realice un hecho jurídico concreto. Es aplicable la tesis LXXXVIII/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 306, del Tomo XIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de dos mil uno, con número de registro 189448, que establece: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado." Así, la teoría de los derechos adquiridos, se distingue por los siguientes conceptos: 1. El de derecho adquirido, que lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico; y, 2. El de expectativa de derecho, el cual ha sido definido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. Por consiguiente, sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. De lo anterior se aprecia, que dicha teoría se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho, al establecer que no se puede afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado. Por ello, cuando un hecho delictivo, se comete durante la vigencia de una ley, produce consecuencias que se concretan cuando la norma que lo regula fue modificada con disposiciones que benefician al indiciado, estableciéndose, para la misma conducta ilícita, una sanción menor que la que establecía la ley anterior, pues, en ese supuesto debe seguirse el principio que hasta ahora, como excepción, rige en materia penal, relativo a aplicar la ley que resulte más benéfica para el particular, ya que esto resulta coherente con el sentido de la irretroactividad, consagrada en el artículo 14 constitucional, en tanto que, la intención del constituyente fue la de preservar a los individuos del perjuicio que pudiera causarles la aplicación de una ley nueva, no la de impedir que se beneficien con normas que castigan en menor grado la misma infracción. Es por ello que se estima que a las sanciones penales debe aplicarse retroactivamente a una norma que establezca un beneficio en relación con una infracción cometida con anterioridad a su vigencia. Por otro lado, si un individuo cometió un delito estando vigente una ley sustantiva o procesal, que le concedió determinados derechos, y durante el lapso de tiempo en que fue detenido, o durante el trámite del proceso se promulga una nueva ley que no los concede, no debe aplicarse la nueva ley, porque el interesado adquirió derechos al amparo de la vigencia de la ley anterior. Es aplicable al caso, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1655, del Tomo XXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 314677, que establece: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. El artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, debiendo entenderse que existe ese efecto retroactivo, cuando la ley vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos ya; de modo que si un individuo, al amparo de una ley de procedimientos, solicita un beneficio que la misma ley le concede, y durante la tramitación se promulga una nueva ley, que no contiene ese beneficio, esta nueva ley no debe aplicarse en el caso, porque el interesado ha adquirido derechos al amparo de la anterior, para que se resuelva su asunto en cuanto al fondo, sin que pueda alegarse que se trata de un acto de puro procedimiento, puesto que el interesado tiene el derecho de que se le otorgue el beneficio que la primera ley le concedía." Asimismo, tiene aplicación al caso concreto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1438, del Tomo XCIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 302648, que establece: "LEYES PENALES, APLICACIÓN DE LAS. El artículo 14 de la Constitución Política de la República contiene los siguientes mandamientos: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; nadie podrá ser privado de su libertad, sino mediante juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al caso. De estos mandamientos se desprende que todo acto criminal debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las prevenciones contenidas en la ley que rija en la fecha en que ese acto criminal se perpetró. Esta regla sólo sufre dos excepciones, autorizadas por el mismo artículo 14 constitucional, al establecer la irretroactividad de las leyes sólo para casos en que la aplicación retroactiva de la ley se haga en perjuicio de alguna persona, y señaladas por los artículos 56 y 57 del Código Penal del Distrito Federal, y esas dos excepciones son las siguientes: cuando con posterioridad a la comisión del delito, se promulga una ley que sanciona ese delito con pena menor, porque entonces, por equidad, se aplica esa última sanción; y, cuando con posterioridad se promulgue una ley, según la cual, el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, en cuyo caso se manda poner desde luego en libertad al procesado, porque sería ilógico que si el legislador, tiempo después, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputaba criminal, el poder público insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita." En tales condiciones, si la imposición de las sanciones penales tiene como finalidad mantener el orden público a través del castigo que, en mayor o menor grado dispone el Estado a quien incurre en una infracción, entonces la aplicación en forma retroactiva de las normas que beneficien al particular se apega a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, cuando se procura la mayor equidad en su aplicación, en atención a lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, también es necesario tener en cuenta que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente en el Distrito Judicial de Toluca, al momento en que se emitió la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, contiene una prohibición expresa para los casos de sentenciados por la comisión de los delitos de extorsión, robo con violencia, secuestro, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o agraven, violación, lesiones que se infieran a menores, incapaces o pupilos por quien ejerza la patria potestad, tutela o custodia o por algún integrante de su núcleo familiar, robo que ocasione la muerte, robo de vehículo automotor o robo a casa habitación para la obtención del tratamiento de prelibertad o concesión del algún beneficio. Luego, en la aplicación retroactiva de la ley penal, se tiene como condición que la norma posterior a la comisión del delito, siendo benévola, debe aplicarse al momento del dictado de la resolución correspondiente, sin embargo, la ley que surge y fenece dentro del proceso, denominada ley penal intermedia, aun cuando haya sido benéfica, no es factible aplicarse de manera ultractiva en beneficio del procesado al momento de dictar la resolución, cuenta habida que de acuerdo con el principio de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, la ley sustantiva penal sólo es aplicable durante su vigencia temporal. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Volumen XL, Segunda Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 261414, que establece: "LEY PENAL, APLICACIÓN DE LA, EN EL TIEMPO. Si los hechos imputados al reo se cometieron antes de que entrara en vigor el código cuya aplicación se pretende, y éste había dejado de tener vigencia al dictarse la sentencia de primer grado, es indudable que la referida ley penal tiene carácter de intermedia y aun admitiendo que estableciera penalidad inferior y por lo mismo beneficiosa al acusado, resulta indudable su inaplicación por no haber regido al cometerse los hechos ni al dictarse la sentencia respectiva." Ahora, en el caso en particular, de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado por el juez responsable relativas al expediente de ejecución 131/2016, se advierte, como ya se dijo, que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó la aplicación de algún beneficio al que pudiera tener derecho, con la finalidad de obtener su libertad de manera anticipada; solicitud que no se acordó favorable por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por lo que en su contra interpuso el recurso de reconsideración que dio origen al acto reclamado, el cual se declaró infundado en resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciséis. En tales condiciones, contrario a lo expuesto por el quejoso fue correcta la determinación del Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, México en el sentido de no aplicar al quejoso la reforma al artículo 106 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México de uno de abril de dos mil cuatro, en razón de que el mismo dejó de tener vigencia con motivo de la reforma que fue publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veintiuno de diciembre de dos mil cinco y que entró en vigor a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, esto es antes de que se solicitara la aplicación en su beneficio para la obtención de su libertad anticipada, incluso antes, de que se emitiera sentencia ejecutoriada en su contra; de ahí, que no pueda aplicarse ultractivamente en favor del aquí quejoso, aun cuando le sea favorable al quejoso, en la medida en que se estableció un beneficio mayor para la aplicación de un beneficio a su favor, a fin de obtener su libertad de forma anticipada. Se dice lo anterior, porque no es posible la aplicación ultractiva de dicha ley (en la medida en que se pretendió su aplicación con posterioridad al término de su vigencia), en razón de que cuando se cometió el delito no estaba vigente y cuando se dictó la resolución reclamada, incluso al momento en que quedó firme la sentencia emitida en la causa penal, la norma legal ya estaba derogada, lo que desde luego hace imposible, jurídicamente hablando, su aplicación, porque ésta es ley extinguida, fuera de vigor y, por ende, derogada, es incapaz de producir efectos de ultractividad, sin que deba de considerarse que el procesado adquirió a su favor un derecho, pues, la norma legal derogada tan solo constituyó una pretensión o esperanza, que se habría materializado en la sentencia reclamada de haber estado vigente, por lo que no acontecen las condiciones que rigen el principio de retroactividad en materia penal; de ahí, lo infundado de los conceptos de violación expresados por el quejoso. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 151, del Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil cuatro, con número de registro 181935, que establece: "LEY PENAL INTERMEDIA. NO PUEDE APLICARSE AL MOMENTO DE EMITIR LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO HAYA SIDO BENÉFICA. Si bien es cierto que en materia penal, la ley favorable que surge con posterioridad a la comisión de un delito debe aplicarse retroactivamente al momento en que se emita la sentencia definitiva, también lo es que la ley intermedia, que es la que surge durante la tramitación del proceso pero deja de tener vigencia antes de dictarse sentencia definitiva, no puede aplicarse ultractivamente en beneficio del procesado al dictarse ésta, aun cuando sea favorable, toda vez que de acuerdo con el principio de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la norma legal favorable sólo es aplicable durante su vigencia temporal. Ello es así, en razón de que cuando se cometió el delito la ley no estaba vigente y cuando se emitió sentencia ya estaba derogada, sin que deba considerarse que el procesado adquirió a su favor un derecho, pues aquella norma legal sólo constituyó una expectativa de derecho, la cual se habría materializado en la sentencia de haber estado vigente." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso y no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 constitucionales, 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Manuel Zuñiga Esquivel, en contra de la autoridad y por el acto precisado en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguense a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso Juan Manuel Zúñiga Esquivel, hace diversas manifestaciones en las que pide sea solicitado el expediente de ejecución 131/2016 al Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y solicita copias certificadas del informe justificado del Juez antes mencionado. Atento a lo anterior, en relación a las manifestaciones vertidas por el quejoso, dígasele que el expediente 131/2016 ya fue remitido por la autoridad responsable en copias certificadas y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, las copias simples que solicita, mismas que deberán ser entregadas por conducto del actuario de la adscripción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación precedente, de la cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las once horas con diez minutos de hoy, tal como se ordenó en proveído de doce de enero de dos mil diecisiete; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la ley de la materia para que las partes se imponga del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. En consecuencia para no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil diecisiete. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2008, Novena época, con número de registro 170291, que establece: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

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