Juan Manuel Xochicale Martínez

Expediente 981/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
981/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Juan Manuel Xochicale Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. De igual forma, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. ...

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al quejoso Juan Manuel Xochicale Martínez, mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, a fin de que desahogara la prevención hecha en el mismo, sin que la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito, en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tienen como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo se me haga saber el conocimiento de la probable que querella q existe (sic) o puede existir en mi contra" Vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve Juan Manuel Xochicale Martínez, por propio derecho en contra de actos de la Agente del Ministerio Público Adscrito al Distrito de Zacatelco, Tlaxcala, Dependiente de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, en relación al acto consistente en la omisión de hacerle saber al quejoso de la probable querella que existe en su contra, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta el promovente, deriva del hecho de la omisión de hacerle saber al quejoso de la probable querella que existe en su contra, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: ... De la anterior transcripción se desprende que, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, operará si el quejoso no acredita una afectación a sus intereses jurídicos, o bien, legítimos. Ahora, en relación con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente dicha causa de improcedencia, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de garantías requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo o económico. La segunda hipótesis de procedencia, es decir, la afectación a los intereses legítimos del particular, no ha sido materia de gran desarrollo jurisprudencial a propósito del juicio de amparo ya que su incorporación es novedosa; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se ha pronunciado en torno a los contornos de esta institución jurídica referidos al juicio contencioso administrativo, argumentos que son útiles para entender el alcance que debe dársele. Así, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. Que la potencial anulación del acto de autoridad, produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública estatal, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. Ahora, respecto del acto consistente en la omisión de hacerle saber al quejoso de la probable querella que existe en su contra, debe decirse que la averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cual será el resultado de la indagatoria; de ahí que sea factible concluir que su trámite y consignación no propicia afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sostener un criterio diverso ocasionaría una afectación a los intereses de la comunidad, pues la investigación de los delitos podría paralizarse en cualquier momento, bastando para tal efecto que se promoviera el juicio de amparo, situación que provocaría un grave perjuicio social, además de trastocar la función del juicio de amparo, que radica en reparar la violación a los derechos fundamentales, y no en entorpecer el actuar de las autoridades. De ahí que, el hecho de que el agente del Ministerio Público responsable integre la averiguación previa, o investigue actos que pudieran ser constitutivos de algún delito, no implica que con ello se causen daños o perjuicios a la parte promovente en dicha fase procedimental, pues tal perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o, en su caso, presentación; por tanto, una vez que el juez penal que se avoque al estudio de la consignación determine, de estimarlo procedente, dictar la orden de aprehensión o presentación, será el momento en que la parte promovente se verá afectada en su libertad y no así al presentarse la consignación. ... ... Lo anterior es así, pues si bien en las jurisprudencias transcritas se sustentó, grosso modo, que no es necesario que el interés legítimo o el jurídico esté plenamente probado al presentarse la demanda y que, la falta de dicho interés no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que hacen referencia a los casos en que no se tenga la plena certeza que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del amparista, donde el interés jurídico puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, porque el motivo de improcedencia no sea claro y evidente, sino que es susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal, esto es, se refiere a los casos en que no se han aportado los medios de prueba suficientes para acreditar la afectación, pero que existe la posibilidad de que esto se realice durante el procedimiento. Sin embargo, resulta claro y evidente que en el caso no existe posibilidad de que la parte quejosa, en el curso del procedimiento, acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos por el acto reclamado, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el curso del procedimiento y, por ende, no hay lugar a dudas de que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería la improcedencia del juicio de amparo. ... En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada Ley, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de hacerle saber al quejoso de la probable querella que existe en su contra.

  3. Principal

    Agréguense los oficios signados por el Presidente y Actuario ambos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por las referidas autoridades consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente paraprocesal ********************de su índice, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Con el contenido de los informes de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

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