Juan Manuel Zúniga Aldama

Expediente 1660/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 125 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1660/2016
Año
2016
Actuaciones
125
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Zúniga Aldama
  • Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
  • Juan Manuel Zúniga Aldama y Otros.
  • Montserrat Ivonne Pérez Cortes
  • Montserrat Ivonne Pérez Cortes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 125.

  1. Principal

    ***** Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado en que se encuentran los autos, se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para impugnar el pronunciamiento de veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió en exceso el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo dado por el Apoderado General en la Defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las aludidas autoridades responsables. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En este sentido, es necesario precisar que la sentencia causó ejecutoria mediante resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca número R.A. 353/2018, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida de quince de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por el juez del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1660/2016, promovido por Juan Manuel Zúñiga Aldama, Moserrat Ivonne Pérez Cortés y Paulina Jocelyn González Beltrán. SEGUNDO. La Justica de la Unión ampara y protege a Juan Manuel Zúñiga Aldama, Moserrat Ivonne Pérez Cortés y Paulina Jocelyn González Beltrán, en los términos y para los efectos expuestos en la sentencia recurrida." En este sentido, conviene precisar que los efectos de la concesión de la protección constitucional, son los siguientes: "En consecuencia, procede conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a los quejosos Juan Manuel Zúñiga Aldama, Monserrat Ivonne Pérez Cortés y Paulina Jocelyne González Beltrán, para el único efecto de que el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dentro del término de diez días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, ordene al Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que con motivo de la medida cautelar decretada en auto de once de octubre de dos mil dieciséis, pague a los quejosos Juan Manuel Zúñiga Aldama, Monserrat Ivonne Pérez Cortés y Paulina Jocelyne González Beltrán, el treinta por ciento del salario real correspondiente a los cargos en los que fueron suspendidos, hasta en tanto se dicten las resoluciones administrativas definitivas en los procedimientos administrativos de origen, en los que se determine su responsabilidad y se les destituya del cargo, en el entendido de que, si dictadas las resoluciones respectivas, los servidores públicos fueran exonerados de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejaron de recibir, descontando, por supuesto, la cantidad que sí se le cubrió por concepto del treinta por ciento de su salario real como ingreso subsistencial, y dentro del mismo plazo legal remita las constancias con las que demuestre el cumplimiento del fallo protector a este Juzgado Federal." Seguida la secuela procesal, mediante oficio recibido el once de julio de dos mil diecinueve, la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió copia certificada de los autos de doce de septiembre de dos mil dieciocho y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, a través de los cuales determinó, respectivamente, aclarar las resoluciones de dieciocho de julio de dos mil dieciocho y veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictadas en el expediente administrativo CHJ/0223/17-02, en razón de que en el resolutivo tercero de las mismas, se omitió ordenar la reintegración a los aquí quejosos Monserrat Ivonne Pérez Cortés, Paulina Jocelyne González Beltrán y Juan Manuel Zúñiga Aldama, de los salarios, prestaciones y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que hubieren dejado de percibir, así como ordenar su reincorporación en el empleo, cargo o comisión que venían desempeñando, en razón de que se decretó la ausencia de responsabilidad administrativa en su contra, al no obrar medios de prueba contundentes que permitieran responsabilizarlas administrativamente, por lo que, en los referidos autos de doce de septiembre de dos mil dieciocho y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se ordenó incorporar al citado expediente las aclaraciones de mérito para los efectos allí precisados. Asimismo, mediante oficio recibido en éste juzgado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Delegada del Director General de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realizó las manifestaciones siguientes: ? Que respecto el quejoso Juan Manuel Zúñiga Aldama, la Subdirectora de Recursos Humanos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, mediante memorándum SRH/DNyP/3150/10/2019, hizo del conocimiento la imposibilidad que tiene para realizar el pago, toda vez que jamás dejó de recibir sus percepciones, con motivo que se acató la suspensión definitiva concedida, para el efecto de que no fuera suspendido el pago de su salario y haberes; por lo que, no se le adeuda cantidad alguna por ninguno de los conceptos; en consecuencia, no es procedente cuantificarle las planillas de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, por los años dos mil dieciséis (2016), dos mil diecisiete (2017) y dos mil dieciocho (2018). ? Por lo que hace a las quejosas, Paulina Jocelyn González Beltrán y Montserrat Ivonne Pérez, informó que se encentraba realizando los trámites conducentes al pago efectuado en el fallo protector, por lo que, remite las planillas de cálculo de aguinaldo del año dos mil diecisiete (2017). Con dichas manifestaciones se dio vista a la parte quejosa el catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 965 a 966), la cual, desahogó el quejoso Juan Manuel Zúñiga Aldama por escrito recibido en éste juzgado el trece de noviembre del mismo año (fojas 963 a 964), en el sentido de que la autoridad responsable aun no le pagaba los conceptos de vales de despensa, vales de fin de año, vacaciones y prima vacacional de las anualidades de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y dos mil diecinueve, por lo que mediante acuerdo de catorce de noviembre siguiente, se le dio vista al Director General y al Subdirector de Recursos Humanos, ambos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Derivado de lo anterior, por oficio recibido en éste juzgado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la delegada del Director General y del Subdirector de Recursos Humanos, ambos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitieron el memorándum SRH/DNyP/3517/11/2019, del cual se observa lo siguiente: ... De las imágenes digitalizadas se observa que la autoridad responsable manifestó que el pago de los vales de fin de año del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, correspondientes al quejoso Juan Manuel Zúñiga Aldama, se realizaría durante el mes de diciembre de dos mil diecinueve; asimismo, que respecto del pago de la prima vacacional correspondiente al segundo periodo de dos mil diecinueve, sería cubierta en la segunda quincena de enero dos mil veinte. Además, mediante oficio recibido en éste juzgado federal el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable informó los pagos siguientes: De lo que se advierte que la autoridad responsable manifestó que adeudaba a las quejosas Paulina Jocelyn González Beltrán y Montserrat Ivonne Pérez, el aguinaldo de dos mil diecisiete. Seguido el procediendo, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio signado por el Apoderado General en la Defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió el original de la constancia de pago de veinte de noviembre de dos mil veinte, y copia del contra recibo de cuenta por liquidar certificado número ***, con la firma autógrafa de la quejosa ***, por medio de las cuales consta que se realizó el pago de la cantidad de ****, por concepto de aguinaldo; asimismo remitió el original de la constancia de pago de veinte de noviembre de dos mil veinte, y copia del contra recibo de cuenta por liquidar certificado número 100863, con la firma autógrafa de la quejosa ***, por medio de las cuales consta que se realizó el pago de la cantidad de ***, por concepto de aguinaldo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, y estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en razón de que la autoridad acreditó haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto. Lo anterior, en razón de que la autoridad acreditó que pagó a los aquí quejosos ****, los salarios, prestaciones y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que hubieren dejado de percibir, así como ordenó su reincorporación en el empleo, cargo o comisión que venían desempeñando, en razón de que se decretó la ausencia de responsabilidad administrativa en su contra; por lo que se concluye que la parte quejosa ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos violados. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Ténganse por recibidos los oficios signados por el apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y por el apoderado General en la Defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria mencionada, por medio de los cuales, en el primero de ellos informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en el segundo y tercero, realizan diversas manifestaciones con las que aducen haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a sus autos para que obren como correspondan, tomando conocimiento de sus contenidos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de los oficios de cuenta con números de correspondencia 14299 y 142300 con sus anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa . Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado por Apoderado General para la defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual comunica las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al requerimiento formulado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.

Quedan 121 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano